Guerra en Apure

Por César Pérez Vivas

          Los acontecimientos del pasado domingo 21 de marzo y días subsiguientes en la población de La Victoria, Municipio Páez del estado Apure, son resultado de la política hegemónica, guerrerista  y antidemocrática diseñada por Hugo Chávez, ahora continuada por Maduro.

          Con la asesoría de la dictadura cubana se propusieron perpetuarse en el poder. Para someter de forma progresiva a la población, planificaron y llevaron a cabo una alianza con grupos delictivos formales e informales. A cambio de impunidad para sus actividades delictivas, la cúpula roja les asignó la tarea de primer anillo de choque contra la población civil.

          La perversa obsesión de tomar el poder “para siempre” los ha llevado a desarrollar estrategias diversas de control armado de la población. Desde la desnaturalización y partidización de la Fuerza Armada, bajo supervisión cubana, para convertirla en un partido político en armas, hasta la organización de grupos armados de civiles, bajo el nombre de colectivos, o el abierto respaldo a la guerrilla colombiana de la FARC y el ELN, para que actúen como retaguardia armada en la frontera occidental, han asignado espacios geográficos y tareas específicas de “defensa” a todos esos núcleos armados.

          El actual caso del Alto Apure se convierte en una nueva prueba de la connivencia y solidaridad con la guerrilla, que les ha permitido convertir nuestro territorio en su   santuario. Esa alianza la inició Hugo Chávez. Los hechos son tan diversos, que la naturaleza de este artículo no me permite citarlos todos. No obstante es conveniente recordar sus palabras, pronunciadas el 11 de enero de 2008, ofreciéndoles un abierto respaldo político, que solo era la fachada de todo un variado y significativo apoyo material y militar. En efecto, Chávez expresó: las FARC y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) “no son ningún cuerpo terrorista, son verdaderos ejércitos que ocupan espacio en Colombia, hay que darles reconocimiento”, ya que “son fuerzas insurgentes que tienen un proyecto político, un proyecto bolivariano, que aquí es respetado”. Allí se hizo pública la nueva política de guerra contra Colombia y contra nuestros ciudadanos, lanzada por el extinto comandante.

Antiguos cuadros de la guerrilla más antigua del continente, disuelta a raíz de los acuerdos de Paz en Colombia, en parte se han estado reagrupando en nuestro territorio, ahora apoyados de forma directa por el mismísimo Nicolás Maduro.

          No en vano el ilegítimo jefe del gobierno expresó el 29 de Julio de 2019, en el evento de clausura del XXV Foro de Sao Pablo, realizado en la sede del Palacio de Miraflores, lo siguiente: “Iván Márquez y Jesús Santrich son bienvenidos a Venezuela y al foro de Sao Pablo cuando quieran venir. Son los dos, líderes de paz. Y Timochenco y Catatumbo y las FARC son bienvenidas a Venezuela cuando quieran venir, porque son líderes de paz. Claro que sí. Piedad Córdoba diles de mi parte: Bienvenidos a Venezuela. Cuando quieran”.

          Ahí tenemos a los “líderes de paz” derramando sangre inocente en nuestro país. Llenados de muerte y destrucción están humildes asentamientos humanos; todo porque en su propio seno se ha desatado una confrontación por el control de nuestro territorio.

          Maduro y su cúpula militar, antes que proceder a expulsarlos a todos, toma partido por el bando de Márquez y Santrich, convirtiendo al suroeste venezolano en teatro de operaciones militares. Hemos visto el ataque lanzando con material de alto poder destructivo a instalaciones públicas, con el silencio de quienes no deberían permitirlo.  

          Luego, el gobierno socialista de Maduro, para justificar internamente su complicidad con esos grupos, lanza una ofensiva contra la población campesina, que ante el abuso de los cuerpos militares y policiales se ven obligados a huir hacia el territorio colombiano.

          Esta guerra en el Alto Apure es otro episodio de lo que recientemente mi amigo, el historiador y escritor alemán Dr. Georg Eickhoff, definió como “la guerra del gobierno contra su población”, una especie de “guerra hibrida” con la que instauran el terror y reducen la población que huye despavorida para de esa forma lograr un mejor control sobre el territorio.

          La táctica en esta “guerra contra la población” ha sido la de entregar zonas del país a grupos delictivos de diversa naturaleza movidos por la tesis de contar con un “ejército popular”, para diferenciarlo del ejército regular, cada día más partidizado e ideologizado, más controlado por el espionaje, y más reducido en su capacidad operativa. En la mente de la camarilla roja es ese ejército popular la más sólida garantía de su permanencia en el poder

          Es la tesis de sostenerse en él con el control de las armas informales y tener un plan B, de supuesta defensa, en caso de surgir alguna situación irregular en los cuadros formales de su aparato de seguridad.

          En efecto, el país está en manos de grupos delictivos que dominan espacios territoriales, en los cuales la Fuerza Armada tiene prohibido incursionar. Maduro les garantiza su dominio.

          Esa asignación de territorio la hemos apreciado en el área metropolitana de Caracas con los llamados colectivos, que no son otra cosa que bandas armadas distribuidas fundamentalmente en el centro de la ciudad y barriadas populosas para garantizar un escudo protector a los centros del poder.

          Se ha fomentado la invasión de edificios en los alrededores de la Plaza Bolívar de Caracas para instalar allí las referidas bandas armadas, que son movilizadas cada vez que hay manifestaciones protestando o exigiendo reivindicaciones al gobierno en el área. No envían  a la policía o a la Guardia  Nacional. La tarea de disolución de esas manifestaciones pacíficas las tienen los colectivos, dirigidos por pranes provenientes de diversas cárceles del país.

          Lo mismo ocurre en importantes barrios. El tema se les complica cuando estos “líderes de paz” como Maduro los llama, convierten las también llamadas eufemísticamente “zonas de paz” en teatro de confrontación con otras bandas, o con el mismo gobierno. Ejemplo de esos líderes de paz ejerciendo el control en las llamadas “zona de paz” son Wilexis Alexander Acevedo, “Wilexi” en Petare, y Carlos Revette, mejor conocido como el Coquí, en la Cota 905. A ambos personajes se les dotó de armamento de alta potencia. Ahora los personajes son dueños de esas barriadas y no hay policía, ni ejército dispuesto o autorizado para someterlos.

          El fenómeno se repite en Guayana. Las áreas mineras son verdaderos territorios liberados, donde los grupos en armas controlan la extracción ilegal de oro y coltán, con el compromiso de hacer llegar una parte del botín a los jerarcas del régimen.

          La frontera sur occidental del país está tomada por diversos grupos armados. Fundamentalmente el ELN y las FARC, además de grupos locales como los boliches, que a base de fusil y pistola controlan un territorio abandonado por la Fuerza Armada, en cumplimiento de  órdenes superiores.

          Esa guerra del Alto Apure es la misma que sufren los habitantes del Paraíso o La Cota 905 de Caracas, o los vecinos de los barrios de Petare.

          Es la renuncia al ejercicio de la autoridad legal para disponer de grupos armados con los cuales someter, a sangre y fuego, a una población civil que cada día sufre más la tragedia humanitaria generada por el desgobierno.

          Este cuadro ya documentado, en parte, por los informes de la ONU sobre las violaciones de los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad, hacen necesario una acción más decidida de la comunidad internacional para parar la guerra de la cúpula roja contra nuestra población.

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