La Fiscal General dispuesta a terminar con más de cuatro años de ilegitimidades

La Fiscal General, Luisa Ortega Díaz, terminó aceptando lo que se dijo en la Asamblea Nacional (AN) desde enero de 2016 y parece dispuesta a terminar con más de 4 años de ilegitimidades.

Antes de la desaparición oficial del presidente Hugo Chávez, en Venezuela se hizo costumbre apelar a ilegalidades que incluyeron nombramiento de altos funcionarios y manejo de partidas presupuestarias con la firma cibernética del enfermo mandatario.

Esa tendencia marcó la sucesión presidencial, las elecciones que algunos dicen que no ganó Nicolás Maduro y otros hechos de los cuales hay denuncias y pruebas que ahora pudieran mejorar la situación venezolana.

La mala costumbre permitió minimizar la decisión de 14 millones de venezolanos que en diciembre de 2015 escogieron la actual AN, cuando antes de que esos diputados asumieran sus cargos, los oficialistas salientes nombraron irregularmente a 13 de 32 magistrados titulares y 20 suplentes para el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

La corrupción también se hizo ley para los gobernantes y eso ha llevado a la ruina a una de las industrias mejor vistas en el mundo como era Petróleos de Venezuela (Pdvsa), al igual que las industrias básicas de Guayana, la producción nacional de maíz, arroz, caraotas, azúcar de caña y otros alimentos de la dieta diaria del venezolano, además de la grave devaluación del signo monetario al prolongar un control de cambio que solo ha favorecido a ladrones en el gobierno, como han dicho algunos chavistas.

Todo eso está documentado y parece que llegó el momento de corregir toda esa ilegitimidad hecha costumbre que con artimañas pretende eliminar la Constitución vigente desde diciembre de 1999.

Ante el rechazo del TSJ a sus peticiones de revisar la inoportuna Asamblea Nacional Constituyente (ANC) propuesta por el presidente Nicolás Maduro, la Fiscal General impugnó esta semana el nombramiento de los 33 magistrados del TSJ designados en diciembre de 2015 y precisó que “la falta de legitimidad de esos magistrados es lo que afecta su idoneidad, su imparcialidad; es, sin duda, un factor que ha contribuido a que el TSJ no dé soluciones efectivas al país, sino por el contrario, de lo que se encarga es de acelerar la crisis”.

La Fiscal agregó: “Espero que el tribunal entre a decidir esta nueva solicitud que estoy haciendo y que se inhiban los magistrados involucrados”.

La Fiscal reveló otra grave irregularidad en la designación de esos magistrados en diciembre de 2015 al decir: “Durante el curso de la selección de los magistrados advertí que esa no era la manera, pero nunca se me escuchó” y agregó que no fue convocada a una sesión extraordinaria del Consejo Moral Republicano para evaluar los baremos de postulación, “sino que se remitieron los expedientes y después se me presentó un acta para que yo la firmara, que me negué a firmar y que la secretaria también se negó a hacerlo”.

Frente a la tozudez en el TSJ, la Fiscal General solicitó ante su Sala Plena antejuicio de mérito contra seis magistrados y dos suplentes de la Sala Constitucional por la presunta comisión de “delitos de conspiración contra la forma republicana que se ha dado la nación”.

Los magistrados afectados son: Juan José Mendoza, Arcadia Delgado, Carmen Zuleta, Calixto Ortega, Luis Damiani, Lourdes Suárez, y los suplentes Federico Fuenmayor y René De Graves.

La Fiscal explicó que “frente a la negación y desconocimiento del Estado de Derecho me vi en la necesidad de solicitar este antejuicio de mérito porque es necesaria la paz en la República” y solicitó que esos magistrados “ética y moralmente se inhiban de seguir en el cargo. En el supuesto que no lo hagan solicitamos la recusación y la medida cautelar innominada”.

La Asamblea Nacional, por su parte, juramentó el martes a los diputados y miembros de la sociedad civil del Comité de Postulaciones Judiciales que se ocupará de escoger a los nuevos magistrados del TSJ.

Los diputados miembros principales de ese comité son Carlos Berrizbetia, Ismael García, Édgar Zambrano y Sonia Medina, mientras que como suplentes están Rafael Guzmán, Luis Padilla, José Gregorio Hernández, Maribel Guédez y Olivia Lozano.

Además de pruebas sobre la ilegalidad de varias decisiones anteriores, la representante del Ministerio Público presentó pruebas de la orden de varios juzgados para prohibir la recepción de apoyos al recurso introducido por la Fiscal en el estado Portuguesa, lo que viola la Tutela Judicial Efectiva.

En la mira del mundo

Carlos Sánchez Berzaín, analista político boliviano, advirtió que del resultado de lo que suceda en Venezuela depende el futuro de América.

Igualmente dijo: “Venezuela vive una crisis económica, social, política, humanitaria; la prolongación de la crisis que desde 1959 el castrismo ha introducido y expandido gracias al dinero de Chávez a partir de 1999 en toda la región” y remató: “Nicolás Maduro es un títere del castrismo”.

Esta semana, fiscales y procuradores de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, El Salvador, España, Guatemala, Panamá, Paraguay, Portugal y Uruguay, en el marco de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos (AIAMP), manifestaron su solidaridad con la actuación de la Fiscal General, Luisa Ortega Díaz, y dijeron en un comunicado: “Rechazamos de esta forma cualquier pretensión de llevar adelante reformas legales, que impidan de cualquier modo al Ministerio Público ser autónomo e independiente, y que por ende busquen afectar las investigaciones en curso”.

El secretario de Estado de EEUU, Rex Tillerson, aseguró el miércoles que su Gobierno está trabajando en una “lista muy robusta” de individuos de Venezuela para ampliar sus sanciones.

Esa fue su respuesta a la congresista republicana Ileana Ros Lehtinen, quien,  durante una audiencia en el comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, le pidió que tomara en cuenta en las sanciones las muertes ocurridas en las protestas de los últimos dos meses y medio en Venezuela.

Abogados, profesores, exmilitares y periodistas de Colombia y Venezuela presentaron ante la Fiscalía en Cúcuta, capital del departamento de Norte de Santander, una denuncia contra el presidente venezolano, Nicolás Maduro, por delitos de lesa humanidad luego de la deportación de más de un millar de colombianos en agosto de 2015.

El presidente de la Colegiatura de Abogados Litigantes de Colombia en Norte de Santander, Rafael Villamizar, indicó que la demanda se presentó contra Maduro “no como presidente de Estado, sino como alguien que pierde su investidura por incurrir en estas prácticas y que puede ser capturado en cualquier país del mundo”.

En el TSJ

Lo que trasciende demuestra que en el máximo tribunal de la República no todo es color de rosa.

La magistrada Gladys Gutiérrez presumiblemente se encuentra fuera del país. Faltó en dos Salas plenas. Según información proveniente del TSJ fue reemplazada por el magistrado Federico Fuenmayor, pero corrieron los rumores no confirmados que ese magistrado habría renunciado.

Además de los magistrados abiertamente opuestos a recientes decisiones señaladas por la Fiscal General, hay otros detalles lamentables.

El secretario de la Sala de Casación Civil del TSJ, Ricardo Antonio Infante, murió la noche del sábado al lanzarse desde una ventana de su apartamento en Caracas.

El presidente de la Sala Constitucional del TSJ, Juan José Mendoza, sufrió un infarto en la noche del lunes y afortunadamente el miércoles se supo que estaba estable.

 

 

Antonio Ecarri Bolívar

Democracia sin fronteras. Vicepresidente del partido Acción Democrática.

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