La cultura del soborno

La desesperación con la que masas de gente buscan anotarse para conseguir la llamada “tarjeta de la patria”, que para el hambriento representa la esperanza de conseguir comida y para el gobierno, contar con un votante, cierra un trágico ciclo corrupción. Se inició hace 17 años con el Plan 2000 que entregó a altos militares la nunca castigada posibilidad de hacerse millonarios por vías poco santas y desde entonces, nunca dejó de prosperar bajo nuevos aspectos.

Las modalidades corruptoras practicadas  a partir de la presidencia de Chávez y posteriormente de Maduro, abarcaron campos como el diferencial cambiario y la comisión cobrada en cualquier operación de contratación o compra gubernamental, pero sobre todo, subieron de tono gracias a la protección presumiblemente ordenada por Chávez del paso de la droga de las FARC. En todos los mencionados casos, sevasegura que los principales beneficiarios fueron diversos altos militares cuyas armas eran el principal apoyo del régimen imperante, situación que se mantiene actualmente.

En el 2017, parecía  que el gobierno, sin mayores ingresos petroleros y agobiado de deudas, ya  no tendría de donde sacar más ganancias corruptoras, pero quien así lo pensaba, estaba equivocado.

El bolívar y la gasolina

En el caso de las casas de cambio y las gasolineras cerca de la frontera, la posibilidad de lucro que abren en este mes de enero, supera las más fantasiosas componendas de especulación para lucrarse con el diferencial entre regulación versus mercado negro.

De la gasolina – con sólo crear un punto cerca de la frontera, donde la venden a un precio inferior al internacional, muy superior al del resto de Venezuela, pero más pequeño que el de Colombia, todas las combinaciones se hacen posibles y el diferencial entre un precio y otro es una invitación al lucro del más hábil.

En cuanto a las casas de cambio fronterizas, alguien las inventó para hacer su agosto, porque después de comprar los pesos colombianos con bolívares, el comprador puede cambiarlos en Colombia en dólares, y le saldrá cada dólar en Bs. 734. Bastará entonces que regrese a Venezuela y podrá vender ese mismo dólar al precio libre, por lo menos en Bs. 3.500 cada uno. Negocio redondo, que supera en ganancia a cualquier otro campo, narcotráfico incluido.

Dilema para la Fuerza Armada

El hambre sirve para todo.  La distribución de las bolsas de comida vendidas a precios regulados por los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (Clap) terminó en algunos casos en una rebatiña de negocios personales, a tal punto que en Catia, Caracas, desautorizaron a algunos Comités, reiniciaron nuevas listas de beneficiarios y al final, llegó la orden de canalizar las bolsas de comida a través del Ejército, lo cual tampoco parece funcionar al juzgar por los reclamos de la gente.

Lo de involucrar a militares en la compra y distribución de alimentos, desembocó en el lugar que menos se esperaba: en el Congreso norteamericano, puesto que varios senadores de allá emitieron declaraciones pidiendo aprobar sanciones contra altos militares venezolanos que “se lucran con el hambre del pueblo”. La moción, de hacerse,  entraría en las listas de los sancionados por violación de Derechos Humanos.

Cabe preguntarse hasta dónde y en qué medida el Alto Mando Militar permanecerá en una tarea que no le incumbe, como la de jugar al bodeguero. Por el momento, según la agencia AP, los candidatos a sanciones en el Congreso norteamericano serían los generales Rodolfo Marco Torres y Carlos Osorio, en sus cargos de ministros de Alimentación, actual y anterior respectivamente. Sin embargo, la importación y distribución de la comida que se incluye en las bolsas Clap, no está en manos del ministerio, sino bajo las órdenes del Alto Mando Militar. Allá ellos con su problema.

La confesión de Odebrecht

Hablando de corrupción, sin duda el mayor bulto por investigar tarde o temprano, serán las declaraciones del dueño de la empresa brasileña de construcción Odebrecht, quien está preso actualmente por corrupción y ha sido propenso a confesiones.

Marcelo Odebrecht, condenado a casi 20 años de prisión y los demás ex altos funcionarios de la empresa presos por acusaciones de sobornos, aceptaron hablar para reducir sus penas. Ante el Departamento de Justicia de Estados Unidos, existe actualmente la confesión, hecha en diciembre pasado, de que la constructora Odebrecht, pagó comisiones en 12 países y se dan cifras de los montos en millones de dólares entregados en sobornos a altos funcionarios gubernamentales.

En el caso de Venezuela, el pago habría sido de 98 millones de dólares entre 2006 y 2015 – lo cual involucraría tanto a personas del gobierno de Hugo Chávez como de Nicolás Maduro. Sin embargo, hasta la fecha, salvo lo dicho en la Asamblea Nacional, no hay ningún gesto del gobierno para investigar el caso.

En Perú, por montos mucho menores, hay investigaciones que mencionan a dos ex presidentes peruanos, quienes deberán defenderse ante tribunales. En Ecuador, el presidente saliente Rafael Correa (no se presenta a reelección) dio en estos días una larga entrevista a CNN en español y frente a la periodista Patricia Janiot, negó rotundamente su posible involucramiento en el caso que, por cierto, está en manos de la justicia de su país. En Brasil, único de los 12 países involucrados cuyo monto de comisiones supera el de Venezuela, según Reuters, el ex presidente Lula da Silva es nombrado como la persona que deberá responder por el caso de 22 millones de dólares en comisiones de contratos firmados entre la petrolera estatal Petrobras y la constructora privada Odebrecht. Igual han abierto investigaciones en todos los países involucrados, salvo uno – Venezuela.

PDVSA, la más opaca

El caso de PDVSA donde hay actualmente en Houston cuatro personas bajo juicio por sobornos mil millonarios a la petrolera estatal y donde según Reuters los acusados se declaran culpables para minimizar la pena, lo interesante es que todos los juicios son en Estados Unidos.

En Venezuela, donde PDVSA ha adquirido compromisos de deuda de miles de millones de dólares, no existe ni acusación, ni revisión alguna de estos endeudamientos.

En cuanto a la caja chica del gobierno, alimentada por PDVSA y utilizada por la presidencia, como lo ha sido Fonden, serían US$100.000 millones que, según una de sus presidentes, se esfumaron de sus arcas, sin que nadie pregunté qué pasó.

La corrupción se populariza

Una vez creada la costumbre del soborno para corromper, se llega ahora a su peldaño más humilde y más provechoso electoralmente: el del ciudadano hambriento y necesitado.

La entrega de la Tarjeta de la Patria aparece como el equivalente menudo y proletarizado de una cultura del soborno. La gente ha tenido más de tres lustros de entrenamiento sostenido en esa materia y no es de extrañarse, que las clases fueron asimiladas.

Lo único que queda por saber para apreciar plenamente la extensión del soborno, es qué esconde el texto encriptado en el reverso de cada Tarjeta de la Patria, porque para obtenerla, cada ciudadano debe pasar por una confesión detallada de sus datos y su vida. Aparentemente, el soborno popular logrado por un bocado de comida, precisa de la más avanzada tecnología, superior a las de Odebrecht o de PDVSA. Venezuela aparece de punta de lanza en la materia.

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