El régimen de Maduro, en el paredón de la Justicia Internacional

La Comunidad internacional se ha manifestado recientemente, a través de varios de sus organismos, en favor de la libertad y la democracia en Venezuela. El Parlamento Europeo, la Corte Penal Internacional (CPI) y la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) son algunas de las instituciones que en el último mes han levantado su voz para defender al pueblo venezolano. Para aclarar en qué consisten cada uno de estos pronunciamientos y su alcance, hemos hablado en exclusiva con el abogado y diplomático William Cárdenas, presidente de la Plataforma Democrática Venezolana en Madrid, quien lleva más de 15 años en la lucha por que la Comunidad Internacional se pronunciase en relación con la situación venezolana.

El pasado 8 de febrero hubo dos pronunciamientos de gran relevancia: Por una parte, el Parlamento Europeo votaba, entre otras cosas incluidas en la resolución, la petición de extensión de sanciones individuales al presidente venezolano, el vicepresidente y el Ministro de la Defensa. Por otra parte, ese mismo día, la Corte Penal Internacional daba inicio a un examen preliminar sobre la situación de Venezuela por delitos de lesa humanidad.

Los 28 países de Europa, de nuevo, alzan su voz por Venezuela

“Efectivamente, el 8 de febrero pasado ocurrieron dos hechos simultáneos importantísimos para lo que es el drama y la tragedia que está viviendo la sociedad venezolana. Por una parte, el Parlamento Europeo anunció, a través de una resolución aprobada con una mayoría de 496 votos y solo con 50 votos en contra, dos cosas fundamentales: en primer lugar, pide (al Consejo Europeo) ampliar las sanciones que originalmente dictó en contra de funcionarios del gobierno venezolano por violaciones a los derechos humanos, vínculos con el narcotráfico y con el terrorismo internacional, al Presidente Nicolás Maduro, al Vicepresidente Tareck El Aissami, al Ministro de la Defensa Padrino López, el alto mando militar y algo clave, que es que también pide ampliarlas a sus familiares y allegados. Esa misma resolución, en su punto 6, contiene algo especial que nunca se había establecido, que es pedir a la Fiscal de la Corte Penal Internacional que inicie la investigación de los crímenes cometidos en Venezuela, atendiendo a todas las denuncias que se han presentado ante ese organismo”, apunta Cárdenas.

El letrado ha recordado que el camino para lograr estos pronunciamientos ha sido cuesta arriba. “Yo tengo que decir que la Plataforma Democrática Venezolana en Madrid, que es el órgano que represento, el 7 de diciembre del año 2016 denunciamos ante el Parlamento Europeo la actitud negligente, omisiva e irresponsable de la fiscalía de la CPI, que no se hacía eco de las denuncias que se estaban presentando por esos gravísimos delitos que estaban sucediendo en Venezuela. En septiembre del año pasado, el Parlamento Europeo expresó su solidaridad con las investigaciones que se llevaban a cabo en la fiscalía de la CPI, pero resulta que en el aquel momento, en septiembre de 2017, no había ninguna investigación, no había objeto con el cual solidarizar”, expresó el abogado.

El “Más vale tarde que nunca” de la Corte Penal Internacional

Ese mismo día, el 8 de febrero, veíamos cómo la Fiscal de la CPI, Fatou Bensouda, anunciaba que daba inicio a un examen preliminar de los hechos ocurridos en Venezuela durante el año 2017. “La presión que la comunidad internacional está ejerciendo, hace que la fiscal de la CPI se vea obligada a anunciar el inicio de un examen preliminar de los hechos que han ocurrido en Venezuela, al menos durante el año 2017. Esta decisión que está tomando la fiscal obedece a la cantidad de denuncias que se han presentado con posterioridad a esos hechos. Aquí tenemos que detenernos un poco para tratar de entender qué motivó la decisión de la fiscal. Es muy curioso que se haya producido simultáneamente con la decisión del Parlamento Europeo pero, dentro la política internacional es muy raro creer en coincidencias, aquí hay hechos que son causales y entendemos perfectamente que la fiscal quiso evitar que el Parlamento Europeo se pronunciara previamente a un posterior pronunciamiento suyo, porque esto se hubiera sido entendido como que ella estaba obedeciendo o siguiendo instrucciones de un órgano político. Pero, al mismo tiempo, si la fiscal no tomaba la decisión, podría pensarse que el Parlamento Europeo la estaba dejando en evidencia ante la omisión de más de 3 años de no haber tomado una iniciativa para que estos hechos se investigaran”, apuntó el abogado venezolano.

“El 8 de febrero creo que va a quedar marcado en la historia de nuestro pasado reciente como el momento en que por fin se abre una vía para que los crímenes que han ocurrido en Venezuela en los últimos 18 años puedan ser investigados”

La CIDH también se pronunció

El pasado 12 de febrero, la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió un informe en el que acusa al Tribunal Supremo de Justicia de ayudar a Maduro a “desmantelar la democracia”. “Eso es la demostración de un órgano del Sistema Interamericano, que está definiendo cómo el poder judicial venezolano ha sido cómplice para tratar de evitar que los graves crímenes  que se habían cometido en Venezuela pudieran ser juzgados parcialmente dentro de Venezuela, y además que cuando fueron juzgados, lo hicieron para que los verdaderos responsables de esos crímenes fueran sustraídos de la acción de la justicia y limpiar sus responsabilidades penales, por esta conducta, estos señores entran a considerarse colaboradores y cómplices de toda la acción criminal que se ha cometido en el país, o sea, ellos podrían ser perfectamente ser llamados a la CPI si al final se concreta la investigación, para que rindan cuentas de esa conducta que viola los derechos de los venezolanos y que impidió que la justicia se pudiera ejercer en Venezuela, y que tuviera que implementarse ante la jurisdicción complementaria de la CPI”, aseguró Cárdenas.

En definitiva, son varios ya los pronunciamientos de organismos internacionales en torno al tema, pero ¿Cuáles van a ser las consecuencias reales de todo esto para el gobierno venezolano? ¿Cuánto tiempo puede tardar que llegue esa justicia de la jurisdicción complementaria a nuestro país y cómo todo este conglomerado de asuntos ayudan en concreto al pueblo de Venezuela que tan mal la está pasando? El abogado venezolano ha dado su punto de vista.

“El derecho y el trabajo de la justicia, desgraciadamente, van siempre por detrás de los hechos y de las realidades. Nosotros que llevamos tanto tiempo trabajando en esto sabemos de la lentitud de los órganos de justicia, no solo dentro de Venezuela sino en las instancias internacionales también, por eso entendemos que no es está en la justicia internacional la llave o el mecanismo para liberar al pueblo de Venezuela, en estos momentos, de la desgracia que cae sobre él. Ahora, lo que sí es cierto, es que una vez que ocurra el desplazamiento de este régimen, sus personajes más importantes tendrán que ser puestos en el banquillo de la CPI para que respondan por sus crímenes, o sea, esta es una vía paralela que nos va a garantizar, bien antes o después, la actuación de la Justicia sobre unos crímenes que jamás han sido investigados. Entonces hay que tener esto muy claro esto para no crear expectativas falsas. Este es un instrumento del derecho y de la justicia del cual se ha dotado la comunidad internacional para investigar los más graves crímenes que se cometen contra los pueblos, nosotros lo que hemos hecho es activar los mecanismos para que esos organismos de la comunidad internacional cumplan sus funciones, nos ha costado mucho por la resistencia y el bloqueo que se ha ejercido en torno a todo lo que se denunciaba como ocurrido en Venezuela, pero han tenido que ceder y al final la fiscalía de la CPI va a dar los pasos para que esto se inicie, solo deseamos que nos acompañe en esto la denuncia de un estado parte, para que se acelera el camino procesal y para que la decisión final dejase de estar en manos de unas pocas personas”, ha explicado el abogado.

Ante esta afirmación, hemos querido saber ¿Qué tendría que hacer un estado miembro para realizar esta denuncia? y Cárdenas ha detallado que esta vía sería ideal y que la mejor forma de hacerlo es a través de la OEA. “Es una decisión bastante compleja para cualquier estado, pero ahora mismo en el seno de la OEA, el secretario general, Luis Almagro, ha impulsado una investigación que persigue a determinar si en Venezuela se ha cometido crímenes de lesa humanidad. El informe concluyente de esta investigación está a punto de presentarse, yo creo que eso va a permitir y va a dar base a algunos Estados como Canadá, Perú o igualmente algún estado europeo, para que tomando en cuenta estas conclusiones del señor Almagro, dieran este paso”, explicó.

Lo que viene ahora

“Hay que entender que entramos en una fase muy delicada, donde no hay lapso establecido por la CPI para dar curso a la investigación, sino que tenemos varias etapas: una primera fase de descarte de crímenes y delitos que no sean competencia de la corte penal internacional, una segunda fase en la que la fiscal incluso puede situarse en el terreno y hacer investigaciones in situ de los hechos que han ocurrido. Allí tendremos que mirar con mucho detenimiento a qué autoridades se va a dirigir la fiscal, si va a recurrir a la Asamblea Nacional Constituyente o a la Asamblea Nacional legitima del país, si se va a entrevistar con el fiscal Tarek William Saab o con la fiscal Luisa Ortega, a qué Tribunal Supremo se va a dirigir, al que está en el exilio o al que está en Venezuela fiel al régimen. La fase siguiente tendría que ver con el inicio de la investigación, allí la fiscal tiene que solicitarle a la sala de cuestiones preliminares de la CPI su autorización, en vista de los elementos de prueba con los que se cuente, para iniciar ya el proceso judicial de investigación absolutamente pertinente dentro de la CPI”, explicó el letrado.

Para finalizar, Cárdenas insistió: “Hay una serie de interrogantes y de dudas que solo podremos despejar a medida que se desarrollan los hechos, y por supuesto, tendremos que estar extraordinariamente vigilantes para que este proceso se lleve a cabo resguardando los derechos de las víctimas, la transparencia, la suficiente confidencialidad para que no se tome represalia contra algunas personas que puedan ser testigos claves, este es el momento en que funcionarios que conocen todas estas cosas puedan aportar su verdad y conozcamos todos los venezolanos y todo el mundo, los intríngulis de una acción planificada, desde las más altas esferas del Estado, para atacar a la población civil por razones políticas y que han causado los crímenes que hemos conocido”, finalizó Cárdenas.

En definitiva, estamos frente a una escalada internacional completamente legal, que busca una solución pacífica en los ámbitos de la Justicia Internacional, para dar respuesta a los cientos de miles de venezolanos que han sido humillados, presos, exiliados, torturados o asesinados en nuestro país.

Lorena Arraiz Rodríguez

Founder&CEO LaEstrategiCom. Consultora Política y Comunicacional en Iberoamérica. Especialista en Análisis de Discurso y Diseño de Campañas Electorales. Periodista. Máster en Ciencia Política.

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.

NUESTRAS REDES