Incapacitado para ejercer: Presidente del TSJ en el exilio tiene doble nacionalidad

Por Virginia Linares/@virginlinares

MADRID.- El 21 de julio del 2017 la Asamblea Nacional de Venezuela (AN) nombró a 33 nuevos magistrados en una decisión cuestionada por los actuales miembros de ese alto tribunal. El parlamento amparó la designación de 13 magistrados titulares y 20 suplentes en su consideración de que una serie de los actuales titulares de la máxima magistratura habrían sido nombrados de manera ilegítima a finales del 2015, en el procedimiento que se conoció como el de los “magistrados express”. En sesiones extraordinarias convocadas durante el asueto navideño, Diosdado Cabello presidió este nombramiento que fue cuestionado tanto por la alianza opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) que acababa de ganar las elecciones parlamentarias pero todavía no habían asumido como por la fiscal general Luisa Ortega Díaz.

Al iniciarse la legislatura en el 2016, la AN anunció que revisaría los nombramientos de los magistrados nombrados por el oficialismo días antes. Sin embargo, el TSJ emitió una sentencia en la que declaraba “de nulidad absoluta e irrevocable” todos los actos del Legislativo relacionados con este tema. Luego, el Judicial fue más allá y terminó declarando en completo desacato al parlamento, anulando todas sus decisiones.

La AN respondió creando una comisión que presentó un informe donde detallaba las irregularidades que se habían producido en los nombramientos de los magistrados y, en consecuencia, anuló esos nombramientos, repitió el proceso de selección y designó a los nuevos titulares.

Sin esperar la juramentación de los nuevos magistrados, la Sala Constitucional de TSJ pidió “acciones de coerción” contra la Asamblea y los nuevos jueces por, según ellos, cometer “delito de usurpación de funciones”. Además la Sala advirtió que quienes fueran nombrados por la AN enfrentarían “consecuencia jurídicas”.

Los nuevos magistrados se juramentaron el 21 de julio del 2017 en Caracas, un día después de que el TSJ declarara nulo el proceso por “extemporáneo e ilegal”. 

Se conforma el Tribunal Supremo en el Exilio 

24 horas después de la juramentación de los nuevos magistrados el Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) interceptó y capturó en Caracas al magistrado Ángel Wladimir Zerpa Aponte, recién nombrado como integrante principal de la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia.

El hecho provocó que los recién nombrados magistrados tuvieran que huir del país, algunos logrando cruzar las fronteras y otros refugiándose en embajadas.

Llegados principalmente a Colombia, Panamá, Chile y Miami los magistrados deciden reorganizarse y crear el “Tribunal Supremo en el Exilio”. Luego de unas elecciones internas, se estructuraron con Miguel Ángel Martín en la presidencia, Antonio José Marval en la vicepresidencia y Rafael Ortega en la 2da vicepresidencia. Se instalaron como TSJ en el Salón Miranda de la Organización de Estados Americanos (OEA) en Washington el 12 de octubre del 2017.

Martín explicó a la prensa que cubría la instalación que la “sede” de este Supremo no sería en la OEA, sino en “una oficina privada” en la capital estadounidense. 

La iniciativa del TSJ en el exilio sorprendió a algunos, pero a otros les recordó experiencias similares como la de organizaciones del exilio cubano. Si bien se sabe que ninguna de sus actuaciones son vinculantes, para Michael Shifter, presidente de Inter American Dialogue y profesor de estudios latinoamericanos de la Universidad de Georgetown, el TSJ en el exilio “tiene legitimidad, lo que no tiene es una fuerza real” agregando en declaraciones a la Voz de América que “se trata de un intento simbólico y político”. 

Dónde está la falla 

Tras la instalación en la OEA, quien fuera el jefe de la bancada opositora en la AN, el diputado Stalin González, declaró a Clarín que él no cree que las sentencias del TSJ en el exilio tengan alguna efectividad en Venezuela pero que “tal vez en el plano internacional sean más efectivos” al tiempo que se preguntaba – siendo él mismo abogado- “cómo se instalaría el Tribunal y cómo funcionarían las salas si se requieren 32 magistrados y los del exilio son 12”.

Para algunos juristas venezolanos consultados en esta investigación, el nombramiento de los magistrados fue legal y legítimo. Fueron nombrados por la legítima AN y se cumplieron todos los requerimientos de ley. O casi todos. Según el artículo 263 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en su numeral primero, para ser magistrado o magistrada del Tribunal Supremo de Justicia se requiere:

1.- Ser venezolano por nacimiento, y no poseer otra nacionalidad.

El presidente del Tribunal Supremo en el Exilio, Miguel Ángel Martín Tortabu, no cumple ese requisito. Nacido el 11 de enero de 1967 en Venezuela, posee nacionalidad española como consta en su Documento Nacional de Identidad (DNI), número 51558670F. Según pudimos conocer, Martín Tortabu se acogió a la ley española que reconoce la nacionalidad a hijos y nietos de españoles nacidos fuera de España. Tiene pasaporte español y, por tanto, doble nacionalidad.

Foto de Miguel Ángel Martín Tortabu en su DNI español.

Según nos explica el abogado constitucionalista venezolano Tulio Álvarez, en general, las irregularidades en los nombramientos de los magistrados obedece a que “los comités de postulaciones nunca han sido constituidos de forma idónea. Tienen enormes fallas y hay interferencia política. Terminan eligiendo a personas que no tienen las condiciones”. Y en el caso de que un magistrado cometa fraude o su nombramiento sea fraudulento,  explica Álvarez, “técnicamente cuando se incumplen los requisitos lo que procede es una declaratoria judicial, de nulidad de la elección. Si hay fraude, el organismo que los designó, como ejecutor de la Constitución, también lo puede anular”.  Legalmente, entonces, las actuaciones tomadas por el magistrado en cuestión serían írritas.

El TSJ en el exilio decidió que, ante la necesidad de establecerse, los magistrados suplentes “subieran” a magistrados principales. Según explica Tulio Álvarez, “cuando se produce una falta absoluta lo sucederá el 1er suplente”.

“En el caso de TSJ en el exilio, yo he tratado de ser lo más técnico posible, alejado del elemento político, porque allí hay varios temas y creo prudente considerar el tema de la Justicia Universal, que a altos funcionarios venezolanos se les puede aplicar en cualquier momento”, señala el constitucionalista.

Sobre lo legal y ético

En el artículo 263 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en su numeral 2do, habla sobre la condición de “reconocida honorabilidad”  de los magistrados. 

En un artículo publicado en La Patilla, en fecha 24 de febrero del 2017, la periodista Maibort Petit cuenta como el nombre del ciudadano venezolano Gilson Barroeta Flores, natural del estado Lara, apareció en un documento presentado por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York asociado a la supuesta venta de armas de alto calibre a los sobrinos de la primera dama venezolana convictos por traficar y distribuir 800 kilogramos de cocaína desde Caracas a los Estados Unidos.

El abogado de Barroeta Flores fue Pedro Troconis Da Silva, actual presidente de la Sala de Casación Penal del TSJ en el exilio, quien en ese momento también era coordinador del Foro Penal en Lara. En entrevista con Analítica, el abogado Troconis manifestó que al momento de ser contratado para defender a Barroeta Flores desconocía que estaba acusado de proveer armas a los narcosobrinos. Pero, al enterarse, tampoco se inhibió de seguir defendiéndolo, porque según explicó ” yo lo estoy defendiendo por un caso aquí en Venezuela. No tengo nada que ver con lo que esté siendo señalado afuera. Es un caso particular en Barquisimeto y tampoco tiene nada que ver con el Foro Penal de Venezuela. Yo soy un abogado en el libre ejercicio de la profesión y puedo tomar los casos que lleguen a mi oficina, siempre y cuando considere que se pueda hacer justicia”. Troconis, ya magistrado, solicitó asilo en Estados Unidos.

Por su parte, Luis Ramos Reyes, de la Sala de Casación Civil del TSJ en el exilio, fue el abogado del ex magistrado, exfiscal militar y expresidente de la Sala de Casación Penal del supremo venezolano, hombre de confianza del difunto Presidente Hugo Chavez, Eladio Aponte Aponte. Según reseña El País, “el magistrado Aponte huyó de Venezuela, después de ser destituido de su cargo por su supuesta vinculación con el narcotraficante venezolano Walid Makled. Makled fue detenido en Colombia en agosto de 2010 y tras su extradición ahora está siendo juzgado en Venezuela. Hasta su captura era el tercer hombre más buscado por la agencia antidrogas estadounidense DEA. En el momento de su detención el narcotraficante portaba credenciales que lo identificaban como personal de la Fiscalía Militar venezolana, que dirigía Aponte, y más tarde también confesó que había sido apoyado en sus actividades ilícitas por altos cargos del Gobierno de Chávez, incluyendo a generales y ministros”. Ramos Reyes, en entrevista telefónica con el periodista venezolano Román Lozinski, admitió que era su “apoderado y abogado en Venezuela”. 

En este momento el TSJ en el exilio está evaluando un antejuicio de mérito a quien encabeza desde el Palacio de Miraflores el régimen que manda en Venezuela, Nicolás Maduro.

Especial para Zeta.

 

 

 

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