Contundente reacción internacional al 20M

 

Por Alfredo Michelena

La comunidad internacional, o al menos parte importante de ella, reaccionó negativamente frente a las “elecciones” del 20 de mayo. En los días siguientes varias medidas fueron anunciadas y  vendrán más.

En enero pasado el régimen llama a una elección adelantada de presidente de la República,  poniendo aún más restricciones al proceso electoral al inhabilitar a los principales partidos y precandidatos de la oposición, eliminar la tarjeta más votada, la de la MUD, evitar la realización de primarias e impedir la presencia de observación internacional independiente.

   El Grupo de Lima reacciona rechazando esta decisión pues el adelanto de la fecha  “imposibilita la realización de elecciones presidenciales democráticas, transparentes y creíbles, conforme a estándares internacionales y contradice los principios democráticos y de buena fe para el diálogo entre el gobierno y la oposición.” Aún tenían esperanzas en el diálogo, pero para febrero la palabra diálogo se había esfumado con el fracaso de las conversaciones en República Dominicana. Entonces se les advierte que las “elecciones que no cumplan con esas condiciones carecerán de toda legitimidad y credibilidad” y solicitan “que reconsidere la convocatoria de las elecciones presidenciales”.

No obstante de esos reclamos, el régimen fija fecha para las elecciones, lo que es rechazado y suscita en fecha previa, por parte del Grupo de Lima,  un “último llamado al Gobierno venezolano a suspender las elecciones generales previstas para el próximo 20 de mayo, ya que han sido convocadas por una autoridad ilegítima, sin la participación de todos los actores políticos venezolanos, sin observación internacional independiente y sin las garantías necesarias para un proceso libre, justo, transparente y democrático”.

Más allá de las declaraciones

   La comunidad internacional democrática ha ido más allá de las declaraciones y ha sancionado a unos 80 funcionarios y exfuncionarios venezolanos civiles y militares, por corrupción, narcotráfico, violación a los derechos humanos e impedir  la democracia. Los EE.UU. han dado un paso más adelante al haber impuesto sanciones financieras, las primeras en agosto del año pasado.

Con Venezuela, al menos en el hemisferio, se ha iniciado una nueva estrategia de articular las sanciones diplomáticas con las individuales e incluso con las financieras. En este sentido el tema de Venezuela se ha planteado en otros ámbitos  distintos a los diplomáticos. Por ejemplo, en el marco del G20. En la reunión de ministros de finanzas de estos países en Argentina, en marzo pasado, algunos de ellos “revisaron las sanciones que la comunidad internacional ha implementado en contra del régimen de Maduro, incluyendo la capacidad para obtener financiamiento por fuera de los procedimientos estipulados por la Constitución de Venezuela y  para proteger el sistema financiero internacional de posibles abusos”.

El Grupo de Lima marcó un hito, pues en su reunión del 14 de mayo, en México, no solo se reunieron los Cancilleres sino los Ministros de Finanzas para coordinar  acciones en caso de que el régimen no cediera en su empeño de las elecciones el 20M.

 

Reconocimientos

Pocos países reconocieron inmediatamente el triunfo de Maduro. Los primeros fueron Cuba, Nicaragua, Bolivia, El Salvador, Turquía, Irán, Siria, Rusia y China. Otros antiguos aliados se han mantenido callados como Uruguay y Ecuador.

Al día siguiente del 20M, en su declaración del 21 de mayo, el Grupo de Lima dejó muy claro varios puntos importantes:  “No reconocen la legitimidad del proceso electoral”; reducirán “el nivel de sus relaciones diplomáticas con Venezuela, para lo cual llamarán a consultas a los embajadores en Caracas”; y presentarán “una nueva resolución sobre la situación en Venezuela…” en la próxima Asamblea General de la OEA.  Hay 14 países más EE.UU. del continente que no solo no lo reconocen, sino que actuarán en consecuencia.

Los países del G-7 Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón, el Reino Unido, los EE.UU y la Unión Europea emitieron un comunicado rechazando estas elecciones, denunciando la dictadura y solicitando elecciones libres y justas. También varios países del G20 incluyendo a Australia, desconocieron el proceso electoral del 20M.  En cuanto a nuevas sanciones, España ha anunciado que junto a sus socios del viejo continente, que “estudiará la adopción de medidas oportunas”. En este mismo sentido declararon Inglaterra, Francia y Alemania. Hay más de 40 países que no reconocen estas elecciones.

La generalidad de los países democráticos y desarrollados, que no son la mayoría ni en la OEA ni en la ONU, pero tienen un gran peso económico y moral, no reconocen estas elecciones  y muchos se aprestan para tomar nuevas medidas.

Sanciones económicas y financieras

   La declaración del Grupo de Lima va más allá al sugerir  “las siguientes medidas en el ámbito económico y financiero”: procurar “…no otorgar préstamos al Gobierno de Venezuela, …sin el aval de su Asamblea Nacional”; “Intensificar y ampliar el intercambio de información de inteligencia financiera, …, sobre las actividades de individuos y empresas venezolanas que pudieran vincularse a actos de corrupción, lavado de dinero u otras conductas ilícitas que pudieran derivar en procedimientos judiciales que sancionen dichas actividades criminales, tales como en el congelamiento de activos y la aplicación de restricciones financieras”;  “… contar con un análisis de riesgo de lavado de activos y financiamiento al terrorismo”, y se propone además que los países sensibilicen al sector privado en sus jurisdicciones, sobre ”las amenazas y riesgos de lavado de dinero y corrupción que han identificado en Venezuela y que afecten a la región, lo que ampliará la capacidad de prevenir o detectar posibles actos ilícitos con mayor oportunidad”; y  emitir y actualizar “… guías, circulares o boletines a nivel nacional que alerten a las instituciones financieras sobre la corrupción en el sector público venezolano y los métodos que los servidores públicos venezolanos y sus redes pueden estar usando para esconder y transferir recursos procedentes de actos de corrupción”.  

   Es decir, ponen el alerta a la comunidad internacional de las actividades delictivas de régimen y el funcionariado chavista venezolano, y les recomiendan vigilar todas sus transacciones por sus posibles vinculaciones con actos de corrupción, lavado de activos y financiamiento al terrorismo.  Esto coloca a la Venezuela chavista en el centro de un núcleo de irradiación de delincuencia y corrupción en el continente y el mundo. Lo que progresivamente se podrá percibir como “una amenaza inmediata para nuestro hemisferio” por  su centralidad en relación las organizaciones delictivas transnacionales.

Trump contundente

   A pocos días del 20M, la administración Trump actuó recio, al sancionar a Diosdado Cabello, su esposa y hermano y  a su testaferro. Y el 21M anunció nuevas sanciones financieras. Ellas, según resume el periódico Financial Times, “prohíben la compra en los EE. UU. de deudas o cuentas por cobrar adeudadas al gobierno socialista y a la petrolera estatal PDVSA, ya que Caracas recurre a las ventas de activos para recaudar efectivo que se necesita desesperadamente”.  El diario también reseña que un funcionario de alto nivel  explica que “Esta medida está diseñada para evitar que el gobierno de Venezuela hipoteque el futuro del país y [para evitar que los funcionarios] forren sus propios bolsillos”. La Orden Ejecutiva “Cubre todas las deudas y cuentas por cobrar, la deuda pignorada como garantía y [la compraventa] de cualquier participación accionaria en la que el estado venezolano posea más del 50 %”.

Estas medidas complicarán aún más al régimen pues no son los bonos, sino también cualquier deuda que tenga, incluyendo las de PDVSA y CITGO u otras empresas donde tenga más del 50% del capital accionario, por ejemplo todas las compañías petroleras formadas recientemente para explotar petróleo en Venezuela y en especial en la Faja del Orinoco. El régimen no podrá vender a descuento lo que le adeudan los países de Petrocaribe o la ALBA, por ejemplo.

En todo caso los bancos tendrán máximo cuidado cuando una transacción esté relacionada con el régimen venezolano, lo que complica las operaciones de estas compañías.   Esto también puede afectar a China y a Rusia, países con los cuales EE.UU. ha conversado recientemente sobre el tema.

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