Malestar cívico-militar

 

Parece que la “unión cívico militar” está causando trastornos dentro del gobierno y el  ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, condenó la existencia de grupos civiles armados que amedrentan a la oposición y a cualquier disidente del chavismo en las zonas populares.

El ministro dijo que “no es con las armas que nosotros vamos a ir a las conquistas sociales” y resaltó: “¡Nosotros rechazamos a esos grupos que se hacen llamar colectivos y andan blandiendo armas!”.

El viernes 02 de marzo, con sendos decretos en Gaceta Oficial el presidente Nicolás Maduro degradó y expulsó de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana  (FANB) a 11 militares activos y 13 en condición de retiro, por considerarlos “indignos” de pertenecer a esa institución.  La mayoría de esos 24 oficiales está detenida o en el exilio.

La lista incluye al capitán retirado Juan Carlos Caguaripano, detenido el 11 de agosto pasado después  del asalto a una base militar donde robaron armas; Raúl Isaías Baduel,  Herbert García Plaza y Antonio Rivero, quienes fueron ministros del chavismo.

Además, familiares denunciaron que el Gobierno detuvo el viernes pasado  en Fuerte Tiuna de Caracas al teniente coronel del Ejército Juan Carlos Peña Palmentieri y a 17 tenientes, acusándolos del delito de conspiración.

Los detenidos estarían en la sede de la Dirección General de Contra Inteligencia Militar (DGCIM) y hasta el miércoles no les habían permitido visitarlos.

Todo eso significa que el Gobierno admite que hay malestar en las filas militares por la forma como ha conducido los destinos del país y ha derrochado sus recursos en eventos que lejos de ayudar a mitigar el hambre y las enfermedades, lo complican todo.

Por otra parte, el ex ministro chavista Rafael Ramírez dijo el domingo en su artículo de prensa: “La incapacidad manifestada por el gobierno de Maduro tal vez tiene su mejor expresión en el desastre de PDVSA. Se colocaron personas sin ninguna experiencia, ni capacidad, a dirigir un sector tan complejo, difícil como el petrolero. El madurismo desprecia el estudio y el trabajo, el conocimiento y experiencia acumulada de tantos años”.

Ramírez agregó: “Lo que va a pasar realmente, es que van a seguir entregando el petróleo y el gas a empresas transnacionales, de cualquier tamaño o calidad, es una rebatiña, ya lo están haciendo y agregó: “Están llamando a las empresas privadas, nacionales e internacionales, a que asuman la producción, se negocia con el ‘agua al cuello’, en una desesperada posición de debilidad, producto de la pésima gestión de estos últimos cuatro años. A cambio, las empresas piden ‘flexibilizar’ las condiciones, piden las mejores áreas, piden que PDVSA ceda en su participación, ceda áreas en plena producción, donde ya las inversiones fueron hechas, a cambio de desesperados auxilios financieros, para paliar la mala gestión económica en el manejo de la deuda, se entregan las mejores áreas petroleras, es así de simple: una privatización de PDVSA.

“Para pagar favores políticos o lograr los famosos ‘acuerdos’ con la oposición se entregan áreas en producción a relacionados con líderes de la oposición, se rematan activos de la empresa, que son del país”, reveló Ramírez.

Parece que por eso, la Mesa de Unidad Democrática (MUD) dejó en manos de la comunidad internacional la suerte del gobierno de Maduro y no se puede descartar que en todo eso estará de por medio el negocio petrolero.

Sobre la actual situación de la industria petrolera, Iván Freites, secretario general del Sindicato de Trabajadores Petroleros y Gasíferos del estado Falcón, representante de la Federación de Trabajadores Petroleros de Venezuela y de la Unión Nacional de Trabajadores de  Venezuela (Unete, dijo el viernes pasado a El Nacional que el gobierno convirtió a PDVSA en un “comité del PSUV”, en el que la seguridad no existe y se eliminó la meritocracia que era un beneficio de los trabajadores petroleros.

Freites precisó: “Petróleos de Venezuela no cumple ni siquiera con el agua potable para los empleados. A veces les sirven en los comedores arroz con lentejas. Muchos trabajadores perdieron hasta 12 kilos de peso. En algunos casos les piden que no vayan a trabajar y se queden en casa ante la falta de energía para realizar las labores” y agregó que “el gobierno no está en capacidad de recuperar la industria petrolera nacional. Los niveles de corrupción de PDVSA son generalizados. Desde el obrero hasta el máximo gerente”.

La hiperinflación

Los que saben de eso advierten que el gobierno de Nicolás Maduro no puede justificar su mal manejo de la economía. Su dogmático populismo no le permite entender que si no permite el libre fluir de los dólares no se podrá recuperar la producción nacional de bienes y estabilizar los precios.

Lo demás es pura propaganda y las bases populares ya no creen en discursos ni promesas de resolver lo que el propio gobierno ha causado.

Un extenso trabajo publicado en la página web de Efecto Cocuyo el domingo pasado demuestra que incrementar el salario sin que las empresas puedan producir lo necesario es más de lo mismo y la gente seguirá sin poder comprar lo básico, según sus hábitos.

Desde que Nicolás Maduro asumió la presidencia en 2013, ha decretado 21 ajustes de salarios mínimos y nueve del bono de alimentación, pero esos incrementos siempre quedan por debajo de la creciente inflación, a tal punto que el más reciente incremento que comenzarán a pagar desde este mes de marzo, solo cubre el 5,3% del precio de la Canasta Alimentaria que en enero costaba más de 24 millones de bolívares.

En las actuales circunstancias de hiperinflación cuando los trabajadores activos, pensionados y jubilados cobren ese incremento, el precio de esa canasta habrá subido aún más.

Eso se agrava porque cada febrero hay revisión del precio de la Unidad Tributaria (UT) que de 300 pasó a 500 bolívares y eso afecta los costos de servicios y trámites que los ciudadanos necesitar hacer, al igual que el costo de las sanciones de tránsito y otras.

Por ejemplo, sacar un pasaporte pasó de 234 mil bolívares a 390 mil bolívares.

Algo peor es que el vicepresidente de la Federación Nacional de Trabajadores (Fentrasep), Franklin Rondón, dijo el viernes pasado en entrevista en el Circuito Unión Radio, que se atreve a predecir que para el 1° de mayo habrá otro aumento del salario mínimo.

Es notorio que el Gobierno está asimilando que está en una situación muy difícil y todo conspira contra los planes de reelección del actual presidente.

Otra señal de desesperación parece ser el envío del actual gobernador de Carabobo, Rafael Lacava, a Washington para buscar que el gobierno norteamericano suavice las sanciones contra el gobierno de Nicolás Maduro, según comentario dominical en Twitter el domingo del senador por el estado de Florida, Marco Rubio, quien agregó que el gobernador, acusado de desviar dinero injustificado a Europa, perderá su tiempo porque las sanciones  “sólo terminarán después de que la asamblea constitutiva fraudulenta sea disuelta y sean programadas elecciones libres para un nuevo presidente”.

Se supo que Lacava planteará liberar al misionero mormón estadounidense Joshua Holt que lleva más de un año y medio preso en El Helicoide a cambio.

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