2017, el año de las violaciones de Derechos Humanos en Venezuela

El 2014 fue año de protestas en Venezuela. Lo que comenzó como reclamo social se convirtió en descontento general. En virtud de esto, el coordinador de Voluntad Popular, Leopoldo López, junto al alcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledezma, y la coordinadora de Vente Venezuela, María Corina Machado, tomaron la iniciativa de crear una agenda de calle denominada “La Salida”, cuyo objetivo era “encontrar una salida pacífica, democrática y constitucional al gobierno de Nicolás Maduro”. Ese año las protestas dejaron una cifra de 43 fallecidos a lo largo de tres meses, siendo 75% menores de 25 años, según información suministrada por el Comité de familiares de víctimas de los sucesos de febrero y marzo de 1989  (COFAVIC), durante el período de Audiencias Nº153 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), efectuada el 28 de octubre de 2014. La mencionada organización también informó que se contabilizaron 892 casos de presuntas violaciones a los Derechos Humanos.

Asimismo, en un estudio publicado en enero de 2015 por el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, durante el primer semestre del año 2014 se registraron 3.306 manifestantes detenidos en las protestas o en allanamientos.

Tres años después se presenta un escenario similar. Regresan las protestas con el motivo formal de restituir el hilo constitucional y democrático, agravado por la instalación de una Asamblea Nacional Constituyente (ANC). Sin embargo, la exigencia popular sigue siendo la salida de Maduro. Las manifestaciones de calle comenzaron el 1 de abril de 2017 y se intensificaron a partir del 1 de mayo, cuando el mandatario Nicolás Maduro anunció su intención de cambiar la actual Carta Magna “para reformar el Estado y redactar una nueva Constitución”, según la versión oficial. A lo largo de estos tres meses se han registrado más de 105 muertes en manifestaciones, en su mayoría personas entre los 16 y 30 años. En tan solo un mes de protesta en 2017, se superaron las muertes de 2014, dejando un saldo de 48 fallecimientos.

Según estudio realizado por el Foro Penal Venezolano (FPV) en el mes de julio de 2017, desde el 1 de abril hasta el 19 de julio se han registrado un total de 4.072 personas detenidas, de las cuales 1.007 aún se encuentran presas, mientras que 479 han sido presentadas ante tribunales militares y 307 han sido privadas de libertad por estos tribunales.

En este sentido, el 25 de julio el Secretario General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, certificó la lista de presos políticos que le presentó la organización de defensa de Derechos Humanos FPV, donde se confirman 498 presos políticos, siendo esta la cifra más alta desde la dictadura de Marcos Pérez Jiménez.

Uso indebido de la fuerza

Desde el 2014, el régimen ha aumentado la represión, violencia, asesinatos y detenciones con la ayuda de los organismos de seguridad del Estado. Los represores usuales son la Guardia Nacional Bolivariana y la Policía Nacional Bolivariana (PNB), pero a estos ataques se le ha unido el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN)​, Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (Conas), quienes han hecho uso indebido de su fuerza contra los ciudadanos que protestan y han violentado hasta la propiedad privada, realizando allanamientos sin órdenes judiciales y causando destrozos.

En un informe publicado en el 2014 por la organización defensora de Derechos Humanos, Human Rights Watch, entre los abusos más comunes se encuentran: golpear violentamente a personas que no estaban armadas; disparar armas de fuego, perdigones y cartuchos de gases lacrimógenos de manera indiscriminada contra la multitud, disparar perdigones deliberadamente y a quemarropa contra personas que no estaban armadas, incluso, en algunos casos, cuando ya estaban bajo custodia de las autoridades.

En 2017 se ha registrado mayor violencia por parte de los funcionarios, quienes tiene prohibido disparar de forma horizontal con las armas que son exclusivamente para dispersar protestas, sin embargo, muchas de las muertes han sido producto de impactos de bombas lacrimógenas disparadas a la cabeza o pecho. Esto no sucedió en el año 2014, a pesar de que sí se registraron casos como el de Geraldine Moreno, a quien le dispararon a quemarropa perdigones en la cara, lo que causó su muerte. El artículo 21 de la resolución 113 del Ministerio del Interior, vigente desde el 18 de abril de 2011, establece: “Los efectivos en funciones de contención de manifestaciones y orden público extremarán las precauciones para el uso de agentes químicos en forma estrictamente localizada y se abstendrán de propulsarlos en forma directa contra las personas, evitando sus consecuencias letales o lesivas. No emplearán la fuerza contra las personas que se retiren o caen mientras corren y que no participan en actos violentos salvo la estrictamente necesaria para efectuar una aprehensión en caso de flagrancia en la comisión de un delito”.

Infierno en la cárcel

Un estudio de casos de Human Rights Watch, realizado en 2014, determinó que los detenidos sufren abusos físicos como: golpizas con puños, cascos y armas de fuego; descargas eléctricas o quemaduras; obligarlos a mantenerse en cuclillas o arrodillados, sin moverse, durante varias horas; permanecer esposados a otros detenidos, a veces de a dos y otras veces en cadenas humanas de decenas de personas, durante varias horas seguidas; períodos prolongados de exposición a calor o frío extremo.

A pesar de que la organización HRW no menciona violaciones, es importante acotar que este tipo de abusos también se registraron en el año 2014 y en 2017. El 10 de julio de este año, el director ejecutivo del Foro Penal Venezolano (FPV), Alfredo Romero indicó que “junio se caracterizó por tratos crueles y torturas, especialmente abuso sexual”. Destacó que las 5 jóvenes detenidas el 2 de julio en la Upel Maracay, “denunciaron actos lascivos por Poliaragua, quienes las manoseaban e intentaron introducer objetos en sus partes íntimas”.

Todos estos informes demuestran que el régimen se ha radicalizado y esto trajo consigo el brutal incremento de las violaciones de los derechos humanos de los venezolanos, quienes son perseguidos por disentir.

Foto: EFE.

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