Rechazada internacionalmente la Constituyente

El desconocimiento de la Asamblea Constituyente Comunal por un creciente número de gobiernos, creará una inédita situación cuyas consecuencias aún no son muy claras, pero que sin duda implican que no aceptarán la ANC ni cualquier forma de gobierno, legislación, gobernante o acto de gobierno emanado de ella. Pero al mismo tiempo supone la aceptación de las autoridades actuales lo que podría dar pie a la creación de un gobierno alterno.

A Maduro se le advirtió en muchos foros internacionales pero, en vez de buscar alguna salida democrática a la crisis que vive Venezuela, siguió en su empeño de instalar una Asamblea Constituyente Comunal (ACC). Ahora el régimen enfrenta un desprestigio y deslegitimación nacional e internacional que lo afectará no solo a él, sino a toda Venezuela.

El Estado Comunal

En 2007 al rechazar la reforma constitucional que propuso Chávez, los venezolanos rechazamos el Estado del Poder Popular o Estado Comunal. Dos años después, con la aprobación de Ley Orgánica de los Consejos Comunales, la idea de un Estado Comunal se comienza a concretar. Hasta ahora han promulgado 12 instrumentos legales que lo regulan. Esto ha establecido un débil Estado paralelo montado sobre los Consejos Comunales, que forman las Comunas y estas, al “Parlamento Comunal”, que funciona concomitante con el actual sistema de Municipios, Estados y Asamblea Nacional. Es muy probable que la ACC termine con esa dualidad y elimine la actual división territorial o se imponga el modelo Comunal sobre el actual. Entonces no solo desaparecerá la elección universal, directa y secreta en cada una de las instancias, sino que la aceptación de Consejos Comunales y su organización dependerá como ahora del poder ejecutivo.

Una Asamblea alternativa

A los nueve días de haber perdido la AN, Diosdado Cabello instaló un Parlamento Nacional Comunal. La idea, como dijo Maduro, era “…dar todo el poder al Parlamento Comunal.. (que)… va a ser una instancia legislativa del pueblo desde la base”.

El régimen siguió construyendo ese parapeto institucional pero el Parlamento Comunal no se volvió a reunir. La idea reaparece  este año cuando acosado por la imposibilidad de evitar unas elecciones que había negado en 2016, abrumado por la presión del pueblo en la calle  y la exigencia internacional de volver al camino democrático, el régimen decide revivir  aquello de “¡Comuna o nada!”.

Antes del 30-J

Desde que el 1º de mayo de 2017 Maduro anunció su llamado a una Constituyente Comunal, la comunidad internacional señaló su inconveniencia.  Al día siguiente el canciller de Brasil, Aloysio Nunes, definía “como un golpe la propuesta … de convocar una Asamblea Constituyente “; EE.UU aseguraba que eso era “cambiar las reglas del juego” para evitar llamar a las elecciones vencidas que no podía ganar; la Canciller colombiana, afirmaba “No creemos que la mejor manera de salir de la crisis es la de convocar una Asamblea Constituyente sin el voto que contempla la constitución venezolana”; y la canadiense  declaraba “Canadá está muy preocupado por la decisión … de reescribir la Constitución de Venezuela”.

Suspensión

Varios esfuerzos se hicieron para que se desistiera de inventar esa ACC.  La OEA que ya se había reunido varias veces para tratar la crisis en Venezuela y había establecido que  existe una “alteración del orden democrático”, no logró consensuar una posición común, ni en junio ni en julio, pues los miembros de la ALBA, muchos de ellos caribeños, se opusieron.  Sin embargo 13 países  de la OEA pidieron a Maduro que suspendiera la ACC, pues esto “implicaría el desmantelamiento definitivo de la institucionalidad democrática y sería contrario a la voluntad popular expresada en la consulta del 16 de julio”. En esta onda también se pronunciaron los europeos, en especial España, Suiza y la Unión Europea.

Las sanciones

EE.UU fue el primero que habló de sanciones, luego España solicitó a la Unión Europea explorar sanciones al régimen si hay Constituyente. Pero EE.UU se adelanta y antes del 30J sanciona a 13 altos funcionarios chavistas, que incluyen a la presidente del CNE, Tibisay Lucena y al de la Comisión Presidencial para la Constituyente, Elías Jaua así como al defensor del Pueblo, Tarek William Saab. Colombia, se une a esas sanciones. Su ministro de Hacienda deja claro que “ningún colombiano puede hacer negocios…’con ellos y que. “si alguno de ellos llegara a tener alguna propiedad, algún activo, incluyendo cuentas en el sistema financiero colombiano, inmediatamente se reportan a los EE.UU. … para tenderle un cerco desde el punto de vista financiero a estas personas y contribuir a que la medida que adoptó EE.UU sea plenamente efectiva”.  En esta misma onda se anotaron Panamá y México.

No reconocimiento

Un paso adicional fue dado por el gobierno de Juan Manuel Santos quien afirmó: “Esa Asamblea Constituyente tiene un origen espurio y, por consiguiente, sus resultados tampoco podremos reconocerlos”. Tampoco reconocen los resultados México, Brasil, Perú, Paraguay, Costa Rica, Argentina, Panamá, Italia y España, ni los EE.UU. por boca de su embajadora ante NN.UU. Uruguay que es el socio de Mercosur, que impide la expulsión definitiva de Venezuela, pide conversaciones antes de la instalación de la ACC.  Adicionalmente , el presidente de la Eurocámara, Antonio Tajani, declaró que no reconoce esta elección y que se “debe congelar los activos e imponer una prohibición de viajar a la UE a los miembros del Gobierno”. A ellos se unen otros que condenan la ACC como Canadá, Chile, Alemania, Francia, el Reino Unido e incluso la Unión Europea, pero que aún no han dado el paso de desconocer la ACC.

Gobierno alternativo

No reconocer el resultado de las elecciones del 30-J supone no reconocer al gobierno y las decisiones que salgan de la ACC. En consecuencia significaría aceptar solo a las autoridades que han sido electas con base a la Constitución de 1999.  Esto daría pie para la creación de un gobierno alternativo, el cual además se desprende de la Consulta Popular del 16J, cuando 7,7 millones de venezolanos dieron el mandato a la   AN de renovar “los Poderes Públicos de acuerdo con lo establecido en la Constitución, así como la realización de elecciones y la conformación de un nuevo gobierno de unidad nacional”.  En el futuro cercano veremos más gobiernos que no reconocerán la ACC -llegarían a ser unos 40 de incluirse la Unión Europea-  y que otros se unirán a las sanciones individuales ya establecida y a otras más. Por su parte, se está la espera que los EE.UU., que ya incluyeron a Nicolás Maduro en la lista de sancionados, aumente dicha lista e imponga las sanciones económicas prometidas. La inclusión de Maduro complica la firma de asuntos  económicos y financieros internacionales por Venezuela.

Además de todo los anterior, Perú convocó una reunión de ministros de Relaciones Exteriores de América Latina, el 8 de agosto en Lima, pero no en el marco de Unasur, lo que muestra otra consecuencia de esta crisis.

 

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