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Cataluña y España: Cronología de un divorcio

Cataluña es una de las 17 Comunidades Autónomas de España, cada una de las cuales tiene, dentro del ordenamiento jurídico español, cierta autonomía legislativa con representantes propios, y determinadas competencias ejecutivas y administrativas. Es esta autonomía, de la que se agarran los líderes independentistas catalanes para luchar a diestra y siniestra por su independencia de España, bajo la excusa de “derecho de autodeterminación” establecido en distintos acuerdos internacionales suscritos por el país ibérico.

Una vez aprobada la actual Constitución española, en 1978, se aprobó también un “Estatuto de autonomía para Cataluña”, el cual fue modificado en 2005 y después en 2006. Según algunos analistas, el nuevo Estatuto perseguía principalmente una modernización del texto anterior que consiguiera un aumento de la capacidad de toma de decisiones políticas por parte del gobierno catalán y el reconocimiento de «la singularidad» de Cataluña en España.

Prueba. Durante 2009 y 2010 se celebraron consultas no oficiales sobre la independencia de Cataluña en 512 municipios de Cataluña, con una amplia mayoría de votos favorables, si bien con una escasa participación. En 2007, el líder político independentista Artur Mas (quien luego llegó a ser presidente de la Generalitat de Cataluña, en 2010), inició un proceso de “refundación del catalanismo”, en el cual planteaba que Cataluña debía tener el «derecho a decidir». Inicialmente, sus reivindicaciones se centraban en aspectos prácticos como la gestión de las infraestructuras.

Inconstitucionalidad. Pero entonces comenzaron las idas y vueltas: en junio de 2010 el Tribunal Constitucional, respondiendo a un recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Partido Popular (PP), sentenció el Estatuto de Autonomía de 2005, declarando inconstitucionales 14 artículos y sometiendo a interpretación otros 27. Esta resolución del Tribunal Constitucional ante el recurso del PP supuso la primera ocasión en la que el máximo Tribunal del país se pronunció acerca de un estatuto autonómico.

Bandera catalana («La Estelada») en la manifestación del 11S 2012, Día de Cataluña / Foto: EFE

Después de esto, comenzaron las protestas, las divisiones, los pactos, las alianzas, las discusiones, las rupturas, los intereses y la guerra por la independencia se intensificó. Por su parte, Artur Mas, ya Presidente de la Generalitat, se presentó al debate de investidura con un discurso en el que proponía que Cataluña comenzase una «transición nacional» hacia la aplicación plena del «derecho a decidir» de los catalanes, que comenzaría con la formación de un frente común en defensa de un pacto fiscal que permitiera a la Generalitat administrar sus propios recursos y también asomó la idea de elaborar una ley de consultas catalanas, para que estas no tuvieran que ser autorizadas por el Gobierno español.

Legalidad. La actual Constitución española, aprobada en 1978, permite la participación política ciudadana y la ley orgánica 2/1980 del 18 de enero de 1980, regula diferentes variedades posibles de referéndum, entre las que se incluye el referéndum consultivo autonómico que, según la legislación, debe estar autorizado por el Estado español. El estatuto de Cataluña de 2006 introdujo en el artículo 122 la noción de que la Generalidad de Cataluña tenía la competencia exclusiva para convocar consultas («consulta popular, con excepción de lo previsto en el artículo 149.1.32.ª de la Constitución»). Pero el Tribunal Constitucional restringió la interpretación del texto mediante la sentencia del 28 de junio de 2010, desautorizando la posibilidad de celebración de una consulta por parte de la Generalitat.

No es no. En julio de 2012, el tan anhelado Pacto Fiscal fue aprobado por el Parlamento catalán, pero cuando Artur Mas se reunió con el presidente español Mariano Rajoy, éste se mantuvo firme en la idea de la no negociación de dicho pacto y de no abrir ninguna vía para la independencia catalana. Y vuelta a empezar.

Carles Puigdemont / Foto: RTVE

Obsesión. De esta forma, en 2012 comienza la rebelión independentista catalana a tomar más fuerza que nunca. El 27 de septiembre de ese año, el Parlamento Catalán aprobó una resolución pidiendo celebrar el referéndum de autodeterminación de Cataluña en ese mismo período de gobierno. Esa resolución reza: “El Parlamento de Cataluña constata la necesidad de que el pueblo de Cataluña pueda determinar libre y democráticamente su futuro colectivo e insta al Gobierno a hacer una consulta prioritariamente en la próxima legislatura”.

Rebeldía. Como el Gobierno Central de Mariano Rajoy no accedió a llegar a un acuerdo sobre el pacto fiscal y por ende, tampoco sobre la independencia de Cataluña, el presidente de la Generalitat convoca nuevas elecciones en la entidad para presentarse de nuevo, ahora introduciendo la Consulta sobre la autodeterminación catalana entre sus propuestas bandera. Esas elecciones fueron celebradas en noviembre de 2012 y resultó claramente ganador el independentista Artur Mas, que ahora con más fuerza impulsaría su proyecto.

Soberbia. Fue así como el día 23 de enero de 2013 el Parlamento de Cataluña aprobó la “Declaración de Soberanía y Derecho a Decidir del pueblo de Cataluña”, asegurando que “el pueblo de Cataluña tiene, por razones de legitimidad democrática, carácter de sujeto político y jurídico soberano”. Pero esta declaración de Soberanía fue suspendida cuatro meses más tarde por el Tribunal Constitucional.

Desobediencia. Posteriormente, en marzo de 2013, el Parlamento catalán, en contradicción con su declaración de soberanía y en reconocimiento de su subordinación estatutaria, pretende comenzar un proceso de “diálogo bilateral” con el Gobierno español sobre el “derecho a decidir” y negociar, así, la realización del Referéndum Catalán. Pero la respuesta del ejecutivo no se hizo esperar: Todas estas actuaciones fueron recurridas ante el Tribunal Constitucional y la postura de la Generalitat fue hacer caso omiso a la resolución del recurso.

Insistencia. Al verse todas las opciones truncadas, el gobierno de la Generalitat buscó otra forma de sacar adelante su proyecto independentista creando un Consejo Asesor para la Transición Nacional que tiene por objetivo principal llevar a cabo la consulta popular que permita formalizar el proceso soberanista, para lo cual comenzaron las propuestas de preguntas para el referéndum, opciones constitucionales de negociación con el ejecutivo nacional y, en última instancia, la declaración unilateral de independencia. Es decir, por las buenas o por las malas, ellos pretenden separarse de España. Tanto es así, que desobedeciendo al mandato del Tribunal Constitucional, Arturo Mas anuncia la consulta popular para el día 9 de noviembre de 2014.

En este toma y dame de sentencias del Tribunal Constitucional y la desobediencia de las mismas por parte de la Generalitat, transcurrieron los primeros meses del 2014, mientras el Consejo Asesor para la Transición Nacional seguía implementando fórmulas para llevar a cabo la consulta, a pesar de la negativa del Congreso de los Diputados para que Cataluña pudiera realizar procesos de referéndum sin apoyo del Gobierno central. Entonces, la Generalitat se crea su propia ley de consultas que fue aprobada por el Parlamento catalán. Y del mismo modo, a pesar de todo lo que hizo el Gobierno nacional por frenar la consulta del 9 de noviembre, esta se llevó a cabo y el resultado fue que 1.861.753 personas, es decir, el 80,76% del total de participantes, apoyaron la independencia, mientras que 232.182 personas (el 10,07%) se inclinaron hacia la idea de que Cataluña fuese un Estado, pero no independiente de España.

Carles Puigdemont / Foto: Europa Press

Contra todo pronóstico. En junio de 2015 el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional la realización del «proceso participativo» por parte de la Generalitat de Cataluña, por ser «inconstitucionales en su totalidad, en cuanto viciadas de incompetencia, por no corresponder a la Comunidad Autónoma la convocatoria de consultas que versan sobre cuestiones que afectan al orden constituido y al fundamento del orden constitucional”. Los problemas persistieron entre Gobierno español y Gobierno de la Generalitat catalana, pero aún así, los independentistas siguieron adelante. Celebraron nuevas elecciones en 2015 y tomó el poder de la Generalitat el candidato independentista Carlos Puigdemont, cuyo primer acto de gobierno fue «declarar solemnemente el inicio del proceso de creación del estado catalán independiente en forma de república”.

¿Y ahora qué?

Los catalanes están llamados a participar en el referéndum soberanista el próximo 01 de octubre, consulta que, de nuevo, está vetada de inconstitucional por el Gobierno de España, una vez más, como lo ha hecho al menos unas “18 veces”, según afirma el vicepresidente catalán, Oriol Junqueras. La pregunta que verán los ciudadanos en la papeleta será: “¿Quiere que Cataluña sea un Estado independiente en forma de república?” y la respuesta de los catalanes será “un mandato” que el Gobierno de la Generalitat asegura acatará.

En definitiva, los catalanes independentistas no se sienten parte de España, pero lo son. Al menos todavía. “Amanecerá y veremos”.

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