La OEA se opone a las elecciones en Venezuela

El llamado a elecciones presidenciales adelantadas en Venezuela encendió las alarmas en la región y Europa  tanto que la OEA y la Unión Europea han  advertido que sus resultados no se aceptarán sino se ajustan a las normas internacionales.

Las anteriores contiendas

Las elecciones de 2015 que nos proporcionaron la victoria en la Asamblea Nacional (AN) dieron representación a esa mayoría que adversa a Maduro. Nuestros diputados consiguieron en Luis Almagro, quien recién  había sido electo Secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA), un aliado en la lucha por la restitución de la democracia y  vigencia de los  derechos humanos (DD.HH.)  en Venezuela.

En la OEA, la presión de las fuerzas democrática a lo más  que llegaron fue a convalidar un mecanismo de diálogo propuesto por el régimen, para bloquear la presentación y discusión del informe de Almagro en el marco de la Carta Democrática Interamericana (CDI), con una agenda presentada por la MUD, que incluía libertad de presos políticos, ayuda humanitaria, calendario electoral y respeto a la AN. Pero esto no paso de allí.

Grupo de Lima

El punto de quiebre fue la confiscación de las potestades de la AN por un TSJ cooptado por Miraflores. En abril de 2017,  la OEA aprueba por consenso una resolución que establece que ha habido “una violación del orden constitucional”.

Luego dos hechos marcaron esta nueva etapa: la creación de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), que llevaba esta confiscación a  otro nivel y  la obstaculización de  la salida electoral al bloquear el referéndum presidencial y las elecciones de gobernadores.  Asuntos sobre los cuales la OEA no quiso pronunciarse.

Esto provocó que un grupo de 17 gobiernos de la región se reunieran en Lima, Perú, y se constituyera el “Grupo de Lima” (GL) a fin de dar “un seguimiento de la situación en Venezuela, a nivel de Cancilleres, hasta el pleno restablecimiento de la democracia”. El grupo comienza condenando “la ruptura del orden democrático en Venezuela” – nótese que habla de ruptura y no violación.  Y deciden “…no reconocer a la ANC, ni los actos que emanen de ella”, pero  insisten en apoyar “todo esfuerzo de negociación creíble y de buena fe, que tenga el consenso de las partes…”- nótese que habla de negociación y no de diálogo.

 También el grupo denuncia la situación irregular de las elecciones de gobernadores y alcaldes, mientras la OEA guardaba silencio desde Septiembre de 2017. Al menos dentro del Consejo permanente, pues Almagro impulsó varias acciones sobre Venezuela, entre ellas formó  grupo para estudiar la posibilidad de crear un expediente sobre violaciones sistemáticas de DD.HH. en Venezuela a fin de remitirlo a la Corte Internacional de Justicia (CIJ). Recientemente se anunció el inicio del proceso de revisión preliminar en la Corte Penal Internacional (CPI).

Adelanto de elecciones

A fin de agotar la vía de la negociación requerida por la comunidad internacional, éstas se llevaron a cabo en República Dominicana (RD) con la participaron de seis países como acompañantes escogidos por las partes, incluyendo RD.  Este controversial mecanismo produjo, por vía de los cancilleres que asistieron, un documento que aceptó la oposición y rechazó el régimen. Esto extendió las reuniones hasta enero de este año cuando se dieron por terminadas. La razón: el 23 de enero Maduro anuncia el adelanto de las elecciones. Ese mismo día el Grupo de Lima rechaza esta decisión y exige  ”… que las elecciones presidenciales sean convocadas con una adecuada anticipación, con la participación de todos los actores políticos venezolanos y con todas las garantías que corresponda”, y concluye diciendo que “unas elecciones que no cumplan estas condiciones, carecerán de legitimidad y credibilidad”.

No es solo posponer

La OEA despertó un mes después de la convocatoria unilateral a elecciones con la realización de una reunión extraordinaria de su Consejo Permanente, a solicitud de Argentina, Brasil, EE.UU., México, Panamá y Santa Lucía, para considerar un proyecto de “resolución sobre los últimos acontecimientos en Venezuela”,

 Luego de los tradicionales intentos de bloquear/sabotear la reunión, esta vez por el embajador de Evo Morales y las peroratas del representante de Maduro – embajador ante Naciones Unidas, sin consentimiento de la AN-  enviado a Washington, se dio comienzo a una reunión muy corta donde se aprobó la resolución presentada.  Ella comienza afirmando que “…adelantar las elecciones presidenciales al 22 de abril de 2018 imposibilita la realización de elecciones democráticas, transparentes y creíbles de conformidad con las normas internacionales, y contradice los principios democráticos y la buena fe” y en sus resolutivos no solo insta al régimen a que “reconsidere la convocatoria de las elecciones … y presente un nuevo calendario electoral” sino que  establece una serie de condiciones que deben cumplir estas elecciones, y aunque no lo dice: para que puedan ser consideradas legítimas. Las elecciones deben ser hechas “con todas las garantías necesarias para un proceso libre, justo, transparente, legítimo y creíble, que incluya la participación de todos los partidos y actores políticos venezolanos sin proscritos de ninguna clase, observadores internacionales independientes, acceso libre e igualitario a los medios de comunicación, y con un CNE cuya composición garantice su independencia y autonomía y que goce de la confianza de todos los actores políticos”.  Además reitera que la OEA va a “apoyar medidas que permitan el retorno al orden democrático y la paz social a través del ejercicio efectivo de la democracia, el respeto a los derechos humanos y la plena vigencia del estado de derecho”.

¿Un avance?

Al comparar esta resolución con la de abril pasado que hablaba de “interrupción de hilo constitucional”, pasada por consenso pues no hubo votos en contra, vemos que  hubo 17 votos a favor mientras que esta vez fueron 19  y cuatro en contra- más Venezuela; en la de abril cuatro se abstuvieron y ahora ocho; y finalmente en la anterior hubo 12 ausencias y en esta  solo 2.  Se nota un avance en el apoyo a la democracia en Venezuela, aún no lo suficientemente fuerte como para que se aplique la CDI, que requiere 24 votos.

Sin embargo se constató que la Venezuela chavista solo tiene cuatro votos seguros y de ellos solo uno en América Latina. Al menos en esta ocasión contó solo con el de  Bolivia, pues ni Nicaragua ni Ecuador ni El Salvador, antiguos aliados votaron en contra de la resolución. Nicaragua tuvo que sacar un comunicado posterior que aseguraba lealtad al régimen que nos gobierna y Ecuador dice querer jugar un rol de mediador.

 Del Caribe/Caricom solo tres gobiernos votaron en contra de la resolución: Surinam, Dominica y San Vicente y Granadinas,  lo han hecho consistentemente; se abstuvieron: Belice, Haití- que ha sido aliado del régimen- , Saint Kitts and Nevis  y Trinidad; y votaron a favor de la resolución: Bahamas, Barbados, Guyana, Jamaica y Santa Lucia. Se ausentaron Grenada y Antigua y Barbuda. Gran avance pues  en julio pasado, una resolución que denunciaba la creación de la ANC no pudo ser discutida por oposición de todos los miembros del Caricom.  Ahora dos de ellos, Guyana y Santa Lucia,  están en el Grupo de Lima, que además cuenta con el apoyo de Jamaica. Sin embargo, aún con todo lo que pasa en Venezuela la aplicación de la CDI está lejos, aunque cada vez más cerca.

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