La polarización se agrieta

“Guerra económica” fractura la ANC. Violencia alimentaria domina elecciones.

Por JAIME GRANDA

En política siempre se ha dicho que espacio que se cede es espacio ocupado por otro. Así está ocurriendo con los principales partidos de lo que fue la Mesa de Unidad Democrática (MUD) que se negaron a participar en las elecciones municipales del próximo 10 de diciembre.

Otros partidos, regionales y nacionales, se encargaron de postular candidatos y algunos analistas consideran que lo que está ocurriendo agrieta la polarización que ha facilitado al proyecto político iniciado por el desaparecido Hugo Chávez lo de mantenerse en el poder desde 1999.

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Es decir que en medio de las dificultades y la confusión creada por organizaciones políticas que vienen de participar en las elecciones regionales, pero no irán a las elecciones para alcaldes y concejales, todo favorece a gente que ha marcado distancia entre el chavismo y la MUD para justificar su posición alegando que se van a preparar para las presidenciales del próximo año.

Ese agrietamiento de la polarización puede colocar en el escenario caras que hasta ahora han sido opacadas por la dirigencia de la MUD y lanzar nuevos voceros para un diálogo con el Gobierno nacional en términos menos radicales.

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Pero, además, todo lo que trasciende desde el Gobierno nacional es que casi seguro que esos partidos renuentes a las municipales no tendrán oportunidad de postular candidatos para las presidenciales. Es más, se dice que concluidas las municipales arrancará el proceso para las presidenciales y que las mismas pueden ser adelantadas para marzo en vez de diciembre 2018, como corresponde al cronograma regular.

Hay analistas que advierten que los partidos políticos en Venezuela no han valorado bien los comicios municipales donde candidatos y electores comparten un territorio pequeño que deja poco espacio para demagogos o advenedizos y además es el paso inicial para el surgimiento de líderes de talla nacional.

“Guerra económica” en ANC

Las diferencias de criterios entre los miembros de la cuestionada Asamblea Nacional Constituyente (ANC) en cuanto a soluciones a los graves problemas económicos que afectan a millones de venezolanos, se han agudizado en las últimas dos semanas.

A lo que dijo la semana pasada el constituyente por el sector empresarial, Oscar Schémel, se suma ahora lo expresado por el constituyente David Paravisini y lo ocurrido con Julián Isaías Rodríguez, quien fue expulsado de la ANC siendo Segundo vicepresidente de la misma.

Paravisini señaló que la Comisión de Economía de la ANC está en situación de indefensión ante la ausencia de información sobre las decisiones que pretende tomar la directiva de la instancia y “desde el PSUV tampoco ha habido colaboración”.

Durante una entrevista en Unión Radio dijo que la directiva de la ANC se niega a incluir en agenda el debate sobre política económica y deslizó que imagina que hay sectores del PSUV que no quieren que el tema se abra porque tienen algún temor. Schémel habló de “izquierdistas trasnochados”.

También habló del impasse entre los constituyentes Pedro Carreño y Julián Isaías Rodríguez, precisamente por el tema económico.

Otros han expresado la poca receptividad de la directiva de la ANC a encarar los errores del Gobierno en materia económica y el ejemplo es que por los planteamientos que hizo el ex Fiscal General, quien era segundo vicepresidente de la ANC, no solo fue removido de ese cargo, sino enviado nuevamente a Italia para que siga en sus actividades diplomáticas, bien lejos del Palacio Federal Legislativo.

La ANC anunció la semana pasada que estaban buscando soluciones a la crisis económica, pero la confrontación de los que quieren seguir culpando de la crisis al imperio norteamericano, a Dólar Today, y los que llaman a enfrentar la realidad, ha retrasado el asunto.

Pero poco a poco los que critican al Gobierno por su empeño en manejar la economía a punto de decretos comenzaron a ganar terreno. Lo ocurrido con la carne demuestra que no se pueden imponer precios a los productos sin tomar en cuenta que toda actividad comercial debe producir beneficios a quienes invierten en ella y a sus trabajadores. Después de las inspecciones y acosos de la Superintendencia respectiva  a las carnicerías, la carne y el pollo desaparecieron agravando la situación de los consumidores.

Algo similar está ocurriendo con las unidades del transporte de personas en casi todo el país. Mientras el Gobierno insiste en el populismo de mantener precios bajos en los pasajes, cada día circulan menos unidades por la falta de repuestos y eso es un sufrimiento más para los usuarios. En la ANC hay quienes entienden que es necesario sincerar precios porque el producto más caro es el que no se consigue.

En medio de esos dimes y diretes, se interpreta como un punto a favor de la racionalidad que el Gobierno haya autorizado el aumento de tarifas a las empresas de telefonía móvil que estaban retrasadas desde hace mucho tiempo en relación con la desbocada inflación.

Muchos explican que ante la denuncia de que por las bajas tarifas la plataforma de la telefonía móvil podía colapsar y ello perjudicaría hasta el plan gubernamental de Pago Móvil como alternativa ante la falta de efectivo, no quedó otra salida que autorizar la actualización de esas tarifas.

Lo cierto es que tantas elecciones no han servido para impedir que la inflación siga creciendo. En la ANC se ha reconocido que la pieza fundamental de la crisis es el control de cambio, pero la directiva sigue dando largas al asunto.

Entretanto, los alimentos y medicinas escasean o se colocan a precios inalcanzables para las mayorías.

El Centro de Documentación y Análisis de la Federación Venezolana de Maestros (Cendas), calculó que la canasta básica alimentaria va hacia seis millones de bolívares, cifra muy lejana a lo que un trabajador o un pensionado puede recibir cada mes aún con el aumento del salario mínimo y del bono de alimentación anunciado el miércoles por el presidente Nicolás Maduro.

Violencia alimentaria

El término “violencia alimentaria” fue acuñado por la socióloga María Mercedes Boada a partir de sus estudios sobre el caso venezolano y como parte de su investigación como tesista de doctorado en ciencias sociales de la Universidad Central de Venezuela. Lo definió como “el sometimiento de una sociedad a partir del hambre de las personas, de la coerción de su libertad de elección en materia alimentaria y de la manipulación de toda la cadena socioproductiva de los alimentos con un fin ideológico o político”, según apareció en reportaje del diario El Nacional.

El reportaje surgió con motivo de las denuncias de candidatos a gobernadores como el médico José Manuel Olivares, en Vargas, Carlos Ocariz, en Petare, y otros, de la entrega de bolsas de alimentos distribuidas por los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), como parte de las estrategias de manipulación de los resultados en los comicios del 15 de octubre.

El reportaje plantea que la búsqueda de control estatal absoluto sobre la alimentación fue admitida por el propio Hugo Chávez, quien la consideró vital para la supervivencia del proyecto bolivariano luego del paro de 2003. La política agroalimentaria tenía el objetivo de “blindar al Estado ante las pretensiones desestabilizadoras contrarrevolucionarias de la derecha nacional y garantizar que la alimentación se consagre en lo concreto como un derecho y no como un producto mercantil”, recordaba un texto de la Agencia Venezolana de Noticias en 2015, a propósito del reconocimiento que la FAO, organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, había entregado al país por sus avances en la lucha contra el hambre.

 

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