. El ultimátum del Grupo de Lima

El ultimátum del Grupo de Lima

Por Alfredo Michelena.

*El Grupo de Lima se reunió en México el lunes 14 de mayo para recordarle al régimen de Maduro que las elecciones presidenciales no serán reconocidas  y, en pocas palabras, que mejor es que las suspenda o se atenga a las consecuencias… que esta vez, serán muchas.

El  grupo de Lima,  creado en agosto pasado a fin de dar seguimiento a la situación de Venezuela, compuesto por al menos 15 gobiernos,  ha tenido varias reuniones y ha emitido diferentes comunicados  que vienen mostrando un incremento de la presión sobre el régimen de Maduro.  Desde el comienzo el grupo se puso de acuerdo para señalar y condenar la ruptura del orden democrático en Venezuela; no reconocer a la Asamblea Nacional Constituyente ni sus decisiones; su respaldo y solidaridad con la Asamblea Nacional; y a no reconocer los actos jurídicos que conforme a la Constitución requieran autorización de la Asamblea Nacional, si ella no lo hace.

En cuanto a acciones, comenzaron con la de “no apoyar ninguna candidatura venezolana en mecanismos y organizaciones regionales e internacionales” y promover una salida negociada, en especial las referidas a las negociaciones que se dieron en República Dominicana.  Para comienzos de este año, ante el adelanto de las elecciones del régimen, el grupo exige  “que las elecciones presidenciales sean convocadas con una adecuada anticipación, con la participación de todos los actores políticos venezolanos y con todas las garantías que corresponda”, agregando que “unas elecciones que no cumplan estas condiciones, carecerán de legitimidad y credibilidad”.  Y dejan de insistir en una salida negociada luego del fracaso en República Dominicana.  Ya en febrero, solicitan al régimen “a que reconsidere la convocatoria de las elecciones presidenciales”. Para la VIII Cumbre de la Américas,  piden que no se invite a Venezuela.

El ultimátum

A menos de una semana de las elecciones presidenciales el Grupo de Lima, en ciudad de México, hace “un último llamado al Gobierno venezolano a suspender las elecciones generales previstas para el próximo 20 de mayo, ya que han sido convocadas por una autoridad ilegítima, sin la participación de todos los actores políticos venezolanos, sin observación internacional independiente y sin las garantías necesarias para un proceso libre, justo, transparente y democrático”.  Pero esto no lo hacen en las mismas condiciones en que se han venido haciendo advertencias en el pasado, sino que esta vez, mostraron los dientes.

Es la primera vez que se reúnen conjuntamente los ministros de Relaciones Exteriores y los de Finanzas. Una de las críticas que se hacen a organizaciones multilaterales como la OEA es que no pueden “sancionar” a las personas o Estados que violan las normativas internacionales. Y que en el caso que lo hagan son sanciones morales o de exclusión que no afectan a los responsables de las violaciones.

La presencia de los ministros de Finanzas y las anteriores reuniones que ellos han tenido por separado muestran que el caso venezolano, pudiera ser una de las primeras aplicaciones de esta acción conjunta que muestra que violar los acuerdos relativos a derechos humanos y la democracia, en los que los países se han comprometido, puede tener y tendrá consecuencias concretas para los perpetradores.

 La advertencia del Grupo de Lima, no es una advertencia más, sino una que tendrá consecuencias no generales sino muy concretas.

Lo doctrinario

El 21 de mayo Maduro perderá la delgada legitimidad de origen que tenía, otorgada internacionalmente en cierta forma por Unasur, al servir de supervisor de las elecciones del 2013 donde Maduro oficialmente ganó por un estrecho margen que nunca fue revisado.

 Luego de las elecciones del 20 de mayo se plantea una extraña situación, Maduro será un presidente electo que a la vez es el presidente en funciones pues no habrá cambio de gobierno sino hasta enero de 2019. Pero dejando eso de lado, analicemos qué puede significar eso de que este grupo de países más Europa, “no reconocerán el resultado de las elecciones”, esto es – a Maduro como presidente.

En este punto hay que recurrir a dos doctrinas contrapuestas, la Doctrina Estrada  y la Doctrina Betancourt, que proviene de la del Canciller ecuatoriano Carlos Tobar (1907). La primera para ponerlo en palabras llanas supone que se debe aceptar a cualquier gobernante que esté en el poder, pues no es potestad de los otros estados juzgar la política interna de cada nación (principio de no intervención y derecho de autodeterminación de los pueblos). La Betancourt  según él mismo lo dice en su discurso ante el Congreso (1959), establece que “Regímenes que no respeten los derechos humanos, que conculquen las libertades de los ciudadanos y los tiranicen con respaldo de policías políticas totalitarias, deben ser sometidos a riguroso cordón profiláctico y erradicados mediante acción pacífica colectiva de la comunidad jurídica interamericana”.  Este  sería una especie de precursor de lo que ahora se llama la Carta Democrática Interamericana.

Lo  diplomático

En el mundo diplomático nos vamos a encontrar en una situación muy extraña.  Es un gobierno – y no un país- que no es reconocido por unos 40 países del mundo, que aunque sea la casi totalidad de los países democráticos y occidentales no es la mayoría de los estados que componen ni la OEA y menos las Naciones Unidas.

El embajador Víctor Rodríguez nos señala que entre otras cosas este no reconocimiento  puede afectar en tres ámbitos. Primero en el nivel de las relaciones bilaterales, pues “si el gobierno no es reconocido, tampoco sus representantes lo podrían ser”.  Esto podría llegar hasta a una ruptura de relaciones, lo que no sería nada conveniente, por lo que quizás podría darse un retiro de embajadores y dejar las embajadas al nivel de encargados de negocios. Lo segundo sería  al nivel multilateral donde podrían también cuestionarse las credenciales de los enviados de Maduro por lo que esto al menos crearía problemas que deberán ser resueltos por  las respectivas  Comisiones  de Verificación de Credenciales, “lo que en cada caso crearía situaciones complejas, nunca predecibles, pero seguramente contrarias al régimen de Caracas…” afirma Rodríguez. Y tercero, nos dice “No menos importante sería el impacto que tendría tal ‘desconocimiento en las gestiones del Estado en relación con el financiamiento o el refinanciamiento de deudas ya contraídas, con préstamos u otras transacciones financieras, lo que no equivale de ninguna manera a sanciones internacionales…”.

Las sanciones

Pero lo que se espera es que las acciones vayan más allá y se consoliden y expandan las sanciones que se han establecido a los funcionarios venezolanos considerados responsables de las violaciones de los derechos humanos y de promover la dictadura, los incursos en corrupción y los relacionados con el narcotráfico y grupos terroristas.  Como sabemos esto ya lo han hecho Canadá, EE.UU., Panamá, Suiza y la Unión Europea. Pero la presencia de los ministros de finanzas en la pasada reunión del Grupo de Lima apunta a que este será el tipo de sanciones de las que se impondrán a partir del 21 de mayo.

Quizás como se acordó en la reunión del G20 en Argentina, se acentuará  la coordinación de acciones a través de unidades de inteligencia financiera para evitar la financiación ilícita.  Ya Colombia, EE.UU, México y Panamá han creado uno de estos grupos para rastrear y decomisar los dineros provenientes del tesoro nacional a funcionarios del régimen de Venezuela que los hayan sacado ilegalmente del país. Es posible que más gobiernos se incorporen a este esquema, poniendo una barrera de contención a los que han depredado el erario público.

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