La Fiscal destapa la Caja de Pandora

El tiro le salió por la culata al régimen madurista con la persecución y orden de captura en contra de la fiscal Luisa Ortega Díaz, quien tomó el camino del exilio y llevó con ella, como afirma, contundentes pruebas de corrupción en contra de Nicolás Maduro, Diosdado Cabello y otros miembros del régimen, en casos como el de Odebrecht. Pero no es todo, en su valija llena de expedientes, se sabe que guarda mucho más.

Luisa Ortega Díaz, reconocida como legítima fiscal general de Venezuela por la mayoría de los países de la región, aprovechó el exilio para participar en la XXII Reunión Especializada de Ministerios Públicos del Mercosur, realizada en Brasilia entre el 21 y el 23 de este mes. Allí dejó constancia de tener en sus manos contundentes pruebas de corrupción en contra de Nicolás Maduro, Diosdado Cabello y otros miembros de la cúpula madurista.

No cabe duda que el tiro le salió por la culata al régimen de Maduro con la persecución y orden de captura en contra de Ortega Díaz y su esposo, el diputado Germán Ferrer, medida que como telaraña tejieron el ilegítimo fiscal Tarek William Saab y los cuestionados Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y asamblea nacional constituyente.

Como se recuerda, William Saab pidió primero orden de captura contra Ferrer el 16 de agosto, al que acusa de dirigir una red de extorsión desde la fiscalía, en complicidad con Pedro Lupera -fiscal 55 nacional- y Luis Sánchez -fiscal auxiliar 55 nacional- y en la que participó Gioconda González, exjefa del despacho del Ministerio Público, a quienes también se les dictó orden de captura.

Esa misma noche el Sebin allanó la vivienda de la fiscal Ortega Díaz, ubicada en la Florida, Caracas, donde además de las computadoras que encontraron se llevaron la ropa, zapatos, lencería y detuvieron a la señora de servicio.

Partida hacia Colombia

A Ortega Díaz y a Ferrer, frente a la persecución, no les quedó otro remedio que tomar el camino del exilio. De esta manera, en la madrugada del viernes 18 de agosto, acompañados por la alta funcionaria de la fiscalía, Gioconda González Sánchez, y por el periodista Arturo Vilar Estévez, zarparon en un yate desde Puerto La Cruz con destino a Aruba, donde tomaron un vuelo privado hasta el aeropuerto de El Dorado en Bogotá, Colombia, al cual llegaron a las 3:30 de la tarde de ese día. La fiscal fue recibida por autoridades gubernamentales a las que pidió protección, confirmó el departamento de Migración de ese país.

Juan Manuel Santos, presidente de Colombia, se pronunció el lunes y aseguró que su gobierno estaría dispuesto a otorgarle asilo político a Luisa Ortega Díaz, fiscal general de la República, si ella lo solicita. “La fiscal Luisa Ortega se encuentra bajo protección del gobierno colombiano. Si pide asilo se lo otorgaremos”, escribió Santos en Twitter.

Panamá y Brasil

Posteriormente, la fiscal Ortega Díaz hizo el martes escala en Panamá en su viaje hacia Brasil. Su presencia en suelo istmeño causó revuelo y sus imágenes junto a sus tres acompañantes fueron divulgadas por la televisión local TVN.

Luisa Ortega Díaz llegó a Brasil en la madrugada del miércoles y prometió revelar informaciones de la corrupción del régimen venezolano horas después de que Nicolás Maduro anunciara en TV que solicitaría un código rojo y su orden de captura a Interpol, lo cual no puede hacer porque este organismo no actúa en causas políticas y la de la fiscal lo es sin discusión alguna.

Ortega llegó sonriente y fue custodiada por guardias en el aeropuerto de Brasilia, donde participó en representación de Venezuela en la XXII Reunión Especializada de Ministerios Públicos del Mercosur, que culminó ese miércoles.

“Sí, voy a hablar de Odebrecht, el caso de corrupción en Venezuela y mi situación”, dijo a los periodistas y agregó en relación a la acusación en contra de su esposo, Germán Ferrer, que el banco UBS, donde supuestamente habría abierto una cuenta en dólares en las Bahamas, no existe en dicho país.

El caso Odebrecht

Antes de desglosar las denuncias que hizo en Brasilia Luisa Ortega Díaz, hay que hacer algunas acotaciones con respecto al caso Odebrecht.

En primer término debemos recordar que el 22 de diciembre de 2016, el Departamento de Justicia de Estados Unidos indicó que presidentes, exmandatarios, ministros, representantes de partidos políticos y otras personas con cargos importantes en los gobiernos de 12 países de la región, recibieron 788 millones de dólares en sobornos por parte de Odebrecht a cambio de la adjudicación de contratos millonarios firmados entre 2001 a 2016.

En relación a Venezuela, según la información del Departamento de Justicia, funcionarios del gobierno de Hugo Chávez y Nicolás Maduro recibieron sobornos por más de 98 millones de dólares entre los años 2006 y 2015 y cinco de las obras están inconclusas.

Fue entonces cuando el Ministerio Público venezolano, con Ortega Díaz a la cabeza, comisionó a los ya citados fiscales Pedro Lupera y Luis Sánchez para investigar el caso, quienes solicitaron ante el Tribunal 11° de Control del Área Metropolitana de Caracas, la congelación de las cuentas bancarias, así como la prohibición de enajenar y gravar bienes muebles e inmuebles de la empresa brasileña, por la presunción de haber cometido irregularidades en las contrataciones.

Estos dos fiscales, además, ordenaron el allanamiento de la sede de la constructora brasileña en Caracas, procedimiento que estuvo a cargo de la Dirección General de Contrainteligencia Militar y se llevó a cabo el día 14 de febrero.

En este punto se deben destacar dos aspectos: 1. La fiscal Ortega Díaz actuó en este caso antes de pronunciarse sobre la ruptura del hilo constitucional por parte del TSJ (lo hizo el viernes 31 de marzo). 2. Genera suspicacias que precisamente los fiscales a cargo de la investigación de Odebrecht, Lupera y Sánchez, hayan sido  criminalizados luego por Diosdado Cabello como integrantes de la supuesta red de extorsión a la que pertenecería Germán Ferrer, el esposo de la fiscal.

Las denuncias

“Tengo pruebas (de corrupción) que entregaré a 4 países: Colombia. Brasil. España y Estados Unidos”, dijo Ortega Díaz en Brasilia.

Fueron varias las denuncias que realizó y por razones de espacio nos limitaremos a señalar las más destacadas.

“Cualquier evidencia que comprometa al gobierno va a ser destruida, en consecuencia yo estoy preservando estas evidencias de modo tal que pueda haber justicia”, apuntó para comenzar y añadió que existía el concepto de la jurisdicción universal y apelaba a ello para lograr justicia y también las “libertades, la democracia, el respeto de los derechos humanos que afecta a la población (venezolana)”.

Comenzó con el caso de corrupción de Odebrecht, en el cual estaría involucrado Diosdado Cabello, a quien presuntamente le depositaron 100 millones de dólares en una empresa. “Hemos detectado que a Diosdado Cabello le depositaron 100 millones de dólares en una empresa española denominada TSE Arietis, cuyos propietarios son sus primos Luis Alfredo Campos Cabello y Nelson Jesús Campos Cabello”, dijo Ortega Díaz.

Estos US$100 millones no estarían relacionados con los US$98 millones de los que informó el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Según investigación del diario El Tiempo de Bogotá, esta empresa presta servicios a otras ligadas directamente a las actividades de explotación de yacimientos petroleros en la zona norte y sur de Monagas, en donde tiene su sede principal, y en la zona delta de la Faja Petrolífera del Orinoco. Aparece operando en los campos de El Furrial (lugar de nacimiento de Cabello en el estado Monagas), Punta de Mata, El Tejero, Boquerón, Morichal, El Salto, Uracoa, Isleño y Tucupita entre otros. La empresa tiene una filial en Panamá, abierta el 23 de noviembre de 2016, y registra varias importaciones desde Estados Unidos. También registran más de cien movimientos de comercio internacional.

La fiscal general de la República denunció también que Tarek William Saab posee seis expedientes por corrupción en Venezuela, relacionados con el desfalco en Pdvsa. “Podrán haber destruido los expediente, pero las copias verificadas están en mi poder”, dijo Ortega Díaz.

La fiscal también indicó que Nicolás Maduro es presuntamente dueño de una empresa en México contratada por el Estado para distribuir los alimentos del Comité Local de Abastecimiento y Producción (CLAP). “Tenemos investigación de las bolsas de alimento que se entregan en Venezuela, los CLAP.  Una empresa mexicana registrada a nombre de dos personas. Empresa que se presume que es de Maduro, cuyos propietarios (testaferros) son Rodolfo Reyes, Álvaro Uguedo Vargas y Alex Saab”, precisó.

Su futuro inmediato

Luisa Ortega Díaz recibió ofrecimientos de asilo de Colombia y Brasil, pero no ha tomado una decisión al respecto, anunció el ministro de Relaciones Exteriores brasileño, Aloysio Nunes.

“Ortega Díaz pretende ir a La Haya, la Organización de Estados Americanos (OEA) y a la Organización de Naciones Unidas (ONU)”, dijo Nunes en declaraciones recogidas por la agencia Efe.

“Podrán inventar delitos, podrán seguir encarcelando a mis familiares y a mi entorno, pero jamás renunciaré a algo que juré que es defender hasta el último aliento la democracia, la libertad y los derechos humanos en Venezuela”, dijo Ortega Díaz la semana pasada… Y hasta ahora, ha cumplido.

 

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