Nocaut internacional: Sanciones crecen y se multiplican

El mazazo internacional. Las sanciones crecen y se multiplican. A las decenas de sanciones individuales a funcionarios venezolanos impuestas por los EE.UU. se suman sanciones para 40 funcionarios públicos más a sus familiares que impone Canadá. Y como si eso no fuera poco, a miles de funcionarios del régimen se les ha prohibido viajar y permanecer en EE.UU.

Mientras “la calle” se enfría, la comunidad internacional se calienta. Nuevas sanciones se concretan contra funcionarios para mostrarles que no podrán disfrutar en el mundo desarrollado occidental lo que le niegan a los venezolanos ni podrán con los dineros mal habidos producto de la corrupción. Y ellas muestran al mundo que Venezuela se ha convertido en un peligro internacional.

Canadá habla

Aunque la canciller canadiense, a finales de julio, daba la bienvenida y apoyaba las importantes medidas adoptadas por los EE.UU. al sancionar a los dirigentes del régimen, Canadá se tomó dos meses para perfeccionar su lista de sancionados. Se pensaba que  estarían esperando la aprobación de la ley S-226 que dará la potestad al gobierno para imponer “sanciones contra los ciudadanos extranjeros responsables de las violaciones de los DD.HH. internacionalmente reconocidos en un país extranjero cuando las autoridades de ese país no pueden o no quieren llevar a cabo una investigación exhaustiva y objetiva de las violaciones” y a los responsables de “actos de corrupción significativa”. Pero ella, en su último paso para su aprobación, podría tardarse algunos meses. Entonces optaron por aplicar la Special Economic Measures Act (SEMA) que permite tomar medidas contra un estado si cree que “ha ocurrido una grave violación de la paz y la seguridad internacionales que ha resultado o es probable que dé lugar a una grave crisis internacional”.  Como se ve el tema de la seguridad es clave como lo fue cuando Obama sancionó a 14 funcionarios venezolanos en 2014.

Los cuarenta

La Cancillería canadiense, con base a  SEMA anunció, el 22 de septiembre,  que considera que hay motivos razonables para suponer que 40 funcionarios  venezolanos “están involucrados en actividades que directa o indirectamente socavan la seguridad, estabilidad o integridad de las instituciones democráticas de Venezuela”. Y sanciona altos funcionarios, actuales o no, del Gobierno y a miembros  de la Asamblea Nacional Constituyente, así como a  personas asociadas o familiares de los anteriores; además de cualquier entidad poseída o controlada, directa o indirectamente por ellos o por interpuesta persona.

La lista a diferencia de la de EE.UU.  incluye por primera vez a los negociadores en República Dominicana, los hermanos Rodríguez, Delcy y Jorge, y Roy Cháderton, y dos elementos claves del componente militar del régimen, el general Padrino López y Diosdado Cabello. Se conoce extraoficialmente que familiares de estos sancionados habitan en Canadá por lo que las sanciones ya están siendo efectivas.

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Las medidas prohíben que cualquier persona en Canadá o que cualquier canadiense fuera de Canadá pueda negociar propiedades o facilitar cualquier transacción o proveer cualquier servicio financiero a los sancionados o en beneficio de ellos. Y obliga a los canadienses y a las instituciones canadienses o extranjeras que operen en Canadá a informar para que estas sanciones se cumplan.  Esto afecta a las compañías canadienses que operan en el Arco Minero.

Canadá viene ejerciendo un papel cada vez más activo en la solución de la crisis venezolana y se prepara para acoger la próxima reunión del Grupo de Lima. El tema venezolano se trata también en las dos cámaras del Parlamento por iniciativa de las asociaciones de venezolanos.

Cancelación de visas

Dos días después del anuncio canadiense, Donald Trump impuso restricciones a los venezolanos para ingresar y habitar en EE.UU. A finales de enero pasado Trump firmó una Orden Ejecutiva (OE) 13769, titulada “Protección de la Nación contra la Entrada de Terroristas Extranjeros en EE.UU.”, que  por 120 días, prohibiría el ingreso y estadía  de personas de siete países de mayoría musulmana (Libia, Irán, Irak, Somalia, Sudán, Siria y Yemen). Esto creó un revuelo y fue contestada ante varios tribunales que suspendieron su aplicación, por contenido anteislámico, además que suspendía no solo visas de turismo y negocios sino las residencias permanentes (Green Card). La Orden Ejecutiva fue congelada hasta que en junio pasado la Corte Suprema  permitió su aplicación parcial privilegiando la vigencia de las visas a esos nacionales que tuvieran  “cualquier relación de buena fe con una persona o entidad en los EE.UU”, como con familiares en el país, estudiantes internacionales y visas de trabajo.

Con esa Orden a punto de fenecer,  Trump  lanza una “Proclamación sobre el mejoramiento de las capacidades de procesamiento y los procesos de detección de intentos de entrada en los EE.UU. por parte de terroristas u otras amenazas de seguridad pública”.  Y la presenta como “… un paso crítico hacia el establecimiento de un sistema de inmigración que proteja la seguridad de los estadounidenses en una era de terrorismo peligroso y delincuencia transnacional”. A diferencia de la anterior, en esta nueva normativa presidencial, Sudan ha sido excluido y Corea del Norte y Venezuela han sido agregados.

Adiós a Disney World

En el caso de Venezuela se arguye que, el régimen “.. no coopera para verificar si sus ciudadanos plantean amenazas de seguridad nacional o de seguridad pública”  y  “no comparte adecuadamente la información relacionada con la seguridad pública y el terrorismo”. Por lo tanto, ha sido suspendida la entrada a los EE.UU. a los funcionarios del régimen “que participan en procedimientos de selección y de verificación (de este tipo de información)- MRI, SAIME; CICPC; SEBIN y Cancillería – y a sus familiares directos, en calidad de no inmigrantes por negocios (B-1), turista (B-2) y negocios / turista (B-1 / B-2)”.

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Pero esto no se queda allí pues la normativa finaliza diciendo “los venezolanos que sean titulares de visados deben estar sujetos a medidas adicionales apropiadas para asegurar que la información del viajero permanezca vigente”.  Así que esperemos más problemas para entrar a EE.UU. aún sin pertenecer a estos ministerios e instituciones del Estado.

Si como se espera Europa se incorpora a estas sanciones, tal como declaró Trump luego de reunirse con el jefe del gobierno de España, Mariano Rajoy,  occidente se les cerrará a aquellos que han abusado por acción y omisión, de los DD.HH. y las libertades fundamentales de los venezolanos así como los que se han beneficiado de forma ilícita e inmoral de las arcas del Estado.

Más allá de lo personal y los doméstico, ya países como Canadá y EE.UU. perciben las violaciones del pranato no sólo como un problema que afecta a los venezolanos, sino como una amenaza regional o directa para la paz y la seguridad.

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