Atentado al Parlamento y una “vicefiscal” escondida en la maleta

Atentado a la Asamblea Nacional

La violencia, la irracionalidad, la ira, y una conducta delictiva se evidenciaron este miércoles, luego que antisociales bajo el mal llamado nombre de colectivos, tomaran por asalto la sede del parlamento venezolano en horas de mediodía, bajo la mirada cómplice de aquellos cuyo lema es “el honor es su divisa”. El vandalismo y el dolo de causar lesiones que pudieron haber provocado la muerte de algún diputado, trabajador de la Asamblea Nacional, o periodistas, aunado a los daños a bienes de la nación, fueron expuestos a través de los diversos medios de comunicación social, nacionales y extranjeros, lo que generó el repudio del país y la comunidad internacional.

El Ministerio Público comisionó a la fiscal 106ª Aramay Terán, para dirigir la investigación de estos hechos punibles, y determinar quiénes fueron los responsables que hirieron a los diputados Armando Armas, José Leonardo Regnault, Nora Bracho, Luis Carlos Padilla y Américo De Grazia, al igual que los trabajadores Franklin Babó y Luis Herreira. Un audio correspondiente a la transmisión de radios portátiles, será evaluado por las autoridades, tras guardar relación con el ataque al Palacio Federal Legislativo.

Motorizados causaron miedo en Clínicas Caracas

La impunidad de los paramilitares se acrecienta en la capital venezolana. El martes un grupo de motorizados armados no toleró que la ciudadanía ejerciera su derecho a la protesta entre la Avenida Panteón con Avenida Alameda, y lanzaron objetos contundentes, además de disparar hacia la entrada del Hospital de Clínicas Caracas.

De acuerdo al reporte del MP, cinco personas resultaron lesionadas y se generaron daños a la propiedad. El órgano que dirige la acción penal designó a la fiscal 22ª nacional Otilia Gallego, a fin de investigar los perjuicios en las instalaciones del centro de salud.

Arresto arbitrario en Maracaibo

El Comisario General (J) del Cicpc José Vicente Márquez Matos de 65 años, fue aprehendido por funcionarios del propio ente donde prestó servicios durante años, luego que los pesquisas consideraran detenerlo por el presunto delito de “Traición a la patria e instigación a la insurrección”.

Los efectivos de la subdelegación Maracaibo, pudieron haber recibido la orden de algún superior ofuscado, de detener al ciudadano jubilado, por estar con otros compañeros protestando con pancartas alusivas a la antigua PTJ y CTPJ, llamando a desconocer la convocatoria a la Constituyente.

Los funcionarios del nuevo modelo policial, se dirigieron al sitio de la concentración y abusando de su autoridad se disponían a decomisar los letreros. Como no pudieron detener la manifestación, horas después se trasladaron hasta la residencia del comisario Márquez y lo pusieron tras las rejas. Aparte de este episodio, los uniformados estaban tras la cacería de otros 15 jubilados que estaban en la concentración.

Desconocimiento de la nombrada Vicefiscal por el TSJ

Katherine Nayarith Haringhton Padrón no ha podido tener legitimidad de ejercicio dentro del órgano que dirige la acción penal, debido a que el personal que labora en el Ministerio Público, empezando por la Fiscal General, no la reconocen. Aun cuando el máximo tribunal del país la juramentó como Vicefiscal y anuló la designación del ciudadano Rafael González, no ha podido tomar posesión del cargo ni ejercer desde alguna sede del MP.

Este jueves, Haringhton se presentó a la sede principal de la Fiscalía General de La República y le negaron la entrada, por lo que tuvo que marcharse.

Sin embargo este viernes, en su intento de ser reconocida como autoridad, decidió ingresar en la maleta de un vehículo a la sede de Ánimas ubicada en la avenida Urdaneta, y tras ingresar a los niveles superiores del edificio, fue desalojada por el personal de seguridad.

El propio ente, inició la averiguación sobre el ingreso de “personas extrañas a la Fiscalía 2° nacional, dependencia que estaba a cargo de Narda Sanabria”.

El fiscal 67º del Área Metropolitana de Caracas, Luis Felipe Cadiz, coordinará las actuaciones necesarias para determinar las responsabilidades penales correspondientes.

 

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