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Trump llegó a amenazar de muerte a funcionarios para que manipularan las elecciones

***Los funcionarios que se negaban a plegarse al plan de Trump recibían insultos, protestas en sus casas y llamadas amenazantes durante todo el día y la noche.

La cuarta audiencia del Comité del 6 de Enero dejó bien claro que el ex presidente norteamericano Donald Trump, apoyado por sus abogados de cabecera Rudy Giuliani y John Eastman, profirió insultos, protestas en domicilios privados, llamadas intimidatorias a teléfonos personales e incluso amenazas de muerte para presionar a varios altos cargos para que alteraran los resultados de las elecciones presidenciales de 2020 entre ellos el ex vicepresidente Mike Pence y a legisladores de estados clave como Georgia o Arizona.

Para Rusty Bowers y su familia, los fines de semana nunca volverán a ser como antes. «El nuevo patrón en nuestras vidas es preocuparnos por lo que sucederá los sábados, cuando vienen varios grupos cercanos a Trump a nuestra casa”.

En un emotivo testimonio -el primero de la audiencia del martes- el presidente republicano de la cámara estatal de Arizona, reconocía que su negativa a plegarse a los deseos del expresidente de revocar los resultados electorales en el estado de Arizona ha marcado un antes y un después en su vida personal y profesional.

Durante su intervención ante la comisión de investigación del Congreso, Bowers recordó cómo varios de los manifestantes que se congregaron a la salida de su vivienda familiar durante varios fines de semana «tenían camiones con pantallas gigantes con videos míos, acusándome de pedófilo, de pervertido y de ser un político corrupto». Esas calumnias le han costado varias amistades al político republicano, quien reconocía públicamente que «es doloroso ver cómo amigos que han sido de tanta ayuda, se han vuelto en mi contra con tanto rencor».

La situación de inseguridad y estrés para la familia Bowers llegó a su punto álgido un domingo cuando, al volver de la iglesia, se encontraron con que entre los manifestantes congregados delante de su casa, había un hombre armado que parecía estar asociado con el grupo militante de extrema derecha ‘Three Percenters’. «Tenía tres barras en el pecho, portaba una pistola y estaba amenazando a mi vecino», denunció Bowers.

Wandrea «Shaye» Moss, ex trabajadora electoral de Georgia, dio cuenta bajo juramento de las amenazas «odiosas» y «racistas» que recibió a través de Facebook después de que Trump y Giuliani alegaran que ella y su madre fueron vistas en un video pasándose un USB que habría contribuido al supuesto robo electoral de Joe Biden. Más tarde, se pudo comprobar lo que la propia Moss aseguró durante su testimonio, que el USB no era más que un caramelo de jengibre.

«He recibido muchas amenazas deseándome la muerte. Diciéndome que acabaré en la cárcel con mi madre y diciendo cosas como ‘alégrate de que sea 2020 y no 1920′», resumió Moss. A continuación, el comité reprodujo el testimonio grabado de la madre Moss, Ruby Freeman, también conocida por su alter ego empresarial, ‘Lady Ruby’.

«Perdí mi sentido de seguridad porque un grupo de personas que comenzaron con el presidente número 45 y su aliado, Rudy Giuliani, decidieron convertirnos a mi hija Shaye y a mí en chivos expiatorios para impulsar sus propias mentiras sobre cómo se robaron las elecciones presidenciales», arrancó Freeman. La antigua observadora electoral pasó a relatar cómo una llamada del FBI a finales de 2020 cambió su vida para siempre.

«No me puedo creer que esta persona (Trump) nos haya causado tanto daño a mí y a mi familia. Que haya tenido que abandonar mi casa, esconderme». El FBI informó a la madre de Moss de que lo mejor era que «desapareciera una temporada, al menos hasta después de la inauguración» para evitar que los extremistas que la habían estado amenazando desde noviembre atentaran contra su integridad física.

«Ya no hay ningún lugar en el que me sienta segura. En ningún sitio. No pueden imaginarse lo que se siente cuando el presidente de Estados Unidos (EEUU) te señala con el dedo. Se supone que el presidente de EEUU representa a todos los estadounidenses, que no les ataca. Pero me atacó a mí, ‘Lady Ruby’, propietaria de una pequeña empresa, madre, una ciudadana estadounidense orgullosa, que se ofreció para ayudar al condado de Fulton a llevar a cabo unas elecciones en plena pandemia».

Lamentablemente, el caso de Moss y Freeman amenaza con convertirse en algo habitual, tal y como revela una reciente investigación de Reuters en la que se recogen más de 850 amenazas y mensajes hostiles a funcionarios y trabajadores electorales estadounidenses. Según varios expertos en derecho consultados por Reuters, al menos un centenar de esas amenazas podrían ser consideradas ofensas penales en cortes federales.

En la mayoría de los casos, los seguidores de Trump se hicieron eco de las afirmaciones infundadas del expresidente sobre el supuesto fraude electoral que le costó su salida de la Casa Blanca. Esta política sistemática de acoso y derribo se ha cebado en decenas de funcionarios electos locales, en su mayoría republicanos, incluido un legislador en Michigan cuyo número de teléfono celular personal fue tuiteado por Trump a sus millones de seguidores y otro en Pensilvania que tuvo que desconectar la línea telefónica de la casa de la familia en la que recibía llamadas a todas horas de la noche.

Trump estaba decidido a cambiar el resultado de las elecciones. Costase lo que costase, de acuerdo a los relatos escalofriantes que protagonizaron la audiencia del martes. Mike Pence, exvicepresidente y número dos de la candidatura presidencial republicana de 2020, tampoco se libró de los tejemanejes de su jefe. El expresidente trató de presionarle para que se uniera a su plan para anular las elecciones, algo a lo que Pence se negó en rotundo, poniendo su vida en peligro y convirtiéndose en la diana móvil de los asaltantes del Capitolio.

Cuando quedó claro que los intentos de Trump de forzar a su vicepresidente a anular las elecciones no irían a ningún lado, el expresidente decidió centrar sus esfuerzos en convencer -por las buenas o por las malas- al «puñado de funcionarios electorales en varios estados clave que se interpusieron” en su camino, según Bennie Thompson, presidente de la comisión del Congreso.

Uno de ellos fue el director de operaciones de la oficina del Secretario de Estado de Georgia, Gabriel Sterling. “Me informaron de que uno de nuestros trabajadores había estado recibiendo amenazas por un video que habían publicado algunos seguidores de QAnon”, detalló el director de operaciones de la oficina del Secretario de Estado de Georgia.

Preocupado por el cariz que estaban tomando los acontecimientos, se dirigió a Twitter, donde puso la siguiente amenaza dirigida a su empleado, acompañada de un ‘gif’ de una soga retorciéndose lentamente: «‘Cometiste traición. Que Dios tenga piedad de tu alma”. Lo explícito de la advertencia motivó a Sterling a organizar una rueda de prensa en diciembre de 2020 en la que dijo que Trump probablemente «perdió» su estado y advirtió que las falsas afirmaciones de fraude electoral de Trump harían que alguien acabara recibiendo un disparo.

Tras escuchar a Sterling, el comité del 6 de enero retransmitió imágenes del entonces fiscal general William Barr y el fiscal general adjunto interino Richard Donoghue negando cualquier «mérito» a las continuas acusaciones de fraude electoral de Trump en Georgia. Junto con altos funcionarios del Departamento de Justicia, Donoghue le dijo explícitamente a Trump que esta era una acusación falsa. “No señor, no hay maleta. Puede ver ese video una y otra vez; no hay maleta. Hay un contenedor con ruedas donde llevan las papeletas, y así es como las mueven alrededor de esa instalación; no hay nada sospechoso en eso.”

Pero Trump no quiso atenerse a razones y continuó con su estrategia, apoyado por sus abogados de cabecera. Josh Roselman, letrado e investigador del comité del 6 de enero, describió cómo varios miembros del círculo del llamaban incesantemente a los funcionarios estatales, siguiendo las directrices de Giuliani y Eastman.

El comité reprodujo extractos de una llamada telefónica del 2 de enero de 2021 obtenida por CNN en la que se escucha al secretario de Estado de Georgia, Brad Raffensperger, y a Donald Trump mantener una conversación. El expresidente instó a Raffensperger a “encontrar” votos para revocar las elecciones, a lo que Raffensperger se negó, alegando que los resultados de las elecciones de Georgia fueron precisos. Poco después, Raffensperger y su mujer empezaron a recibir amenazas de muerte.

Diciembre trajo un cambio de táctica por parte de Trump, Giuliani y Eastman. Empezaron a enviar mensajes, a veces a diario, a los legisladores estatales republicanos en los que les pedían que rebatieran los resultados de las elecciones e instándolos a dar sus votos electorales a Trump.

“Publicaron varios mensajes en Facebook, filtrando los datos de contacto de los funcionarios estatales e instando a sus partidarios a contactarlos para ‘exigir un voto sobre la descertificación’. En una de esas publicaciones, el presidente Trump reveló el número de teléfono personal del senador estatal de Michigan Mike Shirky a sus millones de seguidores”, añadió Roselman.

«Todo lo que recuerdo es recibir más de 4.000 mensajes de texto en un corto período de tiempo llamándome a tomar medidas… Estaban creyendo cosas que no eran ciertas», recordó Shirky. En una situación similar se vio Bryan Cutler, destacado legislador del estado de Pensilvania, quien explicó que Giuliani intentó comunicarse con él repetidamente mientras el asesor político de Trump Steve Bannon, le presionaba a base de anunciar protestas en su oficina y en su domicilio particular.

«Toda mi información personal se hizo pública en Internet: mi correo electrónico personal, mi teléfono móvil personal, el número de teléfono de mi casa… De hecho, tuvimos que desconectar el teléfono de nuestra casa durante unos tres días porque sonaba a todas horas, incluso durante la noche.”

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