Hablando de sanciones

Por FERNANDO LUIS EGAÑA

Una cosa son las sanciones específicas que Estados extranjeros e instancias internacionales han adoptado en relación con el poder establecido en Venezuela, y otra son el sistema general de sanciones que ese poder establecido le aplica al pueblo venezolano.

En el primer caso, la hegemonía propagandea que dichas sanciones son las causantes de la catástrofe nacional, lo cual es un imposible lógico porque esa catástrofe humanitaria es anterior a esas sanciones. Luego no pueden ser su causa sino, en todo caso, su consecuencia.

La eficacia de las mismas como mecanismo de presión es relativa, no sólo por la globalización y los grandes polos de poder económico que mantienen una relación estrecha con la hegemonía venezolana, depredando aún más los recursos nacionales, sino porque la presión internacional sin presión nacional, es decir sin una contrapartida de beligerancia interna, no puede tener la misma fuerza.

La demagogia de variados sectores “opositores” al respecto, no debería pasar inadvertida, porque la hegemonía se vale de ella para complementar su propaganda de víctima.

Y resulta que la hegemonía no es víctima sino victimaria de la población venezolana. En lo político, económico y social. Una hegemonía despótica, depredadora y corrupta es un verdugo para la nación que sojuzga. Y esto es lo principal, lo más importante, el fundamento de la tragedia venezolana.

Las sanciones que oprimen, depauperan y pretenden someter a nuestra patria, son las que se imponen desde Caracas con la tutela de La Habana. Quien no lo aprecie así, está colaborando con el continuismo, tanto por ingenuidad como por complicidad.

La reconstrucción de Venezuela pasa por sustituir sanciones por apoyos, sin perjuicio de las responsabilidades delictivas que deben procesarse conforme a la ley, tratando de recuperar los activos de la monumental corrupción, y aplicando la justicia a los culpables.

Y para levantar las sanciones establecidas por la hegemonía, hay que abrirle paso a la democracia, tal y como lo exige la Constitución formalmente vigente.

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