La relatora que esconde el fracaso de la dictadura de Maduro.

          Por WILLIAMS DÁVILA

Es inconcebible que Alena Douhan, la relatora de la Naciones Unidas para evaluar el impacto en la población venezolana de las medidas restrictivas unilaterales como llama la ONU a las sanciones, saqué un informe que adolece de objetividad y que prácticamente excusa al régimen de cometer crímenes de lesa humanidad.

Esto contradice los informes de la Alta Comisionada de los derechos humanos, Michael Bachelet, y la Misión de determinación de los hechos y violaciones de los derechos humanos de la ONU.

La economía venezolana ha vivido varías bonanzas petroleras 2004-2008; 2011-2012, y pese a esas bonanzas y a tener altísimas reservas líquidas, la economía no crecía persistentemente porque los ingresos petroleros se utilizaron para alimentar un sistema populista enmarcado dentro de un régimen cerrado con sistemáticas violaciones de los derechos humanos. Y esa realidad económica ocurría antes de las sanciones.

El régimen entendió que el 55% del PIB es generado por el sector privado, casi un 40%  por el sector estatal, y el resto por la llamada “economía social”.

El Estado en vez de aprovechar ese potencial del sector privado lo destrozó en aras de un discurso populista de saciar el gasto público sobre la base de expropiaciones y confiscaciones. Esa era su mina para saciarse.

No olvidemos aquella decisión improvisada de redirigir los bienes de consumo a los establecimientos públicos, con 7.245 puntos de venta, quitándosela a los privados que tienen 11.3859 puntos de venta. Era una medida desastrosa porque solo el 14.2% del pueblo compra en los puntos públicos. Un cambio de decisión que tomaron en cuatro días, lo cual revelaba la elevada improvisación de las medidas socialistas que ya estaba tomando el régimen.

Y esa característica no cambió; se presentó el desabastecimiento y la escasez debido a que el sector productivo privado está afectado por el acoso permanente del régimen que le impone controles desproporcionados de todo tipo; las empresas estatales ineficientes y la caída de los ingresos petroleros generaban escasez de divisas para importar.

Y todo esto ocurría antes de las sanciones.

Un billón de dólares por concepto de ingresos petroleros robados, depositados  en el mundo entero de forma corrupta. La pobreza creciendo, la hiperinflación desbordada, el dólar inalcanzable,  la salud deteriorándose y el flagelo del narcotrafico  invadiendo las altas esferas militares y civiles de la estructura de sustentación del régimen. Todo lo antes dicho ocurría antes de las sanciones.

La relatora lo menos que ha debido analizar son  los hechos que habían suscitado la realidad que vino a relatar.

20 años de dictadura son más que suficientes para que la relatora se hubiera interesado en leer las razones de las protestas sociales que terminaban en muertos, heridos y cárceles cometidos e impulsados por el régimen de Chávez y de Maduro contra los sectores sociales que estaban siendo afectados por la política oscurantista y antipopular de Maduro después del 2013,  cuando asume el poder en Venezuela.

Las sanciones se aplicaron contra los violadores de los derechos humanos, contra los narcotraficantes o altos funcionarios que permiten el tráfico y distribución de drogas hacía otros países.

Las sanciones no son contra la nación. Son contra una casta de privilegiados que colocaron dinero de la corrupción y del tráfico de drogas en el exterior para traerlos ahora, tal cual lavandería de lujo para saciar sus apetitos degradantes en detrimento del sufrimiento de la gente honesta y trabajadora de Venezuela.

Ahora más que nunca deben invitar y permitir el ingreso del Relator especial sobre la cuestión de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes; de la Relatora especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión, de la relatora especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias, arbitrarias, de la Relatora sobre el derecho a la libertad de reunión y de asociación pacífica, el Grupo de trabajo sobre la detención arbitraria así como de las relatarías todas de las Naciones Unidas.

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