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Constituyente servida a la cubana

Escalofriante y de impactantes coincidencias es la forma cómo Fidel Castro se deshizo de la constitución de 1940 en Cuba y la reemplazó por un sistema “legal” que instauró una persecución de sus opositores con restitución de la pena de muerte, “legal” por estar en los términos de la constitución y que marcó una de las páginas más sangrientas de su implacable dictadura.

El combate que hoy protagoniza la oposición venezolana contra el régimen instaurado por el teniente-coronel Hugo Chávez, exigiendo el respeto de la Constitución inspirada por el mismo teniente-coronel, recuerda el de los cubanos que apoyaron la lucha de Fidel Castro contra la dictadura de Batista, movidos por la exigencia de la restauración de la Constitución de 1940.

Constitución que fue instaurada, precisamente, durante el primer gobierno del general Fulgencio Batista, cuando era presidente constitucional, elegido en 1940 con un 60% de votos, apoyado por los comunistas y el voto obrero, al igual que por el empresariado. Batista, todavía sargento-taquígrafo cuando la revuelta de los sargentos en 1933, habló de hacer “una revolución verdadera”.

Convertido ya en miembro de la alta oficialidad y habiéndose impuesto desde entonces como hombre clave de la política cubana, accede al poder en 1940 e instaura la Constitución de 1940, que, según su proyecto iba a realizar esa “democracia amplia”, caracterizada por su importante legislación social y reforzando el derecho de los productores nacionales aminorando la influencia de los capitales foráneos, al igual que instauraba una ley de protección laboral, en la que el Partido Socialista Popular (PSP), nombre que llevaba el antiguo Partido Comunista de Cuba, jugó una influencia crucial. De hecho, durante ese gobierno hubo dos ministros comunistas sin cartera. Decretaba esa constitución la instrucción primaria obligatoria y gratuita y autorizaba el divorcio. Y prohibía la pena de muerte, en vigor constitucionalmente en Cuba. En 1944 Batista entregó constitucionalmente el poder a su sucesor.

La desgracia ocurre cuando Batista decide romper el hilo constitucional, y protagoniza el golpe de estado del 10 de marzo de 1952, violando los preceptos de la constitución la “más avanzada de América Latina” que él mismo había inspirado.

La lucha de los cubanos contra la dictadura de Batista tenía como objetivo la restauración de la constitución de 1940, lucha que terminó siendo liderada por Fidel Castro. Y allí radica el malentendido. Porque mientras tanto Fidel Castro, en una carta enviada desde la prisión de Isla de Pinos en donde cumplía una pena de prisión de 15 años por el asalto al Cuartel Moncada, (sólo cumplió 15 meses, al ser amnistiado por Batista, al igual que procedió Caldera con Hugo Chávez), carta fechada el 23 de marzo de 1954, revelaba sus verdaderas intenciones, totalmente reñidas con las de una proyecto democrático. En su misiva, dirigida a Naty Revuelta, su compañera sentimental de la época, Castro expresaba cual era la figura histórica que lo inspiraba: “Robespierre fue un idealista y honesto hasta su muerte. (…) La revolución en peligro, los enemigos en todas las fronteras, los traidores dispuestos a las puñaladas por la espalda, los que titubean interrumpiendo la ruta: había que ser duro, inflexible, severo, pecar por exceso y no por falta, a la hora en que podría ser el fin. Eran necesarios esos meses de terror, para poner fin a un terror secular. Lo que necesita Cuba son Robespierre, muchos Robespierre. (…)Pasado el momento en el que los más radicales levantan las banderas y llevan la revolución a su punto culminante, la marea comienza a descender. En Francia esa etapa comienza, precisamente con la caída de Robespierre”.

A partir de enero 1959, en lugar de restaurar la Constitución de 1940, Castro procede inmediatamente a modificarla. Primer medida, delegar todos los poderes en el Consejo de Ministros. La primera medida pone fin a la descentralización, así reorganiza la administración provincial y municipal supeditándola al gobierno central. El 10 de enero establece la pena de muerte que como habíamos dicho fue prohibida por la constitución de 1940, y autoriza la confiscación de la propiedad privada por “delitos políticos”; medida que seguramente pondrá en vigor en Venezuela la nueva Constitución que derivará de la Constituyente que Nicolás Maduro acaba de imponer. El 30 de enero se suspende el derecho de habeas corpus y las garantías constitucionales a quienes estén sometidos a juicio. Se ratifican los tribunales revolucionarios, responsables para le época de ya de 500 condenas a muerte por fusilamiento. El 7 de febrero el Consejo de Ministros promulga una Ley Fundamental que reemplaza la Constitución de 1940, la cual es completamente abrogada. A partir de entonces Fidel Castro gobierna según su ley, pues eliminó el Congreso; el consejo de Ministros se arroga las funciones de órgano Legislativo. Se establece la retroactividad en lo relativo a las leyes penales y la aplicación de la pena de muerte.

No fue sino hasta 1976 que Cuba consagró un texto que adoptó los principios de un nuevo estado socialista y la relación de Cuba con la URSS pasó a formar parte de la Constitución cubana. Tras la desaparición de la URSS, interviene una reforma para adecuar el texto a la nueva circunstancia. Teóricamente estas reformas estuvieron a cargo de la Asamblea Nacional del Poder Popular.

Tras la hazaña de Oswaldo Payá, que contra toda esperanza, pese al control policial, logró conseguir 11.000 firmas exigiendo la realización de un referéndum, tal como lo prevé la constitución socialista, relativo a pedir democracia en Cuba. Fidel Castro, siempre presto a la respuesta rápida, procedió a una contracampaña de firmas que a partir de 2002 instaura el socialismo como sistema de gobierno irrevocable. A Oswaldo Payá la osadía le costó la vida, pues fue víctima de un inexplicable accidente de tránsito.

Pese a la diferencia de contextos, el nuevo escenario constitucional que se ha impuesto en Venezuela desde la adopción por grupo de poder de una constituyente, es innegable, se inspira de técnica castrista de la confiscación de las instituciones puestas al servicio de un proyecto geopolítico de largo plazo y de largo alcance. A la eliminación de la descentralización del gobierno, y a la monopolización del poder por el gobierno central. Y por supuesto, a la eliminación del sufragio universal.

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