El internacional rechazo del gobierno de Maduro

La gira del Secretario de Estado de los Estados Unidos, Rex Tillerson, por varios países de América Latina antes de las fiestas de Carnaval, abrió los ojos al mundo entero sobre la crisis humanitaria en Venezuela.

A partir de esa gira, hubo un cambio en la diplomacia continental para buscar solución en Venezuela, donde la pobreza, el hambre y el control autoritario del Gobierno son la norma y todo apunta a que  eso puede empeorar si se realizan las elecciones presidenciales no aceptadas por la oposición y fijadas arbitrariamente para el 22 de abril.

Es visible que los países vecinos entendieron que ayudar a los millones de refugiados venezolanos envía un mensaje nada sutil de que los inocentes civiles merecen ser tratados con dignidad y respeto, como se ha hecho en otras partes del mundo con situaciones similares.

Después de la gira del Secretario de Estado norteamericano, el Gobierno venezolano quedó desnudo ante el mundo y la mayoría acepta lo dicho por el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, de que esta crisis profunda es el “resultado de la revolución fallida encabezada por el presidente Maduro”.

El domingo pasado en Miami durante un acto organizado por el movimiento Cuba Decide, el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, terminó de despejar lo que el Gobierno venezolano trata de ocultar, al decir que la “dictadura de Nicolás Maduro, es un burdo intento de replicar la experiencia cubana” y promueve la diáspora de venezolanos para “liberar la presión interna”.

Rosa María Payá, fundadora del movimiento Cuba Decide, agradeció y elogió a Almagro por haberse atrevido a desafiar la “soledad” en la que “por mucho tiempo” han estado los que se oponen a un régimen “tan criminal y con tanta influencia como el de Cuba”.

Como secuela de ese despertar, el pasado martes los Cancilleres y representantes de Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Guyana, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú y Santa Lucía, integrantes del Grupo de Lima, en concordancia con su Declaración del 23 de enero último, emitieron otra declaración de 9 puntos en la que expresaron su más firme rechazo a las elecciones presidenciales en Venezuela fijadas para el 22 de abril porque no serían “democráticas, transparentes y creíbles, con la participación de todos los actores políticos venezolanos, con observación y estándares internacionales, y reiteran que unas elecciones que no cumplan con esas condiciones carecerán de toda legitimidad y credibilidad”.

Lea también: Gobierno impuso su “dictálogo”

En consecuencia, exhortan al Gobierno de Venezuela a que reconsidere la convocatoria de las elecciones presidenciales de conformidad con lo señalado en el párrafo anterior y, apegándose a su propia normatividad, presente un nuevo calendario electoral.

Los representantes de los 14 países subrayaron que “no puede haber elecciones libres y justas con presos políticos, sin la plena participación de los partidos políticos y los líderes detenidos o inhabilitados arbitrariamente, con una autoridad electoral bajo el control del Gobierno, sin la participación de millones de venezolanos en el extranjero imposibilitados de votar, convocada originalmente por la asamblea constituyente, órgano carente de legitimidad y legalidad, cuya existencia y decisiones no reconocemos”.

En el punto 6 de su declaración fijaron: “Ante el continuo y grave deterioro de las instituciones democráticas en Venezuela, y basándose en la Declaración de Quebec, adoptada en la III Cumbre de las Américas, en 2001, cuya letra dice ‘cualquier alteración o ruptura inconstitucional del orden democrático de un Estado del Hemisferio constituye un obstáculo insuperable para la participación del Gobierno de dicho Estado en el proceso de Cumbres de las Américas’, el Gobierno de Perú ha decidido reconsiderar la participación del Gobierno de Venezuela en la VIII Cumbre de las Américas, en Lima. Los miembros del Grupo de Lima respetamos esta decisión”.

La VIII Cumbre de las Américas se realizará entre los días 13 y 14 de abril.

El gobierno de Venezuela muestra tan poco respeto por las organizaciones internacionales que el lunes pasado perdió temporalmente su derecho a voto en la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (ONU) como consecuencia del impago de sus aportaciones.

En cuanto al deterioro de la industria petrolera, hay registro de que solo en una semana de enero renunciaron 10 mil trabajadores de PDVSA y en el exterior se siguen acumulando bonos de la deuda petrolera cuyos intereses no han sido pagados.

Sanciones

Los excesos represivos del gobierno venezolano contra sus opositores obligaron a que el pasado jueves 8 de febrero, la Corte Penal Internacional (CPI) en La Haya anunciara la apertura de un examen preliminar contra Nicolás Maduro por crímenes de lesa humanidad.

Aunque una decisión de esa instancia no luce posible a corto plazo, el solo hecho de que esa instancia se ocupe del asunto es señal de la gravedad de los hechos.

En todo caso, el gobierno venezolano espera que Haifa El Aissami, hermana del Vicepresidente venezolano y embajadora ante la CPI, pueda controlar a su amiga la fiscal Jefe de la Corte Fatou Bensouda, encargada del caso venezolano.

Bensouda ha logrado fama como la mujer más temida por los criminales de guerra y algunos medios la denominan “La cazadora de tiranos”.

Por su parte, el gobierno español aprobó el viernes pasado la entrega a Estados Unidos de dos ex altos funcionarios del Gobierno venezolano para ser enjuiciados en ese país por presuntos delitos de organización criminal y blanqueo de capitales.

Se trata del exviceministro de Energía de Venezuela Nervis Gerardo Villalobos Cárdenas y de Luis Carlos León Pérez, antiguo director de Finanzas de Electricidad de Caracas, empresa subsidiaria de la compañía pública estatal Petróleos de Venezuela S.A (PDVSA). España entregó antes a Estados Unidos otros venezolanos por similares causas.

El pasado martes se supo que el Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó a cinco ex funcionarios del gobierno venezolano por presuntos delitos de organización criminal y blanqueo de capitales, incluidos sobornos para adjudicar contratos de energía en PDVSA.

La acusación recae sobre los entregados por el gobierno español César David Rincón Godoy, antiguo director de Bariven; Nervis Villalobos, Luis Carlos León Pérez, Rafael Ernesto Reiter Muñoz y Alejandro Istúriz Chiesa.

También se supo que fiscales de Houston creen que Rafael Ramírez, ex embajador de Venezuela ante la ONU, recibió sobornos como parte de una red de corrupción en PDVSA.

Así, Rafael Ramírez es perseguido por la justicia de su país manejada por antiguos compañeros, y podría estarlo por la internacional, lo que posiblemente lo lleve a dialogar con tribunales internacionales y aportar lo que pueda facilitar a los juicios en contra del presidente Nicolás Maduro.

Es el camino que tomó Luisa Ortega Díaz, quien está aportando a la CPI expedientes sobre más de 8 mil ejecuciones en Venezuela y de paso pidió a Holanda que expulse de su territorio a Haifa El Aissami, la embajadora venezolana ante la CPI. Por otra parte, siempre con el tema de las fiscalías, el Fiscal de Colombia alertó que líderes del ELN pueden estar en Venezuela.

 

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.

NUESTRAS REDES