La “Revolución” tiene años en default

Una Constituyente con desviaciones. Piden aclarar refinanciamiento de deuda con Rusia. Diálogo sigue en veremos.

Por JAIME GRANDA

Esta semana comenzó a concretarse lo que el Gobierno nacional ha estado ocultando e insiste en ocultar a pesar de las evidencias cada vez más claras.

Desde Londres, la agencia de calificación crediticia Standard & Poor’s informó que el gobierno de Caracas tras el período de gracia de 30 días no cumplió con el abono de 200 millones de dólares en pagos de intereses por bonos con vencimiento en 2019 y 2024 y rebajó la calificación de su deuda soberana a SD, siglas en inglés para “impago selectivo”, que supone decidió no cumplir con el pago de un bono específico pero que en general sigue comprometida a saldar sus deudas internacionales.

La agencia agregó: “Hay un 50% de posibilidades de que Venezuela pueda incurrir en impago de nuevo en los próximos tres meses”.

Desde Nueva York, la calificadora Fitch colocó en “default” o suspensión de pagos restringido (RD) a la petrolera venezolana PDVSA porque los tenedores de bonos que vencían el 27 de octubre y el 2 de noviembre recibieron sus pagos del principal una semana después de la fecha de vencimiento.

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La calificación de RD afecta a la deuda de PDVSA  en moneda extranjera y local a largo plazo. Anteriormente tenían el grado de C y CC, respectivamente.

El comunicado de Fitch indica que el proceso de restructuración de PDVSA “probablemente se prolongará debido a las sanciones de restricciones de capital impuestas por Estados Unidos”.

Moody’s también declaró en suspensión de pagos a PDVSA.

Por su parte, la calificadora china Dragong Global Credit Rating Co Ltd colocó la calificación crediticia de Venezuela en su lista de revisiones negativas debido al deterioro de la economía y finanzas del gobierno nacional.

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El portal Latin American Herald Tribune reseñó que la calificadora china indicó que Venezuela no tiene capacidad de crear riqueza por sí misma, mientras que las fuentes de pago de la deuda son muy frágiles, por lo tanto, hay riesgo de una baja solvencia en los futuros pagos que deba efectuar el país.

El Tiempo de Bogotá publicó extenso trabajo en el que se plantea que ante la situación, China y Rusia, los aliados que han suministrado la liquidez necesaria por años, parecen estar perdiendo la paciencia con el gobierno de Nicolás Maduro.

Ese trabajo cita que la compañía estadounidense de inversiones Bulltick menciona en un informe que en los mercados de deuda se está valorando con una probabilidad del 91,4% el hecho de que Venezuela deje de pagar sus obligaciones en el 2018 con una posibilidad de parálisis del Estado y la agudización de la escasez de alimentos, medicamentos, elementos de aseo y materias primas para la producción.

Otro factor que analistas advierten es que la nueva deuda venezolana, autorizada por la Asamblea Nacional Constituyente, órgano que no está reconocido por varios países, no será considerada legal, incluso si se levantan las sanciones de Estados Unidos y el trabajo agrega que ante la remota posibilidad de reestructuración de deuda, es difícil imaginar un escenario en el que los tenedores de bonos acepten nuevos términos a menos de que haya un camino claro hacia reformas estructurales en Venezuela que den confianza frente a su capacidad futura para pagar.

Precisamente, agregamos, eso es lo que ha frenado las conversaciones iniciadas en Caracas con los tenedores de bonos.

Todo eso se agrava con las cifras divulgadas esta semana por la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), según las cuales Pdvsa produjo en octubre 1 millón 995 mil barriles diarios, frente a los 2 millones 085 mil que produjo en septiembre. Los datos de la OPEP muestran que es la primera vez en 28 años que la producción de crudo venezolano baja de los 2 millones de barriles diarios.

La situación es de tal magnitud que Brasil y Uruguay tuvieron que recurrir a instancias internacionales para que Venezuela pague lo que debe a empresarios de esos países.

Ante todo lo publicado en los medios internacionales, varios observadores venezolanos coinciden en que la triste realidad es que el gobierno venezolano tiene varios años retrasado en el pago de la deuda social.

Dicen que la llamada “revolución bonita” hace años que está en default con la comida, las medicinas, buenos servicios de salud, educación, seguridad ciudadana, servicios de agua, electricidad, telefonía, transporte, vialidad y producción nacional. También está en default con los trabajadores que mantienen acciones de CANTV y Sidor, a quienes han despojado de sus dividendos desde hace varios años.

La ANC

La Asamblea Nacional Constituyente (ANC) surgió de unas elecciones llenas de irregularidades realizadas el pasado 30 de julio y se instaló formalmente el 4 de agosto, sin que se sepa realmente si asisten los 545 miembros que debieron ser escogidos en esos comicios.

Aunque puede crear un nuevo ordenamiento jurídico, la excusa principal para convocar su elección fue la de redactar una nueva Constitución, pero han pasado más de tres meses de su instalación y se ocupa de todo, menos de su misión primordial.

La ANC se ha dedicado a revisar y lanzar nuevas leyes como la Ley de Precios Acordados. No se sabe si sustituye a la de Precios Justos o las dos tendrán vigencia. Lo cierto es que ninguna ataca la inflación ni sus causas.

El desconcierto crece ante hechos como el de esa nueva Ley de Precios Acordados que no estaba aprobada y ya contaba con 33 mil fiscales encargados de su cumplimiento.

Dentro de la ANC sigue la lucha por desmontar las causas reales de la inflación y el desabastecimiento. Son varios miembros del proyecto chavista que alertan sobre el control de cambio como una de sus causas fundamentales.

El domingo pasado, el nuevo gobernador de Carabobo, ex alcalde de Puerto Cabello y ex embajador en Italia, Rafael Lacava, insistió en que “el tema cambiario nos está haciendo mucho daño”.

El refinanciamiento

Al final de la tarde del pasado miércoles, el diputado a la Asamblea Nacional (AN) José Guerra exigió al Gobierno nacional que explique “el supuesto acuerdo secreto para refinanciar la deuda con Rusia”.

El ministro de Economía y Finanzas, Simón Zerpa, confirmó a través de su cuenta en Twitter que por instrucciones del presidente Nicolás Maduro se suscribió con el Viceministro de Finanzas de Rusia, Sergei Storchak, “el protocolo para el refinanciamiento de nuestra deuda soberana con Rusia”, pero Guerra advirtió que este acuerdo debe ser presentado al país, por lo que pidió al ejecutivo que se haga público.

Por lo demás, las diferencias internas pueden afectar la presión que la AN debe hacer para que el Gobierno ajuste su comportamiento a la Constitución vigente.

El diputado Richard Blanco informó la conformación en la AN de una nueva fracción parlamentaria denominada “Fracción Opositora 16 de julio”, conformada por 13 diputados. Algunos creen que el Gobierno se anotó otros puntos aplicando aquel viejo truco de “divide y vencerás”.

Diálogo en veremos

La reunión prevista para el miércoles 15 de noviembre entre representante de oposición y del Gobierno en República Dominicana seguía el jueves en veremos sin que el Gobierno mostrara deseos de cumplir con lo planteado por la contraparte, especialmente la presencia de los cancilleres latinoamericanos que acompañarán el proceso de negociación, que busca lograr condiciones electorales justas para las elecciones presidenciales de 2018 y la apertura de un canal humanitario de alimentos y medicinas para el país.

El lunes, los cancilleres de la Unión Europea adoptaron medidas, entre ellas un embargo de armas y un marco jurídico sobre futuras sanciones contra “responsables de graves violaciones de los derechos humanos”, con el objetivo de “favorecer” el diálogo anunciado.

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