Arco minero del Orinoco: La ley que marcará el final de una tragedia

Por.- Alfredo Conde

El diputado Ramón Flores Carrillo, presidente del Parlamento Amazónico y el exsenador y ambientalista Alexander Luzardo Nava, quien fue presidente de la Comisión de Ambiente y Ordenación Territorial de la Cámara del Senado del Congreso Nacional durante la época democrática, explicaron para Zeta los alcances del Proyecto de Ley de Mega Reserva del Agua Dulce, Biodiversidad y del Potencial Hidroeléctrico del Sur del Orinoco y la Amazonía Venezolana, que marcará el final de la tragedia que significa el Arco Minero del Orinoco.

El daño al medio ambiente a causa del ilegal Arco Minero del Orinoco es evidente, como lo muestra la gráfica.

Ponerle punto final a lo que ha calificado como uno de los “ecocidios más grandes del planeta”, es decir al mal llamado Arco Minero del Orinoco, ha sido el principal objetivo de lucha del diputado Ramón Flores Carrillo desde que asumió las riendas del Parlamento Amazónico, capítulo Venezuela, en marzo pasado.

Los avances en este sentido han sido significativos. Junto a la Comisión de Ambiente de la Asamblea Nacional (AN), que preside Luis Parra, y a una comisión mixta conformada por otros parlamentarios y un grupo de reconocidos expertos en la materia ambiental, se logró aprobar en primera discusión (el pasado 2 de octubre) el Proyecto de Ley de Mega Reserva del Agua Dulce, Biodiversidad y del Potencial Hidroeléctrico del Sur del Orinoco y la Amazonía Venezolana, la cual permitió derogar el Decreto 2.248 de 2016, que creó la Zona de Desarrollo Estratégico Nacional “Arco Minero del Orinoco”, que aparte del gigantesco daño ambiental que produce al país, se ha convertido en una puñalada para los pueblos indígenas y en un santuario del crimen organizado y hasta de la guerrilla del ELN, como han denunciado varios diputados desde la AN.

El doctor Alexander Luzardo Nava (AL), exsenador ambientalista y expresidente de la Comisión de Ambiente y Ordenación Territorial de la Cámara del Senado del Congreso Nacional, ha sido uno de los principales artífices del citado proyecto de ley y junto a Ramón Flores (RF) explican a los lectores de Zeta los alcances de este instrumento legal, que deben conocer bien todos los venezolanos, porque lo que está en juego es el futuro del país.

-Desde que asumió la presidencia del Parlamento Amazónico en marzo de este año, su posición ha sido firme en cuanto al rechazo al ilegal Arco Minero del Orinoco. Es preciso recordar a nuestros lectores las razones de esa ilegalidad y por qué lo considera uno de los ecocidios o crímenes ecológicos de mayor dimensión que se está cometiendo en el planeta.

RF: -El Parlamento Amazónico, que me honro en presidir, ciertamente ha rechazado este gigantesco crimen ecológico, de dimensiones planetarias, y quizás el de mayor envergadura que se está perpetrando por lo menos en el ámbito continental. El decreto 2.248 del 24 de Febrero de 2016 promulgado por el régimen de Nicolás Maduro y su combo de gabinete minero, abarca una extensión de 111.848 kilómetros cuadrados, aproximadamente el 12,2% del territorio nacional y afecta las selvas del Escudo Guayanés, sus ríos, suelos milenarios y por supuesto las áreas protegidas más importantes del país.

-El decreto viola la Constitución venezolana –agrega Flores-, ya que es potestad de la Asamblea Nacional autorizar o no al Ejecutivo Nacional, cuando se trata de contratos de interés nacional, tal como lo establecen los Artículos 150 y 187. Así mismo, este decreto, es violatorio de las normas ambientales constitucionales y de los derechos de los pueblos indígenas.

-¿Qué áreas están siendo afectadas por el arco minero?

RF: -Se afecta gravemente el estado Bolívar en más de 40%. El estado Delta Amacuro, en la zona correspondiente a la Reserva Forestal de Imataca, y también produce daño al expandirse la minería en el estado Amazonas. Incluso este megaproyecto afectaría también el Mar Caribe, por la contaminación de mercurio y cianuro.

-El proyecto de Ley Orgánica de Creación y Protección de la Mega Reserva Nacional de Agua Dulce, Biodiversidad y del Potencial Energético Hidroeléctrico del Sur del Orinoco y la Amazonía Venezolana, tiene mucho qué ver con el Arco Minero del Orinoco. De hecho, en la primera discusión y aprobación que se le hizo en la Asamblea Nacional, el pasado 2 de octubre, quedó derogado por unanimidad, el decreto 2.248 que lo creó. ¿Qué nos puede decir al respecto?

RF: –En forma contundente y unánime la Asamblea Nacional, presidida por el diputado Omar Barboza, avanzó en la derogatoria del decreto 2.248 del mal llamado arco minero, al aprobar este proyecto en primera instancia, pero además también deroga el decreto 3.110 del 2004 emitido por el expresidente Hugo Chávez, que abre la Reserva Forestal de Imataca para la actividad minera. Así mismo se deroga el decreto 2.231 del 10 de Febrero del 2016 de Nicolás Maduro que crea la compañía anónima militar de industrias mineras, petroleras y de gas (Caminpeg).

-Se trata de una respuesta integral, de un mensaje al país

La ley aprobada en primera discusión en la AN ya derogó el decreto que creó al ilegal y mal llamado Arco Minero del Orinoco

y a la comunidad internacional, incluyendo a los organismos financieros, para que no avalen este horrendo crimen contra la República y el planeta.

 -En las exposiciones de los parlamentarios sobre el proyecto de Ley, del cual es usted el autor intelectual, el acento estuvo colocado en la necesidad de que todos los venezolanos participen de manera activa en la promoción y posterior defensa de este instrumento legal. ¿Considera que en los actuales momentos la población tiene conocimiento de lo que sucede en el sur del país?

AL: –Los medios se han ocupado del tema, al igual que las organizaciones no gubernamentales, las universidades y los expertos, pero es necesario ampliar la información, realizar una labor pedagógica, pero creo que existe una importante sensibilización en amplios sectores de la población.

-Es de señalar –continúa Luzardo-, que en el seno del propio gobierno hay gente que cuestiona este decreto del arco minero y varios de los exministros que acompañaron en su gabinete a Chávez se oponen firmemente a esta política extractivista y promotora del rentismo.

-La oferta engañosa del gobierno dice que van a superar el rentismo, pero en realidad van del rentismo histórico, al hiperentismo petrominero.

-Es importante que los sectores de oposición no vuelvan a caer en el mismo discurso y en una política insustentable a la luz de los retos que en el ámbito planetario nos plantea el cambio climático.

-Hay que destacar la decisión del Poder Legislativo venezolano al aprobar el proyecto de Ley de la Megareserva Nacional de Agua Dulce, Biodiversidad y del Potencial Energético Hidroeléctrico del Sur del Orinoco y la Amazonia Venezolana, pero también la decisión previa del 14 de Junio de 2016, en cuya sesión plenaria la Asamblea Nacional desconoció el Decreto 2.248 y no otorgó la autorización constitucional al Ejecutivo, en la ejecución del mal llamado Arco Minero del Orinoco que obligan los Artículos 150 y 187, numeral 9.

-A lo largo de 3 años se ha producido un intenso y largo debate nacional con proyecciones internacionales, siendo abordado el tema en debates parlamentarios, en la Comisión Mixta de seguimiento al arco minero que preside el diputado del estado Bolívar, Américo De Grazia, quien previamente denunció las masacres de Tumeremo y otros crímenes posteriores. El diputado de Grazia, y los demás parlamentarios de esa Comisión Mixta, creada por la plenaria en el Acuerdo del 14-06-2016, realizaron consultas y aportes, así como mantuvieron las banderas a lo largo de estos tres años. También la Comisión de Ambiente, presidida en distintos momentos por los diputados Julio Cesar Reyes, actual vicepresidente de la AN, (2016), José Simón Calzadilla (2017) y Luis Parra (2018).

-Ello incluye la participación en 3 informes previos en la cual han participado los parlamentarios Carlos Andrés González, María Gabriela Hernández, Francisco Sucre, Ezequiel Pérez, el diputado indígena Rommel Guzamana. Gladys Guaipo (presidenta de la Comisión de Pueblos Indígenas), el diputado Luis Aquiles Moreno, en su condición de presidente de la Comisión de Petróleo y Energía, que también forma parte de la Comisión Mixta. Así mismo de manera intensa desde su instalación el Parlamento Amazónico, presidido por el diputado Ramón Flores, ha asumido posiciones de vanguardia tanto en el ámbito nacional como internacional denunciando el mamotreto del arco minero.

 -¿Háblenos de la biodiversidad, de las reservas forestales, de los ríos, la fauna, etc., en qué grado han sido afectados?

AL: –El decreto 2.248 afecta y sacrifica la Reserva Forestal de Imataca, ubicada entre los estados Bolívar y Delta Amacuro, que tiene una extensión de 3.800.000 hectáreas, también la Cuenca del Rio Caroní de la cual depende la electricidad de más de un 65% del país, el Parque Nacional Caura, que hasta hace poco era la última cuenca virgen del planeta, el monumento nacional Guanay (Tepuy) ubicado en el estado Amazonas.

-Es evidente –prosigue Luzardo- la mercurización y la cianurización de los ríos y demás cuerpos de agua y, por supuesto, la biodiversidad o riqueza biológica mermarían con la desforestación y la proliferación de mercurio y cianuro. Estamos hablando de más de 12 millones de hectáreas las cuales serían sacrificadas por la voracidad fiscalista de un gobierno ambientalmente irresponsable cuya consigna principal parece ser aquella del rey francés (después de mi el diluvio).  Al gobierno no le importan las generaciones futuras.

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-Otro aspecto resaltante en el proyecto de ley es el relativo al potencial hidroeléctrico que posee esa vasta región. ¿También se encuentra en grave riesgo?

AL:-Sí, la Cuenca del Rio Caroní, es una de las más importantes del planeta por su potencialidad energética. Ahí se encuentran construidas la gran Represa de Guri,  las Macagua y Caruachi sin las cuales en este momento el país colapsaría por falta de suministro eléctrico.

-Guri es la obra civil de ingeniería más importante de la historia de Venezuela, incluso ninguna de las obras de (Marcos) Pérez Jiménez alcanza la dimensión de esta obra de la democracia que empezó a concebirse durante el gobierno de Rómulo Betancourt. Se estima que la potencialidad energética del Caroní está entre 500 mil y 800 mil barriles de petróleo, con la particularidad de que este caso se trata de energía limpia.

 -¿A qué nos enfrentamos todos los venezolanos si no actuamos ahora? ¿Qué futuro nos espera?

AL: -Estamos en presencia de un proyecto político económico, social y antiambiental, inviable, insustentable y totalitario, que amenaza las presentes y futuras generaciones, que se afianza en el rentismo, el extractivismo y el parasitismo que promueve.

Ya el escritor, exministro y exsenador Arturo Uslar Pietri denunció en 1936 y a lo largo de toda su vida, el carácter corruptor de la mina. También lo hicieron Pérez Alfonzo, Ángel Rosemblad, Francisco Mieres y otros.

-Pero el actual gobierno –añade Luzardo- que dice que va a superar el rentismo pero para avanzar hacia una fase HIPERENTISTA.

-Si no actuamos ahora podremos callar para siempre… Es necesario unir todas las fuerzas del país para recuperar la senda de la sustentabilidad, pues estamos en presencia de un desmembramiento de la Republica y de la sociedad. La base de recursos del país está siendo depredada. Las grandes conquistas ambientales están amenazadas, tal como se evidencia en la invasión de parques nacionales, reservas forestales y otras áreas de especial importancia ecológica.

-En su condición de autor del proyecto de Ley Orgánica de Creación y Protección de la Megareserva Nacional, de Agua Dulce, Biodiversidad y del Potencial Energético Hidroeléctrico  del Sur del Orinoco y la Amazonia Venezolana, -¿Cómo estima usted el aporte de los parlamentarios en esta tarea trascendente?

AL: -El apoyo parlamentario ha sido decisivo, comenzando desde que el 26 de Abril de 2016 y el 14 de Junio  de 2016, me solicitaron expresamente que elaborara una propuesta para buscarle una salida a este grave problema y allí surgió la idea del proyecto de ley. La Asamblea ha aprobado además de un acuerdo vital, tres informes de la Comisión Mixta, (comisiones de Petróleo y Energía, Ambiente y  la de Pueblos Indígenas).

-El Parlamento Amazónico desde su instalación, incluyó el proyecto como prioritario, y en lo particular cada una de las comisiones, incluyendo la Comisión Ordinaria de Legislación, presidida por el diputado Omar Barboza, quien decidió incluirla en el bloque de leyes prioritarias.

-En todas estas comisiones hemos sido invitados a comparecer, con base al largo trabajo desarrollado, tanto en nuestra actividad parlamentaria en otra época, como en nuestra condición de Profesor Titular universitario (UCV) y activista ambiental.

-Considero que la Asamblea Nacional aún con la crisis institucional existente, con su desconocimiento por parte del Ejecutivo, ha cumplido un papel relevante que hay que destacar. Desconocerlo sería una mezquindad.

-Además de los parlamentarios, debo  reconocer el apoyo que me han brindado, en el proceso de consultas relacionado con el proyecto de ley, el doctor Enrique Colmenares Finol, exministro del Ambiente, durante cuya gestión se crearon las últimas áreas protegidas de Amazonas, quien además presidió la delegación venezolana a la Cumbre de la Tierra, de la ONU, de 1992; el gran investigador científico de mundo neotropical, doctor  Otto Huber, el mayor experto y conocedor de  los tepuyes, y el doctor Edgar Yerena, profesor, abogado y biólogo, de la Universidad Simón Bolívar, experto en el áreas de legislación y áreas naturales protegidas.

 -En el área de pueblos indígenas, el gran antropólogo y lingüista Dr. Esteban Emilio Mosonyi, con dominio de más de sesenta (60) idiomas, de los distintos continentes, incluyendo 32 idiomas  indígenas.

 Todos ellos revisaron el proyecto de ley, siendo tomadas en cuenta sus observaciones y aportes, incluso en los tres informes parlamentarios previos de 2016, 2017 y 2018.

-En el área de apoyo logístico y aportes a la información social, ha sido importante el trabajo de la investigadora María Julia Lara.

-Por otro lado, fue muy útil, el diálogo y la visión sobre la Cuenca del Caroní, de los ingenieros Miguel Pavlov (ingeniero de ríos) y el exviceministro de Energía Eléctrica, Víctor Poleo.

-En la elaboración de mapas solicitados expresamente por mí, quiero reconocer el apoyo de los geógrafos Luis García, Jorge Padrón y del profesor Jorge Naveda.

-En materia de legislación considero que el derecho ambiental es una transdiciplina, y en proceso de elaboración de las leyes trabajo, bajo un modelo abierto que he acuñado como el Enfoque Trasepistemológico.

 -Diputado, usted también ha denunciado la grave situación que viven los pueblos indígenas a causa del arco minero. Ha dicho que hay crímenes de Lesa Humanidad, que son imprescriptibles.  

RF: -Los pueblos indígenas del Sur del Orinoco y la Amazonia, han sido desconocidos con el decreto de Maduro denominado arco minero. Sin duda que el megaplan minero conduce a una migración forzada, al desarraigo, a la pérdida de sus territorios, todo lo cual conduce al genocidio, razón por la cual estamos sustanciando expedientes para realizar las denuncias correspondientes antes los organismos internacionales.

-El presidente de la Asamblea Nacional, Omar Barboza, fue contundente en lo que afirmó tras la derogación del decreto del Arco Minero del Orinoco y la aprobación en primera discusión y por unanimidad del proyecto de ley. Además, nos habló del Sínodo Panamazónico de 2019, el cual el papa Francisco considera que será un “nuevo camino para la Iglesia y para una ecología integral”. ¿Qué podemos esperar de ese Sínodo?

AL: –El Presidente de la Asamblea Nacional, diputado Omar Barboza, apoyó totalmente la derogatoria del decreto 2.248 del mal llamado arco minero y por supuesto la aprobación del proyecto de ley el cual aspira llevar al Sínodo Panamazónico de Obispos, convocado por el papa Francisco en Roma, en el cual la temática de la minería, la desforestación, la contaminación, etc., serían abordados, profundizando de esta forma el compromiso y la acción de la Iglesia Católica, tanto en su jerarquía, como en sus distintas instancias de participación en la defensa de la Amazonia, los pueblos indígenas y locales y el planeta en general.

-Todo esto se inscribe en la Encíclica Papal la Casa Común en la cual la Iglesia plantea y reconceptualiza la clásica cosmovisión antropocéntrica, por una cosmovisión más amplia en la cual son tomadas en cuenta todos los seres vivos como parte de la creación y la multi-evolución.

 -¿Qué sigue a continuación? ¿Cuáles son los próximos pasos que se darán hasta lograr la aprobación de lo que innegablemente es una ley vital para el futuro del país? 

RF: –Sigue el proceso de consulta a nivel nacional y luego vendrá el informe para la segunda discusión y su respectiva aprobación como ley de la República, la cual formará parte de un banco de leyes que la Asamblea Nacional tendrá cuando se produzca el cambio de rumbo y de dirección del país.

 

-¿Cómo está la situación del Parque Nacional Canaima,  Patrimonio Natural de la Humanidad?

RF: –El Parque Nacional Canaima, el más emblemático de Venezuela y el más conocido en el exterior y que forma parte de la Cuenca del Caroní está siendo depredado por la actividad de la minería promovida por el gobierno venezolano. Existen mafias controlando todo, bajo la mirada cómplice de autoridades civiles y militares. Podemos decir que en Canaima la República se pierde en un área que tiene casi tres millones de hectáreas aproximadamente.

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-Este Parque Nacional –apunta Ramón Flores- fue creado en el año 1962 por el gobierno del presidente Rómulo Betancourt y ampliado durante el primer gobierno del presidente Carlos Andrés Pérez. Hoy está en una situación de peligro, razón por la cual debe ser considerada por la UNESCO, organismo que lo declaró Patrimonio Natural de la Humanidad en 1994. Canaima está en peligro por la subversión minera, con la particularidad que sin la preservación de este parque nacional, la cuenca del Caroní se vería mortalmente afectada, y por supuesto el potencial hidroeléctrico y el suministro de electricidad en todo el territorio nacional.

 

Qué incidencia tiene el denominado arco minero en el cambio climático?

RF: -La actividad minera por su propia naturaleza es depredadora, supone movimientos de tierra, deforestación, contaminación de mercurio y cianuro, ocupación humana y social, expansión de la frontera urbana y agrícola en ecosistemas frágiles, lo cual genera la pérdida de la diversidad biológica.
-Los bosques húmedos tropicales, que quedan muy pocos en el planeta y que concentran la mayor riqueza biológica y ecológica, al desaparecer la selva amazónica, se afecta su condición de regulador del clima global, de “pulmón del planeta”, dejando de cumplir la función de sumidero de carbono. Debemos tener claro que la Amazonia no es un espacio vacío, como sostenía la vieja concepción desarrollista y militarista de las dictaduras del Sur, así como también la clásica geopolítica expansivista; se trata de espacios llenos de vida, flora, fauna, ríos y demás cuerpos de agua… De allí que manejamos el criterio de la Amazonia en sentido amplio, no restringido, lo cual incluye en Venezuela, a los estado Bolívar, Delta Amacuro y Amazonas, aproximadamente el 50% del espacio geográfico nacional, pero teniendo claro que forma parte de la Cuenca Amazónica (junto a Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú y Surinam).

-El decreto denominado arco minero, impacta, sin duda, en el cambio climático, al sacrificar la Amazonia, y el Escudo Guayanés.

-¿Qué alternativas económicas distintas a la minería se pueden plantear en el sur del Orinoco y la Amazonia?

AL: -Existen varias. En el marco de la Cumbre de Río + 20 de las Naciones Unidas, se asumió como la propuesta de la economía verde y la energía limpia renovable, no nuclear, que también asumió la Cumbre Climática de París 2015, también de la ONU.

 

En el mapa el arco minero invadiendo las áreas protegidas del Sur del Orinoco y la Amazonia.

-En el proyecto de Ley Orgánica de Creación y Protección de la Megareserva Nacional de Agua Dulce, Biodiversidad y del Potencial Energético Hidroeléctrico del Sur del Orinoco y la Amazonia Venezolana, aprobado en primera discusión por la Asamblea Nacional, se contempla un título referido a la Promoción e Impulso del Turismo Sustentable, Ecológico y Cultural, generador de empleos verdes, tal como los esboza la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
-Existen otros, sobre la opción de la protección de la energía hidroeléctrica, representada en la Cuenca Estratégica del Caroní, energía limpia no fósil, aun teniendo presente que las megarepresas generan un grave impacto ambiental y sociocultural, que deber ser previsto y corregido, o evitado en las nuevas realidades a la luz de las evaluaciones, de las experiencias vividas en todo el mundo desde el siglo XX hasta nuestros días. Hay que avanzar también en el desarrollo de la energía solar y la  eólica donde corresponda. Debemos agregar las potencialidades que ofrece la selva amazónica en el desarrollo de medicamentos, la farmacopea, muy asociado al tratamiento y cura de enfermedades de distintos tipos; hay que reivindicar el valor económico y ecológico del agua, la biodiversidad y también los saberes sociales, la riqueza cultural y etnobotánica de los pueblos indígenas, tal como ya lo asume la Organización Mundial de la Salud.

-Debemos sustituir el paradigma fósil y extractivista minero, cabonifero-petrolero, pues hacia allá avanza el mundo, a pesar de los contratiempos e intereses, ante los retos climáticos y los desastres socionaturales- sentenció para concluir el doctor Alexander Luzardo.

Twitter: @Alconde

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