Maduro en la “lista negra” de Europa

En un paso sin precedentes, el Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) de la Unión Europea lidera-do por la comisaria Federica Moguerini anunció el pasado lunes 22 de enero una serie de sanciones selectivas contra el presidente venezolano Nicolás Maduro, el vicepresidente Tarek El Aissami, el diputado Diosdado Cabello, el presidente del TSJ, el magistrado Maikel Moreno, la presidenta del CNE, Tibisay Lucena, el Fiscal General designado por la ANC, Tareck William Saab y el ministro del Interior, Néstor Reverol.

También se manejaban sanciones contra el director del SEBIN, Gustavo González, el jefe del servicio de información, Gustavo González López y el ex comandante de la GNB, Antonio Benavides, así como otros gobernadores y alcaldes “chavistas”.

En octubre pasado, la UE había decretado un embargo contra Venezuela para la venta de armamentos. Pero las recientes sanciones implican también la congelación de activos y la prohibición de entrada de los sancionados en los 28 países miembros de la Unión Europea. Un aspecto clave tomando en cuenta las cuantiosas inversiones de varios de los jerarcas “chavistas y maduristas” en países como España así como de sus capitales resguardados en el paraíso fiscal de Andorra, territorio extracomunitario de la UE.

Europa, Canadá y EEUU

Las sanciones europeas, que tuvieron un especial impulso precisamente por parte del gobierno español de Mariano Rajoy así como de gobiernos como los de Holanda y Alemania, logró finalmente el consenso tras ciertos escarceos y resistencias por parte de los gobiernos de Grecia y Portugal.

Finalmente, y probablemente bajo presión de Bruselas, el gobierno heleno de Alexis Tsipras, próximo ideológicamente a Maduro, y su homólogo portugués, una coalición de izquierdas liderada por el socialista António Costa, terminaron por aceptar la batería de sanciones europeas.

Las sanciones europeas complementan el aislamiento internacional en el cual se encuentra inmerso el gobierno de Maduro. Con anterioridad, Canadá y EEUU también han sido actores clave en la promulgación de sanciones contra Caracas.

En septiembre, y también en otra decisión sin precedentes, Canadá había impulsado sanciones a aproximadamente 40 altos funcionarios del gobierno venezolano, encabezados obviamente por el presidente Maduro y entre los que también se encontraban la presidenta de la ANC, Delcy Rodríguez y el ministro de Educación, Elías Jaua.

Por su parte, el pasado 1º de agosto, un día después de la elección de la ANC, la administración de Donald Trump se había enfocado principalmente en sanciones financieras contra el gobierno de Maduro, así como a PDVSA. Ya en enero de 2017, Washington había promulgado su primera lista de sancionados, en las cuales se encontraban todos los anteriormente mencionados.

En agosto, el Departamento del Tesoro estadounidense decretó que los bienes que tuviera Maduro en territorios bajo jurisdicción estadounidense serían congelados, y prohibió a personas e instituciones de EEUU realizar transacciones con el presidente venezolano. Washington también tenía en la lista al vicepresidente El Aissami, acusado de presuntas conexiones con el narcotráfico.

En declaraciones de la portavoz de la SEAE realizadas la semana pasada, Catherine Ray, el objetivo de las sanciones europeas finalmente decretadas el pasado lunes 22 era el de apoyar “el proceso de diálogo” entre gobierno y oposición en Santo Domingo.

Sin embargo, este proceso de diálogo se muestra entrampado, sin avances significativos, sumamente dependiente de factores externos que gravitan con mayor definición en la crisis venezolana, en particular un cúmulo de intereses fluctuantes entre EEUU, la UE, Rusia y China.

Pero no sólo son EEUU, Canadá y la UE las que sancionan a Maduro y su gobierno. A ellos podría sumarse el Grupo de Lima, reunido de emergencia esta semana en Santiago de Chile para tratar la crisis venezolana. Este grupo ya anunció como ilegal la convocatoria de adelanto de elecciones presidenciales en Venezuela realizada este martes 23 por parte de la ANC.

El factor Óscar Pérez

El brutal asesinato del ex policía Óscar Pérez y sus colaboradores el pasado 15 de enero muy probablemente colmó la paciencia de la Unión Europea en un momento en que el diálogo entre gobierno y oposición en Santo Domingo se encuentra entrampado.

En el caso de Óscar Pérez, han sido especialmente relevantes las activas denuncias realizadas por el disidente Antonio Ledezma a través de una amplia agenda de contactos con varios gobiernos europeos y latinoamericanos. En este sentido, Ledezma ha denunciado la posibilidad de que Maduro y varios funcionarios de su gobierno fueran elevados ante el Tribunal Penal Internacional de La Haya por el “crimen de Estado” cometido contra Pérez y sus colaboradores asesinados.

Toda vez esta semana se han presentado disturbios y enfrentamientos en Caracas por la muerte del ex policía y, por otra parte, el caso Óscar Pérez puede tener importantes repercusiones internacionales para Maduro.

Adelanto electoral como respuesta

La reacción del gobierno de Maduro de frenar por la vía diplomática las sanciones tuvo su especial significado en el plano político y electoral en Venezuela tras el anuncio por parte de la ANC este martes 23 de adelantar los comicios presidenciales antes del 30 de abril.

El encargado de dar la orden de adelanto electoral ante la ANC fue el constituyente Diosdado Cabello, recientemente incluido en la “lista negra” de la UE. Toda vez se debate cuál es la facultad legal de Cabello y de la ANC para realizar este anuncio que constitucionalmente le corresponde al Consejo Nacional Electoral (CNE), el propio Diosdado se erigió como la figura visible del mismo, lanzando a la UE un mensaje categórico: “si quieren sanciones, nosotros hacemos elecciones”.

Desde España, medios informativos publican que este adelanto electoral viola procesos legales establecidos en la Ley de Procesos Electorales, y que dictamina que entre la convocatoria de elecciones y su realización deben transcurrir seis meses. Este procedimiento ya fue anteriormente violado con las elecciones regionales de octubre y las municipales de diciembre pasado.

Cabello instó igualmente a Maduro a contraatacar con sanciones contra España, que podrían afectar intereses económicos españoles aún presentes en Venezuela, como son los casos del banco BBVA y la empresa de telecomunicaciones Movistar. A comienzos de 2018, el propio Cabello ya amenazaba con la compra de Banesco, propiedad del empresario Juan Carlos Escotet, y que en España tiene activos financieros en la comunidad autónoma de Galicia, a través de ABANCA y del desaparecido Banco Etcheverría, considerado el más antiguo de España.

El objetivo del adelanto electoral supone la intención de Maduro de establecer un enroque político estratégico particularmente ante los efectos de las sanciones internacionales, del incierto diálogo de Santo Domingo y de la certificación del traspaso de poder “post-castrista” en Cuba previsto para el próximo 19 de abril, a través del Congreso del Partido Comunista de Cuba que, en principio, no pareciera afectar sustancialmente la alianza estratégica cubano-venezolana.

En el trasfondo de este adelanto electoral de Maduro están igualmente establecidos otros contextos, como el futuro de la candidatura presidencial de Lula da Silva en Brasil, que tiene un test judicial decisivo esta semana en Brasilia; y los comicios legislativos y presidenciales colombianos a celebrarse entre marzo y mayo, con la candidatura de las FARC en el tapete.

Con la ANC como maquinaria política y legal y un CNE complaciente, Maduro quiere asestar con este adelanto electoral la definitiva transición “post-chavista” a través de la consolidación del “madurismo” y de sus estructuras de poder como corriente política. Busca con ello ganar espacios ante un contexto electoral latinoamericano 2018 en el cual puede cosechar inesperadas ganancias políticas, especialmente ante lo que puede suceder en Colombia y Brasil con las candidaturas anteriormente mencionadas.

Ante esto, un giro derechista y conservador en Colombia y Brasil, en este último caso ante la potencial victoria del ultraderechista Jair Bolsonaro, significaría para Maduro la necesidad imperiosa de enroscarse en el poder cuanto antes a través del adelanto electoral.

Paralelamente, desde Europa se sospecha que el diálogo de Santo Domingo pareciera más bien sentar las bases de un nuevo status quo político en Venezuela entre el gobierno y la prácticamente desaparecida MUD, el cual conlleve a un establishment político favorable a los intereses del “madurismo”.

Aunque todo esto depende de los factores de poder exterior traducidos en los efectos del aislamiento internacional contra Maduro y su gobierno, si bien parcialmente soliviantado por el apoyo ruso y chino, pero que puede contrariarse en un 2018 fraguado por una interminable crisis socioeconómica con visos de tragedia humanitaria.

 

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.

NUESTRAS REDES