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Fiscalía de EEUU acusa a dos personas más por corrupción en Pdvsa

Un empresario de Texas, Charles Quintard Beech III,  y un residente venezolano en Florida, Juan José Hernández Comerma, fueron acusados el pasado diciembre por la Fiscalía de EEUU por conspirar para sobornar a funcionarios de la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa).

En un reporte especial de Latin American Herald Tribune, se informa que estos dos personajes forman parte de una investigación de las autoridades estadounidenses por fraude y lavado de dinero en el gobierno venezolano, por las que ya fueron acusados Abraham Shiera Bastidas y Roberto Rincón.

En la “Información Criminal” presentada este miércoles en el Tribunal Federal de Houston, Texas, Charles Quintard Beech III de Texas es acusado de conspiración y se alega que controló “junto con otros” a varias compañías estrechamente vinculadas que negociaban con PDVSA.

“El 23 de agosto de 2012, aproximadamente, el Demandado BEECH cordenó que $ 132.240,32 se transfirieran desde una cuenta bancaria de los Estados Unidos a nombre de una compañía propiedad de la Demandado BEECH a una cuenta bancaria suiza a nombre de una empresa controlada por el funcionario “G” de PDVSA, a cambio de que el asistente del funcionario “G” le diera prioridad a una empresa o empresas propiedad de BEECH sobre otros vendedores en PDVSA con facturas pendientes”, dicen los cargos en la información penal.

En una segunda presentación, Juan José Hernández Comerma, residente permanente estadounidense desde 2010 en el condado de Broward, Florida, es acusado de conspiración y violaciones a la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA). Hernández Comerma es accionista minoritario de una compañía de la Florida controlada por Abraham Shiera Bastidas y es acusado de conspirar con Shiera, Roberto Rincon y otros.

Shiera y Rincón ya se declararon culpables y aguardan sentencia por sobornar a funcionarios de PDVSA luego de que fueron acusados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos de participar junto con otros dos en un esquema de sobornos de unos 1.000 millones de dólares para ganar contratos en PDVSA y su subsidiaria Bariven S.A.

Foto Archivo ENPaís