La OEA se le planta al régimen

Por.- Alfredo Michelena.

En su Asamblea General, la  OEA decidió no reconocer el resultado de las elecciones del 20 de mayo, aplicar los mecanismos de la Carta Democrática y  solicitar a los Estados que impongan medidas para forzar la vuelta a la democracia en Venezuela.

La XLVIII Asamblea General de la OEA que se celebró en su sede, Washington DC, estuvo centrada en el caso venezolano. Desde la aceptación de la agenda de la reunión, hasta la aprobación de una resolución sobre el tema, los asistentes mostraron como la OEA se ha movido a favor de la democracia y las libertades en Venezuela, por encima de otras consideraciones.

Venezuela tema de la OEA

A lo largo de los últimos seis años, varios eventos marcaron un cambio de actitud de la OEA frente a la Venezuela chavista: la muerte de Chávez, la llegada de un nuevo Secretario General (SG) a esa organización y el cambio en la conducción de los gobiernos de Argentina y Brasil, en lo internacional,  además de que en lo doméstico se dio la conquista por la oposición de la Asamblea Nacional.

Antes del 2014 el tema de Venezuela en la OEA se trataba marginalmente. Esto comenzó a cambiar  con las protestas y la represión de 2014 – “la salida”. En marzo el Consejo Permanente (CP) emite una resolución “muy benevolente”, como la calificara el diario español El País. Tan solo por su nombre mostraba claramente el sesgo hacia el régimen: “Solidaridad y respaldo a la institucionalidad democrática, al diálogo y a la paz en la República Bolivariana de Venezuela”. El  bloque prochavista  (ALBA, UNASUR, Petrocaribe) era muy poderoso.

Cambios importantes

En 2015 llega Luis Almagro como nuevo Secretario General (SG) de la OEA, la crisis humanitaria comienza a expresarse, la MUD gana las elecciones parlamentarias y también las gana Mauricio Macri en Argentina.

En 2016 la nueva Asamblea Nacional (AN) promueve con Almagro un informe sobre la crisis venezolana y con base a dicho informe se activa la Carta Democrática Interamericana (CDI). Entonces comienza el tejemaneje de si se aplica o no la Carta Democrática, el cual termina favoreciendo al régimen que logra bloquear su aplicación. Sin embargo, las resoluciones y declaraciones se hacen un poco más duras, pero le dan la preeminencia a UNASUR en el tema de las negociaciones, tal como lo había maniobrado el régimen.

En mayo del 2016, Dilma Rousseff es suspendida de la presidencia de Brasil y no vuelve, lo que cambia aún más el panorama internacional. En junio se produce una nueva resolución que el canciller de Rafael Correa  acogía “con satisfacción” – era “la decisión del Consejo Permanente de la OEA, acordada por consenso de los 34 países , a favor del diálogo, sin sanciones ni amenazas de ningún tipo y que reconoce la plena soberanía de Venezuela”.

En 2017 acaecen dos hechos importantes: la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca y las sentencias 155 y 156 del Tribunal Supremo de Justicia venezolano,  que confiscan las atribuciones de la Asamblea Nacional, lo que produce un rechazo internacional que se concreta en una nueva muy importante resolución del Consejo Permanente de la OEA (CP), donde se estable por consenso que ha habido ”una alteración del hilo constitucional”.  La OEA ahora señala sin decirlo, que en Venezuela hay una dictadura.  El régimen trata de defenderse en la OEA, pero no consigue suficientes gobiernos que aboguen a su favor y opta por salirse de la centenaria organización a fines de abril. Pero a pesar del avance de los gobiernos que se alinean por la democracia y los derechos humanos  (DD.HH.) en Venezuela, no se puede avanzar más allá para aplicar la Carta Democrática ni sostener una posición más dura. Entonces se crea el Grupo de Río.

La penuria intelectual

Para la XLVIII Asamblea General el nuevo embajador de EE.UU. ante la OEA anunció que tenía los 24 votos para incluir el tema de Venezuela en la agenda y los 18 para pasar una resolución que no reconocería las elecciones del 20 de mayo.  Y en realidad no necesitó los 24 votos para incluir  el tema de Venezuela, pues ninguno de usuales aliados del régimen, es decir Nicaragua y Bolivia, intervinieron y entonces, la moción se aprobó por consenso. Más bien el representante del régimen venezolano, Jorge  Arreaza, dijo que no se opondría a que se discutiera el tema, si bien pidió derechos a réplica cada vez que algún país señalaba a Venezuela. Y dejó claro, que no le importaba lo que pensaran los países de la OEA, porque su gobierno estaba “contando los días para irse de la OEA”. Venezuela estará fuera en abril de 2019, pues se cumplirían dos años desde que pidieron su exclusión.

Fue cuando llegaron las contrarréplicas. La Canciller canadiense Chrystia Freeland fue demoledora con Arreaza cuando este atacó la posición de Canadá. Le dijo que los defectos de Canadá, que ella reconoció públicamente,  y de cualquier otro país, no lo descalifica para defender los derechos humanos (DD.HH.) del pueblo venezolano y que el problema no es un ataque del imperialismo, sino la preocupación de todos los países sentados en esa mesa frente a la crisis  en Venezuela. El brasileño, al responderle a Arreaza,  le dijo que su país había ofrecido “…más de una vez una colaboración en la vigilancia epidemiológica, el suministro de vacunas, ofrecemos diálogo con respecto a la seguridad fronteriza y no hemos tenido respuesta concluyente”.  Por su parte el canciller chileno, luego de escuchar la plétora de epítetos, insultos y sarcasmos del representante del régimen, respondió contundentemente: “si Arreaza nos trata así a nosotros, que somos cancilleres de otros países, imaginen ustedes como tratan a los venezolanos.” Curiosamente al canciller norteamericano, Mike  Pompeo, Arreaza le pidió más tiempo para reponerse cuando le dijo, en forma de acusación: “hablan de crisis humanitaria y no dan tiempo al gobierno para recuperarse”.  Al final, lo de Arreaza fue una parodia donde el máximo representante internacional de la Venezuela chavista mostró el pobre talante del régimen.

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La resolución

Antes de iniciar la Asamblea General, se reunió el Grupo de Lima que estuvo dando los últimos toques a la resolución sobre de Venezuela. El grupo debatió entre solo desconocer las elecciones del 20M o ir más allá y solicitar la suspensión de Venezuela con base a la Carta Democrática. El asunto, como dijo el embajador de EE.UU. es que solo se tenían seguros 18 votos para lo primero. Forzar la barra pudiera haber sido riesgoso.

El Secretario de Estado Mike Pompeo, dejó claro  que EE.UU. promovía la inmediata separación de Venezuela de la OEA. Pompeo se reunió con  embajadores latinoamericanos y el vicepresidente Pence llamó directamente a  Jefes de Estado, como a Lenín Moreno de Ecuador,  para que apoyaran la iniciativa de suspender o al menos iniciar el proceso para suspender al gobierno de  Venezuela de la OEA e invitó a 22 países para una cena en la Casa Blanca.

Sin embargo, al igual que en  la pasada Asamblea General de la OEA,  no se pudo aprobar una resolución para aplicar la Carta Democrática (CDI) a Venezuela y excluirla de la organización, Pero ahora el proyecto aprobado abre el camino al solicitar en su décimo punto resolutivo “aplicar, en estricto apego al texto y al espíritu de la CDI  los mecanismos previstos para la preservación y defensa de la democracia representativa previstos en sus artículos 20 y 21”. Esto no supone una inmediata suspensión, como pidió Pompeo, sino  el inicio de la aplicación de varios mecanismos como gestiones diplomáticas que llevarían eventualmente a  la convocatoria a una Asamblea General Extraordinaria, en la cual por dos tercios de votos, se podría suspender a la Venezuela chavista como miembro.

Elecciones y sanciones

Otro punto muy importante que alinea la posición del Grupo de Lima es lo de promover acciones que penalicen al régimen y/o a sus máximos representantes. Se trata del octavo resolutivo que llama a los Estados a que sancionen al régimen al convocarlos “a implementar, de conformidad con sus respectivos marcos legales y el derecho internacional aplicable, las medidas que estimen convenientes a nivel político, económico y financiero para coadyuvar al restablecimiento del orden democrático en Venezuela”.

El texto  del proyecto, presentado por Argentina, Brasil, Canadá, Chile, EEEU, México y Perú, se inicia calificando de ilegítimas las elecciones del 20M y pide nuevas elecciones producto de un amplio diálogo nacional;  reitera su solicitud para que se abra un canal humanitario;  y aboga para que se restaure “la plena autoridad” de la Asamblea Nacional. Al final la resolución se aprobó con los votos de 19 países; 11 se abstuvieron incluyendo antiguos aliados del régimen como Ecuador y Nicaragua, además del diletante Uruguay, y solo tres acompañaron al régimen y se opusieron: Dominica, Bolivia y San Vicente y las Granadinas.

Al final pasó la resolución que desconoce  las elecciones del 20 de mayo,  solicita a sus miembros apliquen medidas sancionatorias para impulsar la vuelta a la democracia en Venezuela y abre el camino para la suspensión del régimen venezolano en la OEA.  Si se consiguen esos 24 votos, la Venezuela chavista no se saldrá con la suya de irse por su cuenta, sino que será execrada de la OEA por las violaciones a la Carta Democrática Interamericana.

 

 

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