El régimen hace del pasaporte un arma de intimidación política

Por Williams Dávila

El régimen quiere hacer del pasaporte un arma de intimidación política al conculcarle a muchos venezolanos el derecho a portarlo.

En Venezuela vivimos una calamidad total, una catástrofe de dimensiones nunca antes vista en la que convergen en forma penosa lo social, humanitario e institucional, para dar como resultado un completo proceso de degradación colectiva en la que la miseria es el signo más distintivo.

Venezuela es junto a Haití el país con mayor incidencia de esclavitud moderna de acuerdo con cifras proporcionadas a la Organización de Naciones Unidas por parte de la Fundación Walk Free. Según su Índice Global de Esclavitud 2018, un aproximado de 174.00 personas sufren esa situación en territorio venezolano, una tasa de 5,6 por cada 1.000 habitantes.

Nuestro país padece la mayor pérdida de prosperidad que país alguno haya registrado en los últimos 100 años, en cinco años Venezuela ha perdido el 40% de su PIB cifra equivalente a 200 mil millones de USD en actividad económica, a la par de esto se registra un proceso de hiperinflación que durante el primer trimestre de 2018 ya acumulaba más de 1.100 %.

El salario mínimo venezolano equivale a 1,5$ al cambio paralelo y para cubrir la canasta básica alimentaria se requiere al menos 100 salarios mínimos, es decir, los venezolanos nos hemos empobrecidos a niveles inimaginables, condenándonos casi a un estado de indigencia.

Todo esto ha traído como consecuencia un interminable éxodo de compatriotas que cruzan nuestras fronteras con la esperanza de aliviar sus tragedias y encontrar sosiego a los desmanes de los que hoy son víctimas gracias a la indolencia que caracteriza al régimen. La urgencia de encontrar al menos la subsistencia diaria, impulsa a muchos venezolanos a irse sin siquiera contar con un pasaporte valido que los acredite como ciudadanos de nuestro país exponiéndolos a toda clase de situaciones.

El pasaporte venezolano se ha convertido en un auténtico privilegio. Las mafias del gobierno conscientes de esa realidad y frente al desespero de muchos compatriotas de huir de su situación y refugiarse en tierras hermanas, ha implementado una sofisticada red de extorsión y cobro de altas sumas de dinero para acceder a un documento que la ley garantiza.

Dada esa realidad desde la Asamblea Nacional hemos emprendido diversas acciones que favorezcan a nuestros ciudadanos que hoy se encuentran en el exterior desamparados por un gobierno entreguista, corrupto y mafioso. Por ello el 24 de abril del presente año, en la Cámara de Representantes del Congreso Colombiano propuse que se generase un esquema contingencial de legalidad migratoria, compuesto de los siguientes puntos: 1) Tolerar la presencia de venezolanos con pasaportes y documentos “vencidos” ante la incapacidad o negligencia del Estado Venezolano de poder suministrarlos a nuestra población; 2) reconocer el estatus de desplazados sociales y económicos, ante el colapso integral de Venezuela, de nuestros migrantes; 3) flexibilizar los criterios de acreditación de los credenciales académicos de los migrantes, ante la negligencia del Estado Venezolano en el cumplimiento de los protocolos del Convenio de Haya respectivo y 4) gestionar un esquema que capte fondos de cooperación internacional para facilitar la inserción laboral y productiva transitoria de los migrantes.

Esas medidas posteriormente fueron acogidas por los diversos parlamentos del continente en el I Encuentro de Congresos Latinoamericanos realizado en la ciudad de Cúcuta, Colombia, el 01 de junio de este año.

Hemos actuado como se debe actuar, con coraje, determinación, arrojo y entrega, con verdadera convicción. El14 de septiembre de 2017 el Secretario General de la OEA designó un panel de expertos independientes que, dentro del proceso y la metodología de trabajo, desarrollaron tres tipos de audiencia; donde participaron 26 testigos. De esos 26 testigos, participamos dos diputados, uno de esos mí persona, con el propósito de determinar si existía o no violaciones de los Derechos Humanos en Venezuela.

Llevé un informe que posteriormente fue aprobado el 28 de noviembre en la Asamblea Nacional, contentivo de las violaciones y agresiones contra la Asamblea Nacional, esa es la lucha que hemos venido librando; no ha sido una lucha quijotesca ni retórica. Esos informes han servido para determinar que en Venezuela sí existen delitos de lesa humanidad que deberán ser penados en forma oportuna por la comunidad internacional. Nuestra labor internacional ha dado frutos, por eso se nos niega como a millones de compatriotas el derecho a tener pasaporte, para tratar de esa manera de callarnos.

Hoy quieren hacer del pasaporte un arma de intimidación política al conculcarme el derecho a portarlo, tal cual dejó claro el secretario Almagro; no es más que un “acto contrario a los derechos humanos y a la democracia” como oportunamente expresó el presidente del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional, Diego Valadés.

Se equivocan quienes piensan que podrán acallar nuestra voz o amilanarnos. Sobran razones para luchar por Venezuela y nosotros ni nos rendimos ni nos entregamos. ¡Seguiremos adelante!

 

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