Gracias a la poca profesionalidad de la cancillería,  Venezuela es débil 

Por Gerson Revanales

***Venezuela es la débil jurídica y políticamente en la reclamación del Esequibo, gracias a la poca profesionalidad de la cancillería a la hora de defender nuestro territorio.

A casi doscientos años de que el libertador Simón Bolívar, en 1822, le solicitara a la corona inglesa por intermedio del doctor José Rafael Revenga, ministro venezolano en Londres, “el retiro de sus colonos de las tierras del Demerara y Berbice situadas al oeste del rio Esequibo, pertenecientes a Venezuela por los tratados entre España y Holanda o se pusieran bajo “jurisdicción y obediencia” de nuestro país”, dicha reclamación se mantiene en busca de una solución práctica y satisfactoria para las Partes, como decidieron en el Acuerdo tripartito de Ginebra de 1966, firmado entre la República de Venezuela, el gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña y el Primer Ministro de la colonia inglesa de la Guyana Británica. Sin embargo, gracias a la negligencia del gobierno, hoy como reos de la Justicia, nuestra reclamación se encuentra en la Corte Internacional de Justicia (CIJ).

El territorio en reclamación, en este momento, se encuentran en peligro de perderse por diversas razones y causas, como fueron en el pasado las componendas del imperio Británico y en la actualidad por la irresponsable conducción del proceso, cuando el gobierno permitió que la reclamación llegara hasta la CIJ, habiendo sido advertida tanto por el anterior secretario General de la ONU, Sr. Banki Moon de que si para diciembre del 2017 no había sido alcanzada una solución, la reclamación sería enviada a la CIJ, como procedió el actual secretario General de la ONU; a sabiendas de que Venezuela nunca había reconocido la Jurisdicción de la Corte Internacional.

Venezuela siempre ha sido la débil jurídica y política en la reclamación del Esequibo, desde 1897 cuando EE.UU sirvió de facilitador para la firma del tratado de Washington; luego en 1899, es víctima del atropello de los jueces arbitrales ingleses con la complicidad del juez ruso Federico de Martens, presidente de un tribunal lleno de vicios como lo denunció el abogado americano Mallet Prevost. Ahora, en el 2018, somos nuevamente víctimas de una extraña decisión de los dos últimos secretarios generales de la ONU, al remitir el caso a la CIJ, haciendo caso omiso tanto del preámbulo del Acuerdo de Ginebra como su articulado, cuando las Partes acordaron una solución “satisfactoria y practica”, cuando la vía jurisdiccional de ninguna manera cumple con las anteriores condiciones.

La decisión inconsulta del Secretario General y del Consultor Jurídico de la ONU, quienes sabían perfectamente que Venezuela no reconoce la jurisdicción de la Corte, representa una afrenta a nuestra soberanía. Venezuela no puede ser llevada a un tribunal internacional como si fuera un reo común. El propio Estatuto de la Corte Art. 36 y el Reglamento en su Art. 38 dejan claro que es necesaria una expresa declaración de los Estados para aceptar su Jurisdicción; por lo que existe la duda razonable sobre esta decisión, cuando los intereses de las transnacionales petroleras en el territorio en reclamación rondan en el Esequibo.

J. Gerson Revanales M

Balcón del Ciudadano. Internacionalista. Post Doctorado RR.II Embajador de Carrera por concurso

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