Validez de la decisión de la Corte Internacional de Justicia

***Si como en manos de Francisco de Miranda se perdió la Primera República, la V República será responsable si se pierde la Guyana Esequiba.

Por J. GERSON REVANALES

Con la decisión de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) del pasado 18 de diciembre de 2020, mediante la cual se declaró competente para conocer parcialmente de la demanda incoada por la excolonia inglesa de la Guyana Británica, contra nuestra patria, la Venezuela de Bolívar, la de las siete estrellas, al aprovecharse de la irregular e inaudita remisión efectuada por el Secretario General de la ONU, se abre un peligroso capítulo para nuestra integridad territorial que afecta nuestra soberanía y seguridad nacional. Aunque dicho fallo no atiente un asunto de fondo como es el “Acuerdo de Ginebra” que determina la hoja de ruta para una solución práctica y satisfactoria, afortunadamente dicho fallo en uno de sus dos puntos se propone determinar la validez del “Laudo Arbitral” de fecha 30 de octubre de 1899.

A Guyana y a todos los que han conspirado contra Venezuela, con este movimiento, le podría salir el tiro por la culata. Nuestra tesis podría ser temeraria a primera vista, pero viene a corregir quizás un error estratégico, cuando  Venezuela en noviembre 1962, al denunciar ante la Comisión de Política Especial de la Asamblea General de la (ONU) el “Laudo Arbitral de París” de 1899, como nulo e írrito, debió haber acudido a una tercera instancia que certificara dicha afirmación. Era “naive” pensar o creer que Guyana en pleno proceso de obtener su independencia por obra y gracia de la Reina Madre entregaría tres cuartas partes de su territorio.

En este momento, los análisis postmorten son tarea de los historiadores. En cambio, hoy la pelota se encuentra en el campo de los estrategas, de los “policy makers and decision makers, quienes se enfrentan ante el dilema shakesperiano “de ser o no ser”, de reconocer o no la jurisdicción de la Corte, de ir o no ir a La Haya a defender lo que es nuestro, independientemente de si la Corte le da la razón a Guyana y se lleva a Rosalinda con todos nuestros corotos.

La tarea en este momento parte de una evaluación del costo político ante la historia de aceptar o no el fallo de la Corte (ir o no ir). En el primero de los escenarios, (el de ir) a la defensa del Esequibo ante la CIJ tiene sus aspectos positivos y negativos. Los positivos giran alrededor de demostrar la nulidad del Laudo de 1899 a la luz del Derecho Internacional Público (DIP), partiendo de la Convención de la Haya (29JUL1899) para la Resolución Pacífica de Controversias Internacionales, la cual si bien no contempla específicamente las causas para determinar que un Laudo es írrito y nulo, es aplicable, considerando que identifica las razones por las cuales una sentencia arbitral puede ser revisada.

La Convención de New York (CNY58), por su lado, destaca las causas que pueden conducir a la denegación de un laudo. Por último, la Convención de Viena de los Tratados de 1969 (CVT69), la cual si se ocupa de regular la nulidad, terminación y suspensión de la aplicación de los tratados. Esta convención identifica las ocho causas de nulidad de las cuales el Dolo, la Corrupción del representante de un Estado y la Coacción sobre el representante de un Estado, podrían sustentar la demostración de nulidad del Laudo de París. Los aspectos negativos de asistir y reconocer la jurisdicción de la Corte significarían que un fallo en contrario, seria inapelable y se perdería definitivamente la reclamación.

El segundo escenario de no hacerse parte del juicio, en el cual existen elementos suficientes para pensar que Cuba es partidaria de ello, igualmente tiene un costo político e histórico. Quienes tienen la responsabilidad de tomar la decisión de ir o no ir a la CIJ, tendrán que evaluar las ventajas o desventajas de negarse comparecer ante el alto tribunal. Las probabilidades de tener éxito sin estar presente en la Corte son casi nulas, lo cual ya se vio en el fallo del pasado 18 de diciembre de 2020 como lo manifestó uno de los magistrados en su voto motivado; pero le darían al régimen el argumento perfecto para ocultar su disposición de no defender nuestros derechos históricos y soberanos sobre el El Esequibo.

No somos asesores del régimen para decir o recomendar que hacer en esta situación, pero ante estos escenarios la defensa del Esequibo es responsabilidad de todos los venezolanos, no solo de quienes se autodenominan “patriotas” que giran alrededor de un régimen, el cual como consecuencia de su populismo, irresponsabilidad, ideologización, politización y ahora su militarización pone en riesgo la recuperación de un territorio que forma parte del legado de Bolívar. La responsabilidad en este momento es del Sr. Maduro. La decisión que tome de reconocer la jurisdicción o no de la CIJ tendrá consecuencias y la historia le juzgará al final.

J. Gerson Revanales M

Balcón del Ciudadano. Internacionalista. Post Doctorado RR.II Embajador de Carrera por concurso

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