La cuestionada Constituyente nace aquejada por su aislamiento

La exagerada represión ha dejado más de 120 muertos. Algunas voces vuelvan a hablar de diálogo, mientras que Maduro sigue adelante con el plan de asegurarse un poder dictatorial a través de una constituyente que nace aquejada por su aislamiento.

La situación del gobierno del presidente Nicolás Maduro no mejoró con la escogencia de los integrantes de la cuestionada Asamblea Nacional Constituyente (ANC), sino todo lo contrario.

Su negativa a reconocer las críticas, internas y externas, sobre la innecesaria e ilegal institución que tiene más de 80% de rechazo popular, terminó de complicar la imagen del gobernante sobre el que ya había amenaza de sanciones internacionales por la exagerada e inhumana represión a las protestas populares en contra de ese proyecto.

El resultado es que gran parte de la comunidad internacional, – el miércoles ya eran 13 países en América y Europa -, no reconocen lo que haga o deje de hacer la ANC surgida de unas complicadas y nada transparentes elecciones realizadas el pasado domingo 30 de julio.

Ese aislamiento internacional tiende a crecer y a esos gobiernos se suman organismos internacionales como Mercosur, la Organización de Estados Americanos (OEA), la Organización de Naciones Unidas (ONU), el Parlamento de la Comunidad Europea y otros.

A las sanciones económicas impuestas por el gobierno de Estados Unidos al presidente Nicolás Maduro y a otros funcionarios de su gobierno, pueden sumarse sanciones penales por delitos de lesa humanidad y por su figuración en el caso de la constructora brasileña Odebrecht que repartió ilegalmente millones de dólares a varios gobernantes latinoamericanos para obtener obras.

La Fiscal General, Luisa Ortega Díaz, reiteró esta semana que el gobierno venezolano pagó 30 millardos de dólares a la constructora brasileña por 11 obras que no fueron concluidas, entre ellas el Metro hacia Guatire y el tercer puente sobre el río Orinoco.

Para Ortega Díaz la constituyente “es una cortina de humo” para ocultar la corrupción y violaciones de los derechos humanos. Los investigadores dicen que Nicolás Maduro pidió a la constructora 50 millones para su campaña presidencial de 2013, pero solo le entregaron 35 millones de dólares.

Es decir que en estos momentos, el gobierno de Nicolás Maduro está aislado y comprometido en casos de corrupción, de lesa humanidad y otros tópicos, además de rechazado por gran parte del pueblo venezolano y en vez de admitir su delicada situación, amenaza, grita e insulta a la dirigencia opositora del país y a los gobernantes que tratan de evitar que la crisis venezolana se complique con más autoritarismo e ineficiencia y corrupción en el manejo de los recursos del Estado. Su reacción, cual matón de barrio, le ha ganado más antipatías en todo el mundo. Muchos recuerdan que el discurso bravucón de Maduro es justamente el comportamiento que han mostrado dictadores en decadencia a lo largo de la historia.

El analista y presidente de Datálisis, Luis Vicente León, considera que el gobierno de Maduro se radicaliza ante “un supuesto enemigo externo para atemorizar a cualquier enemigo interno ante la crisis económica que se le viene encima”.

Exagerada represión

Este viernes se cumplen 126 días de protestas a lo largo y ancho de Venezuela contra el autoritarismo, incapacidad y obsesión por instalar una constituyente que solo busca facilitar su permanencia en el poder, mientras el país se desmorona sin que los millones de dólares por renta petrolera sirvan de alivio a los millones de personas que no consiguen comida, medicinas, seguridad ni buenos servicios públicos.

Para los que piden un cambio de rumbo o solo piden gas para cocinar, agua para sus necesidades o luz eléctrica para sus artefactos, la respuesta del gobierno de Nicolás Maduro ha sido una represión sanguinaria.

El Ministerio Público dio a comienzos de esta semana la cifra de 121 muertos y 1.958 lesionados por la represión desde que comenzaron las protestas. Foro Penal Venezolano dijo que eso incluye los seis asesinados durante el sábado 29 y los 10 asesinados el domingo 30 de julio en diferentes encontronazos entre protestantes y fuerzas militares en todo el país.

De los 10 fallecidos el día de la escogencia de los constituyentes, cuatro fueron en Táchira, tres en Mérida, uno en Lara, uno en Sucre y otro en el estado Zulia.

Entre esas víctimas se cuentan dos menores de entre 13 y 17 años de edad y un funcionario de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB).

En la escalada represiva se incluye la persecución y destitución de alcaldes que no se hicieron cómplices del gobierno nacional en impedir a la gente su derecho a protestar pacíficamente.

Gustavo Marcano, de Lecherías en el estado Anzoátegui, y Alfredo Ramos, del municipio Iribarren en el estado Lara, cuyo territorio es el centro de Barquisimeto y quien está detenido en el Sebin en Caracas, fueron los primeros destituidos.

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) decidió el miércoles destituir al alcalde del municipio Libertador del estado Mérida, Carlos García Odón, quien deberá cumplir 15 de meses de prisión.

El jueves le correspondía a Ramón Muchacho, alcalde de Chacao, y este viernes debe acudir José Antonio Barrera, alcalde del municipio Palavecino, aledaño a Barquisimeto, estado Lara.

La represión incluye también la contraorden de devolver a Leopoldo López y Antonio Ledezma, Alcalde Metropolitano de Caracas, a la cárcel militar de Ramo Verde, después de tener casa por cárcel.

Sobre esa decisión del gobierno nacional llama la atención el interés personal del presidente de EEUU, Donald Trump, quien responsabilizó al presidente Nicolás Maduro por “la salud y la seguridad” de ambos. Trump dijo en comunicado: “Estados Unidos condena las acciones de la dictadura de Maduro. López y Ledezma son presos políticos retenidos ilegalmente por el régimen”.

Urge una negociación

Frente a todo ese panorama, esta semana ha crecido el clamor por una negociación que permita que Venezuela retorne al sistema democrático.

A las ya conocidas recomendaciones del Vaticano, organismos internacionales y gobernantes de todo el mundo, se suman ahora las opiniones de voceros de la misma oposición a favor de buscar una salida negociada a la crisis y pedir a la MUD que revise sus estrategias para ampliar su espectro y buscar más efectividad.

Joao Da Silva, presidente del partido Alianza Bravo Pueblo (ABP) en el estado Vargas, recomendó el establecimiento de una unión verdadera sin exclusiones en el seno de la oposición.

Antonio Ledezma advirtió: “Nos metemos autogoles porque a veces priva la vanidad y los egos se convierten en demonios tormentosos”.

También dijo: “Para alcanzar la victoria se deben corregir algunos errores entre los líderes de oposición. Debe haber franqueza y sinceridad entre nosotros”. “Le hemos quedado mal a los venezolanos” y agregó que el país merece una explicación al respecto.

El internacionalista y doctor en Ciencias Políticas, Félix Gerardo Arellano, considera que la oposición debe abrirse a algún tipo de acercamiento porque “el único camino viable en cualquier situación  de violencia es el diálogo y la negociación y creo que Venezuela debería estar en eso desde hace mucho tiempo”.

El diputado por Lara y dirigente de Voluntad Popular Luis Florido, presidente de la Comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional, admite que “con mucho coraje debemos comenzar a hablar de un proceso de negociación sin ningún tipo de prurito  (…) Hay que hablarle con transparencia al país y decirle claramente que negociar es una necesidad”.

Entre tanto, la constituyente se instala y su primera prioridad abiertamente declarada por Maduro, no es el diálogo, sino la cabeza de la Fiscal General, Luisa Ortega Díaz.

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