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Sigue el golpe continuado del Tribunal Supremo de Justicia

En días pasados, el defensor del Pueblo Tarek William Saab solicitó al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) aclarar los artículos 49, 280, 281 y 285 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, los artículos 2, 4, 15, 66 y 67 de la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, así como también los artículos 1, 10, 11, 12, 13 y 124 del Código Orgánico Procesal Penal.

El TSJ admitió el Recurso de Interpretación sin mayor contratiempo, cosa que no pasó con los tres recursos que interpuso la fiscal Luisa Ortega Díaz. La Sala Constitucional del máximo tribunal de la República resolvió con una rapidez, que ya no nos sorprende, sobre las competencias de la Defensoría del Pueblo, entre ellas incluyo:

1) La Defensoría del Pueblo tiene facultades para investigar, emitir opiniones y recibir denuncias requiriendo, si es necesario, la colaboración de los demás órganos del Poder Público. Así mismo ostenta la legitimación procesal para demandar ante órganos jurisdiccionales las violaciones contempladas en sus competencias señaladas en el número 1.

2) La Defensoría del Pueblo, conforme a la competencia constitucional antes señalada, puede tener acceso a todos los actos de investigación que cursen ante el Ministerio Público, ante los tribunales en jurisdicción penal ordinaria y penal militar, los órganos auxiliares de justicia y los centros policiales y penitenciarios y, de manera autónoma, en aquellos casos de violación de derechos humanos, aunque no le sea delegado por parte de la persona ofendida, a tenor de lo establecido en el artículo 124 del Código Orgánico Procesal Penal, incluyendo los casos de asistencia especial a que se refiere dicho artículo.

Con esta decisión, el Tribunal Supremo de Justicia sigue deshilando el hilo Constitucional. Esta sentencia es igual a las sentencias 155 y 156. Con dicha sentencia le quita la facultad al Ministerio Publico para dársela a otro Órgano. ¿En que se basó la Sala Constitucional para otorgar los poderes penales a la Defensoría del Pueblo? ¿Los magistrados del TSJ se leyeron por casualidad el artículo 285?

Señores magistrados, ustedes deben saber mejor que yo que la investigación penal es facultad exclusiva del Ministerio Público. ¿Cómo es eso que el Defensor del Pueblo tiene facultad penal? En estos momentos se están vulnerando derechos fundamentales a los venezolanos, pues han asesinado a mansalva a ciudadanos por protestar. Es inaudito cómo atacan edificios; lanzan bombas lacrimógenas sin importar la población civil desarmada y no es por error sino con uso desproporcionado de la fuerza, con alevosía y odio. Basta ver los videos. Las pruebas están allí.

¿Qué ha hecho el Defensor del Pueblo? Nada. Ha dado unas timoratas declaraciones. ¿Cuál es su interés de tener la competencia de la acción penal y de la investigación penal? Esta sentencia viola los artículos 282 y 285 de la Constitución y supuestamente estos magistrados deben velar por el respeto y observancia de la misma. Lo contradictorio es que la Sala Constitucional del TSJ declaró nula la designación del vicefiscal general de la República, Dr. Rafael González, quien fue designado el 17 de junio por la Fiscal General por cuanto se designó sin cumplir con lo establecido en la Constitución.

Estos magistrados fueron electos de manera exprés el 23 de diciembre de 2015, sin cumplir los requisitos de ley para ser magistrados. Esto es una aberración. Es una burla al pueblo, a la Constitución y las leyes.

@aixaconcejalccs