Corrupción roe Socialismo del Siglo XXI desenmascarando a sus líderes

Más allá de los episodios de corrupción que se dan con Odebrech, se destapa un esquema que internacionaliza este flagelo. El régimen venezolano profundamente carcomido por esta peste, se resiste al escrutinio interno. Algunos países han conseguido en arreglos internacionales castigos y alivios para estos males.

En Latinoamérica la corrupción es un mal endémico reconocido ya por Naciones Unidas (NN.UU.) y que incluso se ha internacionalizado. Varios presidentes y expresidentes han caído y  otros están a punto de caer. En cuanto a Venezuela, aunque ese tema no asusta a su alto pranato, sus fechorías están siendo monitoreadas internacionalmente.

La internacionalización

Este flagelo ha carcomido al socialismo del siglo XXI desenmascarando a sus líderes. En Brasil, a Dilma Rousseff y Lula da Silva; en Argentina a Cristina Kirchner y a su círculo cercano; en Venezuela con Maduro y sus entorno; y  a los vicepresidentes de Uruguay y Ecuador.

Lo más grave es que esta epidemia se está internacionalizando como mecanismo promovido desde el Estado. Es el caso Odebrecht, la principal constructora brasileña que expandió la corrupción sobre la cual se montó la influencia de Lula en la región  así como se montó la de Chávez sobre PDVSA.

Según el Departamento de Justicia de EE.UU., más de la mitad de los sobornos registrados de Odebrecht fuera de Brasil, se dirigieron a América Latina: Panamá(US$59MM); Argentina (US$935MM); Ecuador (US$33,5MM); Perú (US$29MM); Guatemala (US$18MM); Colombia (US$11MM); México (US$10,5MM) y Venezuela (US$98MM).

 Odebrecht en Venezuela

A diferencia de los otros países, es en Venezuela donde se habría repartido la mayor cantidad de dinero y esto no ha traído consecuencias penales.

La Comisión de Contraloría, de la Asamblea Nacional (AN), presentó un informe sobre la corrupción de Odebrecht. Ante el plenario, el  diputado Juan Guaidó informó que “con lo que se robaron nada más con los sobornos, alcanzaría para saldar todas las deudas del país en medicinas y alimentos”. Según el informe, la corrupción habría alcanzado los US$22 mil millones y un 76% de las obras contratadas a esa empresa se encuentran inconclusas.

Cubriéndose las espaldas

En enero de 2016 la Fiscal General, Luisa Ortega Díaz, anunció que iniciaría las investigaciones. Para  mediados de año anunció que estaban identificados algunos incursos en la corrupción de la empresa brasileña. Pero cuando se disponía a proceder, el TSJ le quitó la potestad de imputar a los acusados (sentencia 537, 12/7/2017).

Para la Fiscal destituida por la ilegítima Asamblea Constituyente Comunal: “En Venezuela ha ocurrido la muerte del derecho. La estabilidad de la región está en peligro”. Así lo hizo saber en una reunión de fiscales generales del Mercosur. Allí fue donde denunció que su persecución se da “en el afán de esconder tantos hechos de corrupción, … y concretamente en el caso de Odebrecht, que comprometen a muchos altos funcionarios venezolanos, empezando por el presidente de la República, (y) los miembros de la Asamblea constituyente, Diosdado Cabello, Jorge Rodríguez”.

Para la fiscal Ortega Díaz, ante la imposibilidad de que “En Venezuela … se investigue cualquier hecho de corrupción, de narcotráfico,…, la comunidad internacional tiene … que investigarlos”.

El cogollo

“Tenemos el detalle de toda la cooperación, montos y personajes que se enriquecieron y esa investigación involucra a… Maduro y a su entorno”, declaró Ortega Díaz por medio de una grabación que se presentó a la Cumbre de Procuradores y Fiscales Generales de América Latina en  Puebla. México.

En Costa Rica, Ortega Díaz habló de indicios que señalan que Maduro habría sustraído unos US$10 millones en efectivo del fisco nacional y los pagó a una importante firma, utilizando como fachada a la empresa Contextus Comunicación Corporativa, vinculada a un familiar de Hermann Escarrá, uno de los sancionados por EE.UU. En este caso también estarían involucrados Elías Jaua, Maximilian Sánchez Arbeláez, Jesse Chacón y Jorge Rodríguez. Maduro, se “presume”, nos dice la Fiscal, sería el verdadero dueño de la empresa Group Grand Limited que está a nombre de Rodolfo Reyes, Álvaro Pulido Vargas y Alex Saab, que desde México son responsables de las bolsas CLAP. Esa red vincula  a los colombianos Saab y Pulido Vargas con la exsenadora Piedad Córdoba, ficha de las FARC. Por su parte, Diosdado Cabello habría recibido a través de una empresa de unos primos, registrada en España con el nombre de  TSE Arietis, sobornos por US$100 millones de dólares.

Una dura realidad

Para el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad al Hussein, los “recientes escándalos-…, han revelado cuán profundamente arraigada está la corrupción en todos los niveles de gobierno en muchos países en las Américas, a menudo vinculada al crimen organizado y el narcotráfico”. Ella ha golpeado también a reputados demócratas como los expresidentes de Perú, Ollanta Humala y Alejandro Toledo, o Ricardo Martinelli en Panamá. En Colombia se ha acusado a excongresistas y a un exviceministro. Incluso el presidente Santos ha pedido perdón cuando se señaló que Odebrecht había financiado su campaña electoral.

¿Hay salida?

Una luz de esperanza la encienden Honduras y Guatemala que han creado mecanismos articulados con organizaciones  multilaterales  para lidiar con el crimen organizado y la corrupción.

En Honduras  se creó, por acuerdos con la OEA, el año pasado la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad. La Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) creada con NN.UU., ya tiene unos 10 años y ha procesado variados casos emblemáticos. Incluso Otto Pérez,  el anterior presidente, está preso por corrupción con base a una investigación desarrollada por esta entidad. Aunque no logró hacerlo con actual presidente Jimmy Morales, quien declaró persona non grata al jefe de la CICIG por haber pedido investigar el financiamiento  ilícito de  su partido en la últimas elecciones. Al final, la local Corte Suprema de Justicia  evitó la expulsión  y admitió el antejuicio contra el presidente, quien fue salvado por la Asamblea Nacional guatemalteca.

Otra alternativa que se está explorando en el caso de Venezuela, es la aplicación de la Convención de NN.UU., contra la Delincuencia Organizada Transnacional o de Palermo. Según Carlos Sánchez Berzaín, director ejecutivo del Interamerican Institute for Democracy, el régimen de Maduro “se ha constituido en una organización de delincuencia organizada”,  es decir, es un pranato. Se trata, nos dice Sánchez  de “dejar de tratar a los individuos que tienen el poder en Venezuela como sujetos políticos para tratarlos como delincuentes”.

 

 

 

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.

NUESTRAS REDES